A pocos días de haberse realizado la convocatoria a las elecciones presidenciales y legislativas del 2026, considero importante resaltar la importancia del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y cómo este no solo ha sido un referente para América Latina, sino que es una de las innovaciones más trascendentes de la Constitución Política de 1949.
Luego de una dolorosa guerra civil, que se da justamente en defensa del voto popular, los constituyentes, con gran sabiduría, crearon el Tribunal Supremo de Elecciones, con independencia y autonomía de los otros poderes, y lo crean como un cuarto poder cuya misión es garantizar la democracia costarricense mediante el respeto al sufragio.
El artículo 102 muy claramente establece sus atribuciones, entre ellas: administrar las elecciones desde la convocatoria hasta la declaración de resultados, garantizar el debido registro de la ciudadanía y su función jurisdiccional exclusiva del material electoral. Para ello, interpreta normas y resuelve temas electorales, así como la formación en democracia.
Conociendo la historia de América Latina, en el artículo 104, los constituyentes establecieron que la Fuerza Pública pase a las órdenes del TSE desde la convocatoria hasta la declaración oficial de los resultados. Se delega así en la fuerza policial la responsabilidad del resguardo electoral. El abolir el ejército fue otra garantía.
Pero el blindaje democrático no queda ahí. La misma Constitución obliga al Estado a contribuir con el financiamiento de los partidos políticos, lo que garantiza igualdad de condiciones entre los partidos y, más importante aún, asegura la transparencia del financiamiento político, algo muy importante en momentos en que el cáncer social que es el narcotráfico puede pretender insertarse en la institucionalidad política.
Dos regulaciones muy actuales son la veda y la prohibición de la beligerancia política, que son igualmente protecciones legales contra la desigualdad. Su objetivo, ratificado por jurisprudencia del TSE y del derecho internacional –como la Corte Interamericana de Derechos Humanos– es evitar que la participación y el despliegue propagandístico del gobierno y sus actores ponga en desigualdad el proceso electoral.
nmarin@alvarezymarin.com
Nuria Marín Raventós es politóloga.
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