El último acto legislativo de este gobierno, que se ha caracterizado por constantes actos de misoginia, concluye con una bofetada más a las mujeres y las víctimas: en este caso, el uso de la falta de cuórum para no votar la denuncia contra el diputado Fabricio Alvarado. No estoy condenando al exdiputado y respeto su derecho a la defensa, pero impedir conocer el caso por el fondo proyecta, inevitablemente, una imagen de culpabilidad.
Dos informes de comisión validaban la denuncia presentada por la exdiputada Marulin Azofeifa. Probablemente, la votación lo hubiera condenado; por ello, el oficialismo y el Partido Nueva República –que terminó encubriendo a Alvarado, pese a que la víctima era compañera de partido– recurrieron al nefasto rompimiento del cuórum. Muchas escuchamos la conversación de su jefe para detener las acciones de la denunciante. Triste complicidad.
Quienes no acudieron al plenario les fallaron a los costarricenses, a Marulin y, sobre todo, a las miles de víctimas de hostigamiento sexual y de violencia, cuyas denuncias son acalladas: hoy, con la falta de cuórum; otras veces, mediante amenazas, llamadas telefónicas y tantos mecanismos que se utilizan para proteger a los agresores, como lo documenta el Observatorio de Género del Poder Judicial.
La presidenta electa, Laura Fernández, quien en un debate presidencial confesó haber sido otra víctima de las agresiones sexuales de Alvarado, pudo haber demostrado cómo actuará frente a estos casos y cómo ejercerá su liderazgo con los diputados. La segunda presidenta mujer de la República dejó pasar una oportunidad para demostrar que, con ella al frente, se combatiría la violencia contra las mujeres.
También entristece que un excandidato presidencial y un partido que levantaban la bandera de los valores cristianos recurran a estas prácticas, toda una incoherencia entre lo que se predica y lo que se hace. Se premió la impunidad de la violencia contra las mujeres en beneficio del amigo y dirigente político. Corresponde ahora al Poder Judicial avanzar con los procesos penales contra Alvarado –quien salió del país el pasado 30 de abril, a pocas horas de perder su inmunidad–, de modo que sean los jueces los que tengan la última palabra.
nmarin@alvarezymarin.com
Nuria Marín Raventós es politóloga.
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