¿Nos gustan los aires que están levantando las faldas de nuestras rutinas políticas, que ya son más que septuagenarias?
Proponía en mi anterior columna que conviene a los órganos técnicos del Estado permanecer en sus cuarteles y hacer allí bien su trabajo. En los productos de esta clase de órganos perciben algunos, con razón o sin ella, la manifestación de sesgos que se explican por las demandas de la lucha política.
Así, por ejemplo, refiriéndose a la función jurisdiccional, en otras latitudes se ha hecho la cruda observación de que detrás de los excesos que se achacan a la práctica de esa función está una supuesta técnica de control judicial, la ponderación, o de su perfeccionamiento bajo la idea de control de proporcionalidad: ambas, se ha dicho, sirven para dar una apariencia de restricción a lo que solo es voluntarismo judicial.
Otra de las consecuencias atribuidas al hecho de que los órganos técnicos se deslicen al territorio de la controversia pública y de que sus atribuciones y competencias desempeñen un papel en ese tinglado es el tono impeditivo que prima demasiadas veces en la interpretación y la aplicación del derecho, tono que empodera a esos órganos, pero retarda la actividad pública en áreas tan importantes como la producción y el trabajo.
Es digna de que se le saque provecho la frase de Dennis Lehane que dice que si no te equivocas, es que no estás aprendiendo. A la larga, los inconvenientes que comento solo son signos del inevitable reajuste o la reformulación que por gracia del tiempo sufren muchos de los postulados en los que descansa el Estado de derecho, tal como lo conocemos.
O tal vez, la distinción entre órganos técnicos y políticos es un velo tendido sobre el hecho de que todo es lo mismo, pero de manera diferente.
carguedasr@dpilegal.com
Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.