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Si algo he percibido en los últimos años es la desesperanza. Nuestras instituciones más respetadas y confiables han sido fuertemente atacadas junto con el periodismo profesional e independiente, en un país que se nos desarma a pedazos en temas de educación, salud y seguridad. En este escenario, la participación ciudadana sería un gran recurso para exigir cambio de políticas, pero, en un país donde la información pública es tratada como privilegio y el acceso a Internet resulta casi una lotería, las posibilidades se reducen.
En 2024, mi investigación de tesis en Derecho se centró en el derecho al acceso a la información en los gobiernos locales y se solicitó información a distintas municipalidades. Sin embargo, quedó de manifiesto el incumplimiento de plazos, requisitos y protocolos.
Esta falla no es aislada. En el estudio “Perspectivas de anticorrupción e integridad 2024”, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se señaló que Costa Rica presenta debilidades en la publicidad de datos; por ejemplo, las agendas de sesiones de gobierno y de los ministros.
En medio de este escenario, el periodismo profesional, experto en investigar la información pública, surge como un servicio público esencial para la ciudadanía y como un contrapeso democrático. Por ello, las próximas autoridades deben garantizar lo que ha exigido la Sala Constitucional: establecer una auténtica “casa de cristal” para la ciudadanía. Si bien la Ley Marco de Acceso a la Información Pública ha sido un avance histórico, no es la meta, sino un punto de partida. El verdadero reto reside en una fuerte voluntad política del Poder Ejecutivo y de las instituciones para emitir los reglamentos y directrices necesarios que la conviertan en una realidad y no en letra muerta.
Espero que el próximo Ejecutivo no solamente cumpla con su obligación básica de contestar solicitudes a tiempo, sino que promueva una cultura de datos abiertos. No basta solamente con publicar un PDF con información, sino que este sea realmente accesible para todas las personas, en formatos amigables que permitan comprender, analizar e interpretar los datos con facilidad.
Otro reto ligado a la transparencia es la accesibilidad a Internet de calidad. ¿De qué sirve una “casa de cristal” si parte de la ciudadanía no encontrará la puerta? Como informó el Estado de la Educación, solo una tercera parte de los centros educativos alcanzaba velocidades y anchos de banda acordes al tamaño de su matrícula y a las condiciones pedagógicas requeridas. Según verificó el proyecto de verificación Doble Check, 42 de los 84 cantones tienen acceso limitado a Internet, principalmente en zonas rurales.
En este contexto, la transparencia total no es solo un deber legal, sino la única vía para restaurar la confianza. La próxima administración central tiene el imperativo de abrir una auténtica “casa de cristal”, asegurando que la información sea accesible y que su puerta de acceso –la conectividad a Internet de calidad– esté abierta a todos para que se ejerza la fiscalización ciudadana. Solo así Costa Rica podría volver a ser el faro democrático y social que fue.
Santiago Quirós Solís es abogado y estudiante de Periodismo.
