En abril del 2018, la entonces diputada electa Ana Lucía Delgado vivió un calvario para ejercer sus derechos políticos y al trabajo debido a obstáculos impuestos para participar en las sesiones del 1, 2 y 8 de mayo. Esas sesiones son decisivas: los días 1 y 2 no solo se juramentan los nuevos diputados, también se elige el Directorio legislativo, al cual todos pueden aspirar, y se recibe el informe anual de labores del presidente de la República. El 8 de mayo, ante el plenario, se efectúa la juramentación e inicio del nuevo gobierno.
Por estar en su periodo de licencia de maternidad, solicitó el criterio a Servicios Técnicos, que, a su vez, elevó el caso a la comisión evaluadora de incapacidades y licencias de la CCSS, la cual dictaminó que como Ana Lucía estaba incapacitada no podía laborar, resolución a la que se plegó la Asamblea. Disconforme con ambas decisiones, Ana Lucía presentó un recurso de amparo y debió pasar por varios exámenes médicos, algunos en el OIJ.
Gracias al amparo, la Sala emitió una resolución interlocutoria que le permitió participar. Finalmente, al resolverse por el fondo con voto unánime, la Sala Constitucional reivindicó los derechos políticos y al trabajo. Un fallo admirable redactado por la magistrada Hernández señala: “La licencia de maternidad no es una incapacidad”, pues la licencia, a diferencia de la incapacidad, permite realizar actos más allá del necesario reposo y los cuidados que requiere un menor.
El voto es categórico en cuanto a la obligación de interpretar el artículo 14 del reglamento de la CCSS de manera integral, constitucional y convencional, y, por cierto, una atinada nota de la magistrada Esquivel señala que la norma es anacrónica y peyorativa de las labores domésticas. La sentencia destaca el esfuerzo nacional por eliminar discriminaciones y cerrar brechas de género, y que en las políticas públicas se reconozca el nuevo rol de la mujer. Es muy crítica, además, de la utilización de un derecho de protección para violar derechos políticos y al trabajo de la recurrente.
Cierro esta columna celebrando el nombramiento de dos brillantes juristas: Sandra Zúñiga, en la Sala III, y Damaris Vargas, en la Sala I. Con sus nombramientos, ganamos todos al tener una Corte Suprema más diversa e inclusiva.
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La autora es politóloga.