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Mucho se ha hablado de cómo serán las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en el próximo cuatrienio. Luego de un periodo caracterizado por la fuerte polarización alimentada por los exabruptos, las incontinencias y la agresividad del propio jefe de Estado, es legítimo, sin duda, preguntarse qué viene ahora.
Sin embargo, poco se dice de cuál será el vínculo con el Poder Judicial, al que el gobierno ha convertido en su caballo de batalla, no solo para nutrir su popularidad, sino también para evadir buena parte de sus responsabilidades, sobre todo en lo que atañe al control de la violencia que ha hecho que los últimos hayan sido los años más sangrientos de toda nuestra historia.
No importa que, para poner por caso, los ataques a la Fiscalía hayan tenido como telón de fondo las investigaciones contra el presidente Chaves por la comisión de presuntas faltas al deber de probidad. Cualquiera podría pensar –sin mucho esfuerzo– que la intención es evitar que una persona rinda cuentas por actos que podrían ser delictivos.
No obstante, como todos los populismos, la propaganda y la estrategia de comunicación han sido rotundamente eficaces en persuadir a un sector no de que –como ha pasado con casi todos los expresidentes– se están pidiendo explicaciones de lo que se hace al gestionar la cosa pública, sino de que todo responde a un deseo de anular a quien llegó a “poner orden” frente a los excesos de las élites (incluidas las judiciales).
Lo cierto es que todos los populismos autoritarios de nuestro entorno, sin importar su signo ideológico –el chavismo venezolano, el orteguismo nicaragüense o el bukelismo salvadoreño– se han procurado el control de las instituciones del sector justicia, lo que, en definitiva, ha terminado asfixiando a Estados de derecho de por sí muy débiles.
Uno quisiera pensar que la larga tradición democrática costarricense será un dique de contención frente a las derivas populistas de la actual administración y, probablemente, de la que viene, que no ha parado de ofrecerse como garantía de continuidad. Pero esto no puede darse por descontado.
Los procesos de levantamiento de inmunidad contra el presidente con decisiones divididas han demostrado que algunas costuras pueden romperse a lo interno de la Corte Suprema y plantea, al tiempo, algunas dudas respecto a cuál es la claridad de sus integrantes de lo que está en juego.
A la gente no basta con decirle –como lo hizo el presidente Orlando Aguirre hace unos días– que cualquier reforma legal debe respetar el principio de independencia judicial porque, por delirante que parezca, el relato del Ejecutivo ha hecho que no sean pocos quienes hoy no ven ese principio como un elemento decisivo para el funcionamiento de la democracia, sino como una excusa para no resolver la creciente inseguridad y la violencia homicida.
Es una locura, porque la responsabilidad del aparato de justicia es residual, en la medida en que su función no es, en rigor, prevenir la delincuencia, sino juzgarla cuando ya ha actuado, cuando ya ha hecho daño. Eso tampoco interesa, porque la narrativa absolutamente instalada en el imaginario colectivo es otra.
El Poder Judicial necesita repensarse frente a la ciudadanía y, por cierto, también frente a su funcionariado. Para empezar, buena falta le haría a la Corte buscar vocerías –como, con innegable éxito, lo ha hecho el Tribunal Supremo de Elecciones–que tengan la capacidad –en la forma y en el fondo– de comunicar, y hacerlo bien. Hay magistrados y altos cargos que podrán tener solidez técnica, pero que carecen de condiciones adecuadas para explicar dónde deben hacerse cambios –o cuáles están haciendo– y dónde se está siendo objeto de ataques que, a la larga, solo se traducen en mayor indefensión para la ciudadanía en general. Este punto es crucial.
Un buen ejemplo es el proyecto de ejecución penal que promueve el Poder Ejecutivo. Luego de un acuerdo legislativo que pone fin a un problema que llevaba casi medio siglo sin resolverse, fruto del trabajo de muchas instituciones, el señor Chaves anunció que lo vetará.
El gobierno quiere que la decisión de poner en libertad a una persona no sea, como pasa en todos los países democráticos, resorte exclusivo de un juzgado, sino del Instituto Nacional de Criminología, un órgano administrativo que, si bien en principio es técnico, tiene una altísima dependencia de los jerarcas de turno del Ministerio de Justicia, por lo que una cuestión de semejante envergadura acabaría siendo dirimida por la política. Así de grave.
No basta con despreocuparse porque sea un disparate; vivimos en un mundo suficientemente disparatado como para desatenderlo. Hay que explicar que una iniciativa de ese calado es inconveniente no porque lesione la independencia judicial, sino porque permitiría que la libertad de las personas –de las “malas” personas, pero también de las “buenas” personas– dependa de los políticos y no del árbitro que tiene las únicas credenciales legítimas para decidirlo con objetividad.
Podemos acariciar la idea de que estos años de insultos, gritos, burlas y descalificaciones finalizarán en unas semanas. Podemos tener la convicción de que todo eso dio rating, aunque no resolvió los ingentes problemas que padecemos, pero el caldo de cultivo del ataque al sistema político sigue intacto, sobre todo porque se trata de un fenómeno global. Y allí la tarea del Poder Judicial es mayúscula: convencer a un país con una fuerte desafección y con mucho ruido alrededor.
mfeoliv@gmail.com
Marco Feoli fue viceministro y luego ministro de Justicia y Paz en la administración Solís Rivera.
