Eduardo Ulibarri. 21 mayo

La Asamblea Legislativa ha abierto explícitamente sus puertas a la reforma del Estado, al crear una comisión especial sobre la materia y recibir, desde el Ejecutivo, el proyecto sobre empleo público. Es una buena noticia. Cuesta ser optimistas sobre su suerte si recordamos que, hace pocos días, 43 diputados aprobaron y el presidente firmó, a contrapelo de la Contraloría, el Banco Central y Hacienda, una dañina contrarreforma municipal. Sin embargo, prefiero dar el beneficio de la duda sobre lo que sigue. He aquí por qué:

Durante estos dos años, ya se ha avanzado de forma inédita, aunque implícita, en la reforma del Estado. La ley fiscal fue un importante paso, sobre todo al eliminar la automaticidad porcentual de las anualidades y otros pluses. Algo similar puede decirse de los cambios al reglamento legislativo y la regulación de huelgas. Y la mayoría de las leyes aprobadas para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también llevan sello reformista.

Pareciera que en la lista del Ejecutivo seguirá la eliminación o fusión de instituciones y la modernización del INA.

Con tales antecedentes, es posible suponer que, pese a la injustificable contrarreforma, en Zapote y Cuesta de Moras, existe disposición para seguir adelante. Además, la multiemergencia creada por el coronavirus ha revelado, por lo menos, dos cosas: en lo positivo, la posibilidad de acciones multisectoriales, mediante la ruptura de añejas barreras ideológicas e institucionales; en lo negativo, las debilidades y redundancias en varios enclaves de la administración pública. Ambas revelan la necesidad de “salir de la caja” cuando llegue la añorada “nueva” —es decir, diferente— normalidad. Y esto, necesariamente, incluso implicará cambios que quizá ni siquiera hemos identificado aún.

Pareciera que en la lista del Ejecutivo seguirá la eliminación o fusión de instituciones y la modernización del INA. Sería bueno, además, que la situación de la Caja, que discutirá otra comisión especial, se analice no solo desde una dimensión financiera, sino estructural; es decir, en su integralidad y con sentido de Estado.

Conducir esta agenda en medio de una emergencia y en la segunda mitad de una administración, no será nada sencillo. Pero no descuento que la responsabilidad ausente al soltar las amarras a los gobiernos locales reaparezca y se reincorpore a la nueva normalidad.

Twitter: @eduardoulibarr1

El autor es periodista y analista.