Diez países latinoamericanos, dos del Caribe angloparlante y el pequeño Surinam, con unos 650.000 habitantes, ya tienen un pie en el futuro del desarrollo digital, inalcanzable sin redes 5G. A agosto, el mundo contaba con 233 redes de ese tipo y 813 millones de enlaces. El ritmo de implantación es vertiginoso y se espera al menos duplicar redes y enlaces cada año.
Las redes 5G incrementarán la competitividad, serán determinantes para la atracción de inversiones y tendrán grandes impactos sobre la calidad de vida. La tecnología ultrarrápida posibilitará la prestación de servicios muy superiores y habilitará la internet de las cosas, capaz de conectar aparatos domésticos, industriales o de utilidad para la infraestructura urbana.
Por todas esas razones, nuestra preocupación debería ser grande al constatar el rezago nacional. Estamos lejos de contar con una red 5G y la razón es la misma del retraso en la adopción de la internet de banda ancha a fines del siglo pasado: el progreso choca con los intereses del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y solo la consolidación del avance tecnológico fuera de las fronteras consigue remover las trabas.
En los años noventa, el ICE y sus defensores más radicales estaban empeñados en prolongar la vida de la telefonía internacional. El tráfico de voz sobre IP, omnipresente en la actualidad, era entonces un delito. El ICE se puso a la cabeza de la represión y, cuando vio la imposibilidad de evitarlo, arrastró los pies en el desarrollo de la banda ancha.
El papel histórico del ICE en el desarrollo nacional es extraordinario. Pocas instituciones se le comparan a la entidad portadora de electricidad y comunicación a todos los rincones del país. Esa labor es uno de los elementos diferenciadores de la sociedad costarricense.
El impacto de la electricidad y la telefonía sobre la salud, la educación y el desarrollo económico es inestimable, pero estamos en otro momento de la historia. Si el ICE deja de ser factor de progreso y se convierte en lastre, apenas será acreedor de imperecedero agradecimiento por las obras del pasado.
La institución está aferrada al exceso de espectro radioeléctrico obtenido en concesión cuando nadie soñaba con redes 5G. Esas frecuencias son indispensables para desarrollar las nuevas redes, pero el ICE apenas accede a una devolución parcial, insuficiente para impulsar la tecnología 5G y constitutiva de una cuestionable ventaja competitiva para el ICE. Mientras tanto, el mundo avanza.
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Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.
