EscucharRecortar el gasto público siempre suena responsable. En un país con deuda alta, ingresos bajo presión y muchas necesidades insatisfechas, nadie debería defender el desperdicio. Pero una cosa es ahorrar y otra aplicar una tijera pareja, como si todas las instituciones tuvieran la misma estructura presupuestaria.
El recorte del 5% anunciado para distintos órganos constitucionales debe analizarse con números, no solo con consignas. Puede responder a una presión fiscal inmediata, pero su efecto es limitado frente al tamaño del Presupuesto Nacional, el servicio de la deuda y las pérdidas asociadas al incumplimiento tributario. No es despreciable, pero tampoco cambia la trayectoria fiscal del país.
La pregunta relevante, entonces, no es si el Estado debe ahorrar. Claro que debe hacerlo. La pregunta es dónde se puede ahorrar más, con menor daño institucional y mayor impacto fiscal. Un recorte plano castiga de manera desigual. En una institución con baja ejecución, gastos postergables o partidas de capital subejecutadas, el ajuste puede ser casi contable: se recorta lo que probablemente no se ejecutaría. En una institución con alta ejecución, presupuesto reducido y gasto concentrado en salarios, servicios básicos y contratos indispensables, el mismo 5% puede equivaler a paralizar servicios, retrasar expedientes o debilitar funciones de control.
No es lo mismo recortar un 5% de una institución con saldos no ejecutados que un 5% de otra que ya opera al mínimo. La regla pareja puede ser políticamente atractiva, pero técnicamente deficiente. Además, existen alternativas con mayor rendimiento. La Contraloría ha señalado que el Fondo General mantiene saldos cercanos al 5% del PIB, cuando Hacienda suele tomar como referencia una reserva de liquidez del 1%. Mantener dinero ocioso financiado con deuda tiene un costo: la estimación de intereses adicionales para el segundo semestre supera los ¢40.000 millones. Esa cifra es mayor que el recorte conjunto solicitado a varios órganos constitucionales.
La disciplina fiscal no debe abandonarse, pero debe madurar. En su primera etapa, la regla fiscal ayudó a contener el gasto y estabilizar la deuda. En la siguiente, Costa Rica necesita una política fiscal más inteligente: menos dependiente de recortes planos y más enfocada en reducir costos financieros, evaluar programas, mejorar la gestión de caja y priorizar inversiones de alto retorno. Un buen ajuste fiscal elimina grasa. Uno malo corta músculo. Y cuando se corta músculo institucional para obtener un ahorro pequeño, el país puede terminar pagando más: en intereses, ineficiencia, menor control y servicios públicos deteriorados.
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Andrés Fernández Arauz es economista.
