El campo no necesita amenazas; necesita reglas claras, respeto y un Estado que juegue de su lado. Si permitimos que la intimidación se normalice, mañana no serán los dueños de los tractores, sino cualquier sector que incomode al poder.
En 1972, Don José Figueres Ferrer –con mayúscula– lanzó una frase que, sin proponérselo, terminó definiendo una forma de entender el país: “¿Para qué tractores sin violines?”. En ella había una tesis completa sobre el desarrollo: había que producir más, mecanizar, abrir caminos, pero también había que cultivar sensibilidad, pensamiento e identidad. Un país con tractores, pero sin espíritu, se desorienta igual que un país con arte, pero sin alimento. Para Don Pepe, ambos engranajes eran inseparables.
Cincuenta años después, producto de un desaguisado más del presidente Rodrigo Chaves, esa frase volvió a escena: esta vez, por contraste. Chaves amenazó abiertamente a los agricultores con “quitarles los tractores” si se atrevían a protestar contra sus políticas. No fue una metáfora. No fue un error de comunicación. Fue una advertencia directa, emitida desde el poder público, dirigida a un sector productivo que sostiene buena parte de la estabilidad social de Costa Rica, no solo la rural.
Y conviene decirlo sin rodeos: un gobernante que amenaza a los agricultores con retirarles sus herramientas de trabajo revela, sin quererlo, el tamaño real de su liderazgo narcisista.
La diferencia entre Don Pepe Figueres y Rodrigo Chaves no es solo de estilo ni de temperamento. Es de visión de país. Mientras el primero entendía que el desarrollo se construye con la gente y nunca contra ella, el segundo concibe el poder como un instrumento para someter a quienes cuestionan las decisiones del Ejecutivo.
Esto no ocurre en el vacío. Durante este gobierno, el sector agropecuario ha visto aumentar las importaciones de alimentos básicos que desplazan la producción local (particularmente, arroz, maíz y frijol), así como ha visto la reducción o debilitamiento de programas de extensión, investigación y crédito rural, y también la caída en los ingresos agrícolas reales, afectada por la competencia desigual con los importadores.
Asimismo, lejos de lo prometido en campaña, se han incrementado los costos de insumos –fertilizantes, agroquímicos, concentrados– sin políticas compensatorias sostenidas. Todo ello, acompañado de la creciente desconfianza entre las organizaciones de productores, debido a un estilo gubernamental basado en la confrontación.
No es casualidad que la amenaza contra los dueños de los tractores aparezca en este contexto. Es la expresión más cruda de un enfoque que ve en el productor rural un sujeto que debe alinearse, o enfrentar consecuencias.
Pero esta visión olvida algo esencial: el agro no es un sector más. Representa alrededor del 11% del empleo nacional y sostiene buena parte del tejido social en zonas donde el Estado suele llegar tarde. Costa Rica produce cerca del 70% de los alimentos que consume, y el campo genera más de $2.500 millones en exportaciones anuales. Los territorios rurales y costeros también sostienen servicios ambientales, el turismo, la identidad cultural y la cohesión territorial.
Por eso, los “violines” de Figueres no eran un simple simbolismo. Una orquesta en San José depende tanto del trabajo silencioso de las comunidades rurales como un cultivo de café depende de la cultura de los consumidores del resto del país. Cuando se amenaza a los tractores, en una lógica de sociedad completa –y compleja– también se amenaza a los violines. Chaves, infelizmente, parece soslayarlo.
En democracia, las protestas no son un capricho, sino un mecanismo legítimo para corregir rumbos. Cuando un gobierno responde a esa inconformidad con intimidación, cruza la línea que separa la autoridad republicana del autoritarismo instrumental.
Las palabras de un presidente importan. Construyen o destruyen confianza, y esta es un insumo tan importante como el fertilizante o el crédito. Nadie invierte, siembra ni cría ganado en un país donde el Estado amenaza con arrebatar las herramientas que lo posibilitan, como castigo político.
La Costa Rica que Don Pepe imaginó –con tractores y violines– sigue siendo posible. Pero requiere gobernantes que entiendan que el poder no se ejerce desde el miedo, sino desde la responsabilidad, la escucha y la construcción común.
Al final, la cuestión es sencilla: cuando un presidente amenaza a los productores, no está mostrando fuerza, sino debilidad. Un país donde el poder recurre al miedo para silenciar al campo no avanza: se encoge, se pierde a sí mismo y se aleja de la Costa Rica que construimos durante décadas.
O defendemos la Costa Rica donde los agricultores –y todas las personas– trabajan sin temor, o aceptamos una versión del país en la que el Gobierno decide quién produce y quién calla. Y esa –también conviene decirlo sin eufemismos– nunca ha sido la Costa Rica que queremos. Yo elijo hablar, no callar.
juan.romero.zuniga@una.ac.cr
Juan José Romero Zúñiga es médico veterinario, epidemiólogo y académico investigador en la UNA y la UCR. Ha publicado múltiples artículos científicos en revistas internacionales.