El Poder Ejecutivo, incapaz hasta ahora de resolver el problema de violencia homicida y a falta de una política en seguridad efectiva, ha apostado por una burda estrategia de comunicación para gestionar nuestro miedo. Eso explica la sección permanente de cada miércoles anunciando medidas expresivas e inconexas que atañen al sistema penitenciario. Para eso, ha bastado un encargado dispuesto a sacrificar el rigor técnico a cambio de un puesto político. Como cualquier populismo que se precie, la idea es simplificar una urgencia real y con múltiples costados y hacerle creer a la gente que si no mejora, será por culpa de otros.
Sé, porque lo he vivido, que, más allá de discursos, lo cierto es que romper una lanza por la población privada de libertad no da demasiados likes. Es fácil asociar a un preso con la imagen más acabada de maldad para justificar cualquier despojo de sus derechos. La cárcel es tan diversa como la vida misma fuera de ella.
Encarcelados han estado desde Cervantes hasta Gloria Trevi e Isabel Pantoja; Mujica y Óscar Wilde; Tyson y Michelle Bachelet. El gobierno nos vende un perfil específico lleno de estereotipos para respaldarse con medidas que llevan calma porque, todo es tan reduccionista, que el propósito es que la ciudadanía sienta que se están haciendo cosas, aunque la crisis siga laminando nuestra paz.
Ahora bien, detrás de todo ese atrezzo, hay seres humanos. Quisiera pensar que las fuerzas políticas, sobre todo las progresistas, no vayan a hacer un cálculo electoral para abordar este tema, incómodo, sí, pero moralmente imperativo.
Hay informes serios y rigurosos preparados, por ejemplo, por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, una instancia independiente adscrita a la Defensoría de los Habitantes, compuesta por profesionales en distintas disciplinas –como psicología, derecho y trabajo social—, que documentan violaciones graves a derechos humanos en las cárceles nacionales como desnutrición, restricciones arbitrarias al acceso a las visitas de hijos menores de edad y utilización desmedida de la fuerza en ciertos módulos.
Me pregunto, incluso más allá de las obligaciones jurídicas suscritas por Costa Rica, cómo podemos gestionar semejante contradicción. ¿Cómo a un país que hace solo dos semanas abarrotó la basílica de la Virgen de los Ángeles pidiendo su protección y reafirmando las convicciones cristianas, basadas en el amor, el perdón y la fraternidad, no le resulta insoportable asistir al espectáculo semanal al que nos somete el Poder Ejecutivo con el tema carcelario?
Y no, defender esto no supone cuestionar la existencia de un sistema penal que actúe y que responda frente a los hechos violentos que nos aquejan. No se trata de proteger a los delincuentes; se trata de entender dos cosas. Por un lado, que el Estado no puede convertirse en un Estado mafioso que practique lo que luego prohíbe.
En 2011, un radical de extrema derecha mató e hirió a más de 70 muchachos por razones políticas en Oslo. En 2016, la Corte Europea de Derechos Humanos declaró con lugar una demanda contra Noruega por haberlo mantenido en aislamiento. Consultada una de las víctimas sobre aquella decisión, reconoció que si bien despreciaba al causante de semejante sangría, también comprendía que el Estado estuviera obligado a suministrarle unas condiciones básicas de dignidad, no porque lo quisiera, sino porque una sociedad decente no puede parecerse a quienes hacen el mal, y garantizar que sea así es una tarea estrictamente estatal. Esa es la clave.
Por el otro, que nadie, ni su entorno, está exento de terminar prisionalizado. En Costa Rica hay 20.000 reclusos; estadísticamente, las tasas de encierro han crecido tanto –solo en una década duplicamos la cifra– que no es tan improbable terminar encerrado. Cualquiera, incluso nosotros mismos, querría un trato digno.
Las imágenes recientes de un abogado detenido por presunto intento de soborno contra una jueza son de una crueldad y de una desproporción mayúsculas. ¿De verdad es necesario exhibir a alguien que ya está privado de libertad, con un uniforme y encadenado a pies y manos, como si fuera una bestia salvaje? Nunca he hablado con él, no sé quién es ni qué decidirán los tribunales y quiero, que si ha cometido una falta, que se haga cargo de ella. Pero que el gobierno favorezca un espectáculo medieval así no es sostenible ni legal ni moralmente.
Estamos presenciando un circo semanal de deshumanización, brutalidad y ensañamiento que no puede normalizarse, que no suma nada y que nos degrada. La pobreza moral e intelectual de quienes, provisionalmente, están al frente de ciertas instituciones no puede convencernos de que la seguridad depende de que haya seres humanos expuestos como en un zoológico. No solo porque es una mentira más del tamaño de una catedral, sino porque me resisto a creer que los costarricenses permitamos que el ruido, el odio y los delirios autoritarios de un grupo intoxiquen nuestra convivencia y nuestra tradición civilista, democrática y cristiana.
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Marco Feoli es abogado, profesor en la Universidad Nacional (UNA) y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU.
