En las elecciones pasadas, muchos creyeron que haber acosado sexualmente a mujeres no tendría ninguna implicación en el trabajo que requiere gobernar un país. Algunos prefirieron no creer las denuncias que habían sido comprobadas por los procesos internos del Banco Mundial. Muchos no entendieron la indignación de darle a un comprobado acosador el puesto más prestigioso y exigente en un país: la presidencia.
El presidente Chaves, si me preguntan a mí, ha seguido dando un relato coherente con respecto a lo poco que, entonces, sabíamos de él. Solo en los meses anteriores, se arregló con los fundamentalistas de la Asamblea Legislativa para intercambiar votos de protección, en apariencia, a cambio de reformar la norma técnica del aborto terapéutico, se negó a declarar emergencia por el aumento de femicidios e, incluso, más recientemente, torturó a familiares de enfermos terminales (la mayoría de ellos, mujeres) bloqueando un proyecto que garantizaría que reciban el subsidio que la ley establece.
Pero las mujeres no son las únicas que han sufrido al presidente Chaves. Todos los días vemos cómo los indicadores, que un día diferenciaron a Costa Rica de la región, se han desvanecido en cuestión de unos cuantos años. Desde el histórico aumento en la mortalidad infantil, en los homicidios y en los ataques a las instituciones, hasta la decadencia en la libertad de expresión, el apagón educativo y la reducción de la fuerza laboral. Estas no son abstracciones: son hechos concretos que empeoraron la vida de la mayoría.
¿Y si la violencia y la desigualdad de género son un síntoma temprano del autoritarismo y el debilitamiento democrático?
Un vínculo íntimo
Cuando hablo de escuchar a las mujeres, evidentemente, me refiero a aquellas que están tratando de avanzar los derechos de todas. No hablo de esas que representan al poder en su forma más patriarcal y que han defendido a abusadores en beneficio de sus propias ambiciones.
Un país que no escucha a las mujeres es un país decididamente en decadencia. Las sociedades que marginan a las mujeres tienden a ser más violentas, menos democráticas y económicamente más débiles, explica un artículo de The Economist.
Según este, investigadores de Texas A&M y Brigham Young elaboraron un índice global de actitudes antiderechos hacia las mujeres (como leyes de propiedad discriminatorias, matrimonios tempranos, violencia contra ellas, entre otros) y descubrieron que existía una correlación entre estos hechos y la inestabilidad violenta en un país.
Existe un vínculo íntimo entre socavar los derechos de las mujeres y los contextos frágiles. Un documento de la OCDE de 2021 considera que la desigualdad de género y la fragilidad de los Estados están inextricablemente vinculadas, no solamente la discriminación agudizando la fragilidad, sino también causándola.
El resultado es que los países con estructuras patriarcales rígidas también presentan mayores niveles de corrupción y fragilidad institucional, porque las desigualdades de género terminan erosionando la gobernanza.
Comorbilidades
Erica Chenoweth y Zoe Marks, académicas de la Universidad de Harvard, mencionan que la misoginia (el desprecio hacia las mujeres y lo femenino) y el autoritarismo son comorbilidades comunes, es decir, que son males que frecuentemente se emparejan.
Para las autoras, el avance de los derechos civiles de las mujeres ha sido una condición previa para la democracia y, por ello, no es casual que la igualdad de derechos se esté reduciendo en aquellos lugares donde el autoritarismo está remontando.
Las académicas consideran los movimientos feministas como una herramienta poderosa, ya probada, contra el autoritarismo, que las personas interesadas en revertir el declive democrático no deben ignorar.
El papel esencial de los movimientos de mujeres en fortalecer la democracia explica, al menos en parte, los ataques gratuitos de los gobernantes autoritarios contra los derechos de las mujeres en general, y contra algunas de ellas en particular. Las mujeres libres y organizadas constituyen una fuerza democratizadora y, precisamente por eso, se convierten en sus enemigas.
Tal vez esto, a su vez, nos dé luces sobre por qué el Poder Ejecutivo ha tejido alianzas con fundamentalistas religiosos, quienes han tenido la agenda monotemática de frenar el acceso de las mujeres a la salud reproductiva, y que más recientemente revelaron su intención de suspender libertades individuales. Fabricio Alvarado, su figura más notable, fue acusado de crímenes sexuales contra una menor de edad. De nuevo, esto no debe entenderse como hechos aislados, sino como lo que son: comorbilidades.
La gran mayoría de mujeres multiplica el bienestar que disfruta. Recuerdo un dato de la ONU que mencionaba que las mujeres invertían el dinero que recibían desproporcionadamente en la educación y la salud de su familia. Si las mujeres no tienen trabajo, no tienen salud y no pueden vivir libres de violencia, el impacto lo recibirán no solo ellas, sino sus familias y también nuestro país y sus instituciones.
Que estos 16 días de activismo contra la violencia de género nos recuerden que uno de los mejores pasos que podemos dar por defender nuestras instituciones, democracia y el bienestar de todos es avanzar la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Un gran primer paso es escoger en la presidencia a una persona que no las violente.
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Andrea Vásquez R. es comunicadora social especializada en Inclusión y Equidad.