Por 11 años, Uber ha operado en Costa Rica dentro de una “zona de tolerancia”; es decir, al margen de la legalidad, pero a plena luz del día.
Identifico dos razones que lo explican. La primera, que la realidad, siempre testaruda, se ha impuesto sobre las normas, o falta de ellas; la segunda, que las autoridades han temido impulsar una regulación moderna, que nunca complacerá a todos los interesados.
Primero, la realidad. El número de usuarios afiliados a la plataforma no es preciso, pero todo indica que supera el millón; sus conductores suman casi 30.000, según estimaciones del año pasado. La empresa opera, con dirección conocida, varios centros de activación para sus “asociados” locales. El país, según sus voceros, es un “mercado piloto” de innovaciones y nuevos servicios.
Desde 2016 funciona aquí su primer centro de excelencia en América Latina. Y un estudio de la Cámara de Comercio calculó que el conjunto de las plataformas –tanto las dedicadas a la movilidad de personas como de artículos– representaron el 1,29% del producto interno bruto en 2022.
Entretanto, según el Consejo de Transporte Público, las concesiones de taxis bajaron de 12.732 en 2015 a 9.278 una década después, y al menos 103 empresas de autobuses han abandonado rutas.
El cambio ha sido radical. Mientras tanto, hemos vivido en medio de lo que el gran Octavio Paz, en su ensayo El ogro filantrópico (1978) calificó, al referirse a México, como “mentira constitucional”: la gran distancia entre lo legal y lo real. El vacío no solo afecta los intereses, derechos y seguridad de empresas, choferes y usuarios; también erosiona el corazón del Estado de derecho. Y la acendrada práctica de “jugársela” es un ácido que corroe la legalidad y cohesión social.
Al fin parece haberse avanzado en la tarea, con un proyecto de ley que ya tuvo aval en comisión. En principio, parece razonable y balanceado. Pero como “el diablo está en los detalles”, hay uno particularmente crítico: el nivel de cargas sociales que deberán asumir los choferes como trabajadores independientes, única vía para sacar a decenas de miles de la informalidad.
Quizá sea esta la gran oportunidad para que la Caja revise sus rígidas políticas al respecto y establezca normativas más acordes con una realidad laboral en transformación.
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Eduardo Ulibarri es periodista y analista.