Escuchar
“Quedamos en eso, quedamos en nada”: así podría resumirse la última decisión del Ministerio de Hacienda respecto al uso de Sinpe móvil (en adelante, Sinpe). Hacienda ordenó incorporar en el nuevo facturador electrónico una casilla para marcar si el pago se realiza por Sinpe. La medida, presentada como un paso hacia un mayor control fiscal, generó ruido técnico y mediático… pero no cambió nada sustancial.
Lamentablemente, la evasión seguirá intacta; el uso de Sinpe como mecanismo de evasión continuará, y la casilla, aunque visible, no tendrá efectos reales ni consecuencias claras. Veamos por qué.
El crecimiento en el uso de Sinpe durante los últimos años ha sido exponencial. Para este 2025, se estima que rondará los 14 billones de colones (14.000.000.000.000), casi el doble del presupuesto de la CCSS, o, más gráficamente, el equivalente a mil cuatrocientos millones (1.400.000.000) de entradas a sol sur para ver el partido Saprissa–Alajuela.
Con solo salir a la calle, se puede observar el uso intensivo de Sinpe móvil en transacciones comerciales. Es ampliamente conocido que se ha convertido en el método de pago preferido en cadenas informales de bienes y servicios, y también se utiliza en comercios más formales, algunos de los cuales entregan factura electrónica… y muchos otros no.
Con la modificación propuesta, el único resultado tangible será una estadística sobre el monto que reciben los comercios que aceptan pagos por Sinpe y que, de manera responsable, emiten la factura correspondiente. Sin embargo, en el caso de aquellos que no la entregan, ¿qué incentivo nuevo tendrían para comenzar a hacerlo?
La modificación, aunque bien intencionada, no incorpora ningún mecanismo adicional de verificación ni sanción que obligue al cumplimiento tributario. En ausencia de incentivos claros o controles efectivos, los comercios que ya operan al margen del deber de facturación no enfrentarán consecuencias distintas. El resultado podría ser una estadística incompleta que, lejos de reflejar la evasión, normalice su invisibilidad bajo una capa de trazabilidad parcial.
La orden del Banco Central de Costa Rica
Por su parte, el BCCR, en su condición de propietario de Sinpe, ha ordenado reducir el monto máximo que puede transarse por esa plataforma a 100.000 colones (equivalente a diez entradas a sol sur). La medida se ha justificado como una forma de reducir la cantidad de estafas que, de forma alarmante, afectan al sector financiero. Una buena decisión, que ojalá tenga el efecto deseado.
Desde una perspectiva fiscal, sería oportuno que esta medida tuviera también un correlato por el lado del receptor: que ningún número telefónico pueda recibir más de 100.000 colones diarios, salvo que los pagos estén respaldados por factura electrónica. En ese contexto, la casilla sí tendría sentido. Esta restricción podría generar un impacto fiscal relevante, al limitar a los negocios que reciben montos significativos cada día e incentivar la emisión formal de facturas.
Por otro lado, corresponde a Hacienda tomar las medidas necesarias para que el impacto de la reforma fiscal aprobada en 2018, con la Ley 9635, no se diluya por la evasión que hoy se realiza por medio de Sinpe. Esto requiere utilizar la autoridad de inspección de la Dirección General de Tributación y desplegar operativos focalizados que verifiquen la trazabilidad de los pagos electrónicos, exijan la correcta emisión de facturas y sancionen el incumplimiento.
No alcanza con poner una casilla más en el sistema de facturación. Si no hay controles reales, si los sistemas no se comunican entre sí, y si no se cierran los portillos que permiten que muchos negocios no reporten lo que venden, entonces el problema sigue igual. Así, los objetivos de sostenibilidad fiscal y sobre todo de justicia tributaria se quedan en el papel, mientras unos cargan sobre sus hombros el costo de mantener al Estado –con sus impuestos, su formalidad y su esfuerzo– otros se deslizan por los márgenes, eludiendo sus obligaciones. Esa brecha no es solo técnica: es una forma silenciosa de desigualdad que se perpetúa cada vez que se tolera.
Elian Villegas Valverde es abogado con 30 años de experiencia en mercado financieros.
