Riteve, ruta 27 y puerto Caldera

La primera es porque el contrato vence el mes entrante. Esto obliga al gobierno a ver de qué manera continúa brindando el servicio de inspección técnica vehicular. Puede negociar con el mismo operador para que continúe bajo nuevas condiciones o hacer un nuevo concurso para escoger otro u otros operadores.

En los otros dos casos quedan nueve y cinco años, respectivamente, para que venzan los plazos de las concesiones. Pero desde ya hay enormes problemas de saturación de los servicios, que requieren obras de infraestructura para ampliar sus capacidades. Las presas de vehículos en la 27 y de barcos, en Caldera, originan un sobrecosto para el país que se traslada a todos los ciudadanos, usemos los servicios de dichas concesiones o no.

La opción viable más inmediata es sentarse a negociar con los tres concesionarios. Para ello, el Estado debe presentar sus necesidades y condiciones para luego negociar las variables fundamentales de los contratos.

Lo malo es que en Costa Rica dejamos todo para última hora. La concesión de Riteve vence el mes entrante. Hay poco tiempo para negociar, y la presión de quedarse sin el servicio de revisión vehicular juega en contra del Estado.

Aunque, por otro lado, la infraestructura y el equipo pasan a manos del Estado al finalizar el contrato y, con ello, se obtiene una gran ventaja para fijar nuevas condiciones.

En relación con la ruta 27 y Caldera, queda más tiempo, pero existe un gran apuro por resolver los problemas de congestión. La presión política sobre el gobierno, por la mala calidad del servicio que percibe el “pueblo”, da pie para que el concesionario trate de empujar todas las variables fundamentales del contrato al alza.

Querrá inflar el costo de las obras y de la operación, alargar el plazo, subir el peaje o la tarifa y, de esa manera, obtener un retorno muy jugoso sobre la inversión.

Al gobierno le toca la defensa de los intereses de los ciudadanos. Debe empujar las variables fundamentales a la baja, buscar el máximo de beneficios para el país y permitir que el concesionario obtenga beneficios razonables (no exagerados) sobre su inversión. Un “ganar-ganar”.

lmesalles@ecoanalisis.org

El autor es economista.