Dicen que una imagen vale más que mil palabras y, en días pasados, esa imagen fue la del expresidente Nicolas Sarkozy de la mano de su esposa, la ex primera dama, Carla Bruni, antes del ingreso del primero a la cárcel, el 21 de octubre.
Si bien la justicia francesa no es pronta ni cumplida –como tampoco lo es la costarricense–, la escena mandó un fuerte mensaje: “Nadie está por encima de la ley”, un principio democrático que aplica, en este caso, a quien fuera el hombre más poderoso de Francia entre 2007 y 2012.
Fue condenado, como cualquier ciudadano que es declarado culpable, por hechos que se remontan a su campaña electoral de 2007, luego de que la Fiscalía demostrara que recibió 100.000 euros del exdictador de Libia, Muammar al Gadafi.
En setiembre, una jueza condenó al expresidente por ser parte de una conspiración criminal de “tal gravedad” que, pese a no haber estado en firme la sentencia –pues fue apelada–, se ordenó su confinamiento inmediato.
Esta detención sería difícil en nuestro ordenamiento jurídico, pues son pocas las causales por las que puede dictarse encarcelamiento sin la firmeza de la condenatoria, por ejemplo, cuando existe peligro de fuga. Pero lo cierto es que envía un mensaje que deberíamos emular.
Aunque 18 años después, la sentencia reafirma la gravedad de los hechos: el hecho de que infringieran las leyes electorales de financiamiento, y como agravante adicional, que la procedencia de los fondos fuera Gadafi. Este no solo se mantuvo por 41 años como dictador de Libia, sino que además estaba vinculado a actos terroristas como el ataque al vuelo de Pan Am sobre Lockerbie, Escocia, en 1988.
Con esta sentencia, el Poder Judicial francés se fortalece: su mensaje fue, como ya dijimos, que ninguna persona está por encima de la ley y que, tarde o temprano, por muy poderoso o protegido por la inmunidad del cargo, todo funcionario deberá enfrentar el peso de la justicia. Por cierto, hay otros procesos aún pendientes en contra de Sarkozy.
Del caso francés pueden sacar una conclusión nuestras autoridades judiciales y electorales: que las reglas se deben cumplir y el no hacerlo debe ser severamente castigado, máxime cuando se trata de donaciones ilegales en tiempos en que el narcotráfico busca cuotas de influencia y acceso al poder político.
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Nuria Marín Raventós es politóloga.