El próximo 1.° de febrero, Costa Rica acudirá nuevamente a las urnas en un clima que dista mucho del entusiasmo democrático que hemos visto en elecciones pasadas. El desencanto, la polarización y la desconfianza en la política se han instalado con fuerza en el debate público. No es un fenómeno aislado ni exclusivamente nacional; forma parte de una tendencia internacional más amplia hacia formas de autoritarismo competitivo, regímenes que mantienen elecciones formales mientras debilitan, desde adentro, los contrapesos democráticos.
En distintas regiones del mundo hemos visto cómo este tipo de liderazgo no llega mediante golpes de Estado, sino por la vía electoral, capitalizando el cansancio ciudadano, el enojo legítimo frente a la desigualdad y la inseguridad y una narrativa que presenta a las instituciones como obstáculos en lugar de garantías.
Costa Rica no ha sido inmune a esta lógica. Durante el último gobierno, hemos observado señales preocupantes: desde el cuestionamiento sistemático a las instituciones públicas, hasta la deslegitimación de la prensa crítica y un discurso que simplifica problemas complejos a través de enemigos internos.
La historia ofrece lecciones claras. La II Guerra Mundial no comenzó con tanques cruzando fronteras, sino con la erosión progresiva de la confianza en la democracia, con la normalización del discurso de odio, con la promesa de orden a cambio de libertades, y con líderes que afirmaban encarnar “la voluntad del pueblo” mientras vaciaban de contenido a las instituciones. El paralelismo no es literal, pero la advertencia es válida, porque las democracias no mueren de un día para otro; se desgastan lentamente, hasta que un punto de no retorno se vuelve evidente.
Durante el actual gobierno, el presidente Rodrigo Chaves ha sido reportado criticando con frecuencia a las instituciones tradicionales de controles y contrapesos, incluyendo el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, sindicatos y universidades; las ha calificado como parte de un sistema “corrupto” o “enemigo”, mientras, simultáneamente, recurre al Poder Judicial para denunciar conspiraciones en su contra. Este tipo de discurso puede erosionar la confianza pública en instituciones diseñadas justamente para salvaguardar el Estado de derecho y la separación de poderes.
A ello se suman señalamientos graves en materia de probidad y rendición de cuentas que han marcado a la actual administración. En 2025, la Fiscalía General de la República presentó una acusación formal contra el presidente Rodrigo Chaves y un ministro por presunto delito de concusión (abuso de funciones), relacionado con el uso indebido de recursos públicos en la contratación de servicios de comunicación, lo que dio lugar a una solicitud inédita de levantamiento de inmunidad presidencial.
Aunque la Asamblea Legislativa no aprobó el desafuero, el episodio dejó en evidencia una tensión profunda entre el Ejecutivo y los mecanismos de control democrático. Lejos de propiciar explicaciones claras y asumir responsabilidad política, la respuesta del gobierno fue desacreditar a la Fiscalía, la prensa y los contrapesos institucionales involucrados, reforzando una narrativa de persecución antes que de transparencia. Este patrón de acusaciones graves seguidas de confrontación con quienes investigan, debilita la confianza ciudadana y normaliza la idea de que rendir cuentas es opcional cuando se ostenta el poder.
En materia de seguridad, en respuesta al aumento de homicidios y de la violencia asociada al narcotráfico, este gobierno ha promovido la construcción del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado, inspirado en el modelo carcelario impulsado por Nayib Bukele en El Salvador.
Nadie discute que la crisis de seguridad es real y exige acciones firmes; lo preocupante es que esta apuesta por la “mano dura” se haya presentado como solución estructural sin evidencia clara de su eficacia a largo plazo y con serios cuestionamientos internacionales por sus implicaciones en los derechos humanos.
Más aún, este énfasis en la fuerza contrasta con la falta de financiamiento suficiente y la deslegitimación discursiva de instituciones clave como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por el mismo gobierno, cuya capacidad investigativa, técnica y operativa resulta esencial para combatir el crimen organizado de manera sostenible. Apostar por grandes símbolos punitivos mientras se debilitan los recursos y el respaldo político a los pilares de la investigación criminal y el debido proceso revela una contradicción profunda: se promete seguridad, pero se erosiona la institucionalidad que realmente la hace posible. Debilitar el Estado mientras se promete mano dura no solo es incoherente: es peligroso.
A ello se suma un estilo de liderazgo abiertamente confrontacional, que ha normalizado el hostigamiento público y la intimidación política como forma de gobierno. El presidente Rodrigo Chaves ha recurrido de manera reiterada a la descalificación de periodistas, diputaciones, jerarcas institucionales y sectores sociales que no se alinean con su agenda, acompañando el disenso con advertencias veladas, señalamientos personales y llamados a la presión popular.
Este tipo de retórica, documentada por la prensa nacional e internacional, pone en peligro nuestra democracia. Cuando el desacuerdo se presenta como enemistad y la crítica como traición, se debilita el debate público y se instala el miedo como mecanismo de control. La historia demuestra que las democracias no colapsan solo por decisiones formales, sino también cuando el abuso verbal, la amenaza simbólica y la humillación pública se vuelven prácticas aceptables desde el poder.
Un gobierno democrático no gobierna contra su población, ni convierte a las minorías más vulnerables en chivos expiatorios. Por el contrario, rinde cuentas, escucha, corrige y representa. La fortaleza de una democracia se mide, precisamente, en cómo protege a quienes tienen menos poder, no en cómo los confronta. En un mundo convulsionado por guerras, crisis económicas y retrocesos democráticos, Costa Rica necesita un liderazgo sereno, ético y capaz de dialogar y de reconstruir confianza en la democracia, en las instituciones, y en los derechos humanos.
Ante el entorno internacional convulsionado, nuestras capacidades de acción son limitadas. Pero a nivel nacional, nuestro margen de decisión es absoluto. El voto sigue siendo nuestra voz más poderosa. Estas elecciones probablemente sean las más importantes de las últimas décadas para nuestro país, no solo por quién gobierne, sino por cómo se gobierna y desde dónde se ejerce el poder.
¿Queremos ser un país que predica con el ejemplo, que fortalece sus instituciones y protege su tejido social, o uno que sigue una corriente peligrosa que puede socavar nuestra tranquilidad y estabilidad? Este 1.° de febrero, cada voto contará. Que sea informado, responsable y consciente del país que queremos seguir siendo.
aimee_lb@yahoo.com
Aimée Leslie es gestora ambiental y doctora en transiciones hacia la sostenibilidad.