Saltemos al pasado. Es 2013. Estamos en cierta luna de miel con China, junto a varias expectativas, algunas hiperbólicas; entre ellas, una refinería binacional y una “zona económica especial”. Ambas fracasaron sin empezar, por justificadas razones. Pero un proyecto siguió vivo: la ampliación de la ruta 32, entre la intersección a Río Frío y Moín. El 13 de junio de ese año, el Conavi y la constructora CHEC firmaron el contrato. Precio, todo incluido: $465,6 millones, financiados por el Eximbank chino, con intereses bajos, pero no tanto.
La construcción comenzó en noviembre de 2017. Debía concluir en octubre de 2020. Estamos esperando, tras una seguidilla de plazos ampliados, costos incrementados, pugnas legales, expropiaciones inconclusas y diseños manoseados. Añadamos las ocurrencias y el desastre es completo.
El proceso ha transitado por cuatro gobiernos, pero el actual ha ganado el trofeo de la impericia. Su gran insignia: las rotondas ovaladas, curiosa innovación con agudo tufo tercermundista, creación intelectual del entonces ministro, Mauricio Batalla. Desde su anuncio, el Laboratorio de Materiales Lanamme, de la Universidad de Costa Rica, expuso sus múltiples riesgos. Tras entrar en operación, los transportistas añadieron críticas y alarmantes experiencias. Pero, dijo el jerarca, no había plata, y los pasos a desnivel del diseño original eran “malísimos”, “horribles” y “peligrosos”. Como si sus rotondas fueran bellas.
En julio del año pasado, anunció que la ampliación quedaría lista en marzo de este, con diez de ellas. Estamos en setiembre. Seguimos en espera. Al fin, el presidente Chaves reconoció en Limón que son “un problema serio” y comenzó el proceso para licitar... ¡los primeros pasos a desnivel! Su base: los planos “horribles” y “peligrosos”.
Las metamorfosis –o, si prefieren, contradicciones– son apabullantes; peor, no podemos descartar que sigan, junto a las excusas o culpas “de otros”.
El accidentado proyecto pasará a la historia como otro ejemplo de nuestras falencias crónicas en la gestión de obras públicas. Muchos comparten las culpas desde 2013, pero sus consecuencias se han acelerado con los esteroides de incompetencia e improvisación que hoy padecemos. Mientras, la espera continúa; el impacto sobre la economía y la vida de los vecinos, también.
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Eduardo Ulibarri es periodista y analista.
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