Escuchar
Costa Rica llega al próximo proceso electoral en medio de un punto de inflexión ambiental con consecuencias económicas cada vez más visibles. La degradación ambiental dejó de ser un tema sectorial o ideológico para convertirse en un factor que incide directamente sobre las finanzas públicas, la competitividad territorial y la estabilidad macroeconómica. Para quien aspire a la presidencia, esta agenda no es opcional: es parte del núcleo duro de gobernar.
Los números son elocuentes. Entre 2020 y 2024, el presupuesto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación se redujo en alrededor de un 40%, mientras el territorio bajo protección creció de manera significativa, especialmente en el ámbito marino. Esta brecha entre responsabilidades y recursos ha debilitado la capacidad de control y fiscalización, incrementando riesgos de ocupación ilegal, degradación de ecosistemas y mayores costos futuros de restauración. Desde una lógica fiscal, se trata de una expansión de obligaciones sin respaldo financiero, un diseño insostenible para cualquier administración.
El riesgo climático refuerza esta advertencia. Solo en 2024 se registraron 1.619 desastres asociados a eventos hidrometeorológicos, el mayor número documentado en el país. Ese mismo año, un único evento extremo generó pérdidas estimadas en ¢352.000 millones, una cifra comparable con varios presupuestos sectoriales anuales. Estos impactos no son excepcionales: se repiten y se acumulan.
La inseguridad hídrica dejó de ser un problema ambiental para convertirse en un factor limitante de la actividad económica. En 2024 se registraron 6.973 interrupciones del servicio de agua potable, un aumento interanual del 11,1%, concentradas fuera de la Gran Área Metropolitana, precisamente donde se ubican actividades clave como turismo, agroexportación y desarrollo inmobiliario.
Cada interrupción implica pérdidas productivas, costos operativos adicionales y deterioro de la confianza de inversionistas. Sin una política robusta de protección de fuentes, infraestructura y control de contaminantes, el agua se consolida como un riesgo sistémico para el crecimiento regional.
El desorden territorial amplifica estos costos. El desarrollo inmobiliario en zonas costeras y periurbanas avanza, en muchos casos, sin planificación adecuada ni alineamiento con capacidades ecosistémicas. El resultado es una transferencia sistemática de costos al Estado: mayor demanda de infraestructura, atención de emergencias, conflictos legales y reconstrucción tras eventos extremos.
En transporte y energía, la ineficiencia estructural persiste. Entre 2018 y 2025, el uso del transporte público en autobús cayó 42,2%, mientras el parque vehicular privado continuó creciendo. Esto se traduce en mayor consumo de combustibles fósiles, congestión, pérdida de productividad y costos en salud pública.
Sin una reforma profunda del transporte público, las metas climáticas y de competitividad seguirán fuera de alcance. Aunque la flota de vehículos eléctricos contribuyó a una reducción estimada de 64 Gg de CO₂e en 2024, este valor sigue siendo marginal frente al total de emisiones del parque automotor. La falta de una transformación estructural del transporte público implica ineficiencias económicas persistentes, con efectos directos sobre competitividad y calidad de vida.
El manejo de residuos sólidos consolida otro pasivo ambiental. Costa Rica se está alejando de una aspiración básica de sostenibilidad, al generar residuos sólidos a un ritmo superior a la capacidad ambiental e institucional para gestionarlos. La elevada producción de residuos sólidos –superior a 1 kilogramo (kg) per cápita diario en zonas urbanas– refleja patrones de consumo intensivos y una débil prevención en la fuente.
En 2024, la recolección de residuos mostró fuertes brechas territoriales, con coberturas de entre 38% y 97%, con un promedio nacional del 82%, mientras la presión de los residuos plásticos continúa en aumento, alcanzando 272.000 toneladas en 2022, con un promedio de 68 kg por persona al año.
Este panorama se ve agravado por la limitada capacidad de gestión municipal, con tres de cada cuatro gobiernos locales operando en niveles básicos, según la Contraloría General de la República, lo que consolida los residuos como un factor crítico de la ruptura entre desarrollo y sostenibilidad y como una fuente creciente de costos ambientales, sociales y fiscales.
La contaminación del agua ilustra con crudeza el giro hacia una gestión reactiva. Entre 2005 y 2024 se registraron múltiples afectaciones a fuentes de consumo humano por plaguicidas, hidrocarburos y metales pesados, incluidos casos recientes en San José y la zona norte. Cambios regulatorios han elevado la tolerancia al riesgo ambiental, permitiendo aumentos significativos en los umbrales admisibles de ciertos plaguicidas.
El ámbito marino sintetiza con claridad la paradoja nacional. El Índice de Salud de los Océanos evidencia altos desempeños en beneficios sociales –recreación, identidad cultural y valor económico del litoral– que sustentan el turismo, el empleo y la cohesión social.
El mar continúa siendo un activo estratégico y el país ha sabido capitalizar su reputación azul. No obstante, este resultado descansa más en el aprovechamiento intensivo del recurso que en la fortaleza de su base ecológica, lo que introduce un riesgo estructural para la sostenibilidad de largo plazo.
En este contexto, el desafío deja de ser normativo o declarativo y pasa a ser operativo y de gobernanza: avanzar del papel a la gestión efectiva de las áreas marinas, restaurar ecosistemas críticos y ordenar la actividad productiva. Sin este giro estratégico, se compromete el capital natural que hoy sostiene la economía azul del país
Lo mismo ocurre con la biodiversidad terrestre. Este capital natural sustenta sectores estratégicos como turismo, agricultura, pesca y provisión de agua, pero la reducción de capacidades de gestión y la presión sobre los ecosistemas están depreciando estos activos sin que esa pérdida se refleje en las cuentas nacionales ni en las decisiones presupuestarias.
Con miras a las elecciones presidenciales, el mensaje es inequívoco. La degradación ambiental ya tiene costos económicos medibles y crecientes. No actuar incrementa presiones fiscales, reduce competitividad territorial y expone al país a choques cada vez más frecuentes.
Para el próximo gobierno, la política ambiental no es un lujo verde ni un tema accesorio de campaña: es política económica en su forma más concreta. Postergar estas decisiones no ahorra recursos; los encarece y traslada la factura a la próxima administración.
lenincri@lenincorrales.com
Lenin Corrales Chaves es analista ambiental.
