Intento entender las motivaciones de la presidenta Fernández para acudir al funeral de un policía asesinado en medio de la peor crisis de seguridad y de la que el principal responsable, por cierto, es el Poder Ejecutivo. Alguien dirá que fue un acto solidario. Quizá, no lo sé; tiendo a creer que a la solidaridad –si es real– le sobran las cámaras y la viralidad de nuestro tiempo.
Las víctimas de la violencia han sido siempre un recurso retórico efectivo. Su dolor es real e injusto, y los movimientos populistas lo capitalizan porque se trata, en definitiva, de instrumentalizar las tragedias ajenas. Como recuerda Daniele Giglioli, ensayista italiano, las víctimas nunca deben justificarse, y ese es el sueño del populismo; por ello, se apropian del sufrimiento de los otros.
Aunque la visita de Fernández fuese un acto de pura humanidad –quién lo sabe–, lo cierto es que tiempo hubo para subrayar que uno de los sospechosos del ataque era un “desgraciado” que registraba 29 pasadas –a propósito, ¿no hay nadie en su equipo que le proporcione a la presidenta una lista de sinónimos más elaborados?–. Una pasada supone muchas cosas –no siempre la apertura de un proceso judicial–: una persona ebria haciendo disturbios, unos muchachos consumiendo drogas, un pleito menor entre vecinos, un hombre callejizado que desatiende una orden policial, etc.
El relato oficialista ha sido acusar a jueces y juezas del descalabro en los índices de violencia homicida. No hay que parar de decirlo; más allá de las reformas que demanda el Poder Judicial para que su servicio público sea más eficiente, cuando un tribunal se pronuncia sobre una medida cautelar o sentencia a alguien, es porque ya se ha perpetrado un hecho delictivo. Lo que la ciudadanía necesita es vivir sin el horror a acabar, en el momento y en el lugar menos esperados –como escuelas o cafeterías–, en medio de un fuego cruzado.
El Ministerio Público aclaró, horas después, que contra los investigados solo había dos causas en trámite, ninguna por delitos contra la vida. Mientras escribo esto, no he leído rectificación alguna de Casa Presidencial. Es fácil inferir que, al reclamar esas “pasadas”, Fernández se reafirma en un discurso que no solo es inexacto –o, directamente, falso– sino también divisivo y deslegitimador de buena parte de las instituciones. Populismo, diría Giglioli.
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Marco Feoli es abogado, profesor en la Universidad Nacional (UNA) y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU.