Fernando Zamora. 10 abril

El presidente electo nos ha convocado a los partidos políticos con representación legislativa a conformar un gobierno nacional multipartidario. La mecánica de la propuesta consiste en que, de la mitad menos uno de los ministerios, a los partidos políticos no ganadores en la contienda recién pasada se nos asigne una cuota proporcional de cargos.

A cambio, cada partido se compromete a apoyar una serie de iniciativas previamente consensuadas. Algunos anunciaron de inmediato la aceptación de la iniciativa; otros, aún no se han pronunciado. En el caso de Liberación Nacional, se tomó la decisión de celebrar y apoyar la iniciativa, no sin antes advertir que no aceptaría cargos públicos en función de ello.

La base lógica a partir de la cual construir un pacto inmediato debe ser el acuerdo suscrito por todos los partidos políticos en el 2017

Aquí, lo que realmente interesa es la receta, no el cocinero. Amén del hecho de que, tratándose de un llamado a la concertación por el país, no debe existir otro interés que el patriótico.

Pues bien, descrito el escenario, amerita analizar los elementos básicos de lo que, según mi criterio, deben ser los parámetros o elementos de este acuerdo. El primero sería que la base lógica a partir de la cual construir un pacto inmediato debe ser el acuerdo suscrito por todos los partidos políticos en el 2017.

Sin duda alguna, allí está buena parte del camino recorrido. Los partidos no podrían oponerse a lo que suscribieron. Lo que corresponde es honrar lo firmado, ejecutando en el Congreso la aprobación de los proyectos de ley que traducen las resoluciones pactadas.

Allí existe un marco de planteamientos en las materias sensibles de nuestro desarrollo, como lo es la descentralización político-administrativa, transporte público e infraestructura, reforma educativa integral, empleo público, simplificación de trámites y reformas a la seguridad social, entre otros aspectos.

Contención del gasto. El segundo parámetro está condicionado por el reto inmediato que tiene el nuevo gobierno de frenar la grave hemorragia que desangra nuestras finanzas públicas.

La situación se resume en una sentencia implacable: estamos endeudados hasta el copete porque tenemos un nivel de productividad que no puede sostener el caro aparato público que sostenemos.

Don Pepe Figueres decía que teníamos gusto de champaña con bolsillo de agua dulce. Parafraseando su coloquial aforismo, podemos afirmar que, teniendo bolsillo de agua dulce, se ha generado una estructura pública cara como la champaña.

Ante tal desafío, el nuevo gobierno habrá de armarse de una doble valentía para ello, pues su partido, el PAC, no solo aumentó sustancialmente ese gasto en los últimos cuatro años, sino que ha sostenido un discurso ideológico que prohíja un esquema estatista a la vieja usanza.

Tanto así que los sectores sindicales del Estado apostaron por ese partido, al extremo de que uno de sus sindicalistas prominentes es segundo al mando en la fórmula presidencial. Además, resulta molesto detectar, un día sí y otro también, que la voluntad real de salida al problema consiste simplemente en imponer nuevas cargas tributarias sobre las espaldas de la sociedad civil. Esta solución desviste un santo para arropar al otro.

El gobierno no parece consciente de que limitarse a aumentar el peso impositivo desestimula la economía privada, que es la que suministra los recursos a ese oso hambriento que es el Estado.

Cuando terminen de arropar al segundo santo, verán entonces desnudo al primero, y habrán caído en la cuenta de que no solucionaron el problema. Por ello, el reto inmediato es enfrentar el desafío en materia de contención del gasto, sobre la base de los presupuestos que paso a mencionar: erradicar los privilegios de la nomenklatura enquistada en las entidades públicas.

La evidencia histórica es que, una vez consolidadas las burocracias que originalmente fueron instaladas para atender necesidades específicas del desarrollo, a mitad del camino, estas terminan convirtiéndose en fines en sí mismas.

La necesidad de garantizar la eficiencia de la Administración Pública es otro presupuesto. La ineficiencia hace que el Estado, originalmente destinado a resolver las urgencias del desarrollo, termine convirtiéndose en parte del problema. Aquí cito un ejemplo a manera de ilustración: en la comunidad de Palmichal de Acosta, existe una loable iniciativa de turismo rural comunitario. Fue emprendida por la misma comunidad y genera ingresos a sus habitantes sin requerir de la asistencia estatal. Se trata de un proyecto de protección de las nacientes del río Negro y Tabarcia, con su respectiva cuenca en la zona. Además, el proyecto cuenta con zonas de alojamiento ecológicamente sustentables. La iniciativa, incluso, ha sido reconocida por medios periodísticos, que han hecho reportajes divulgando su labor.

Pues resulta que he sido testigo de cómo el poder estatal, por una u otra nimiedad, se ha dedicado a perseguirlos, llegando incluso al punto de amenazar su propia existencia. Aquello es la inversión del sentido y la razón de ser del poder de imperio estatal.

La mejora en la eficiencia pública es urgente; iniciativas que busquen medidas que promueven la desregulación de todas las actividades productivas, así como la simplificación de trámites y procedimientos que estén asociados a ellas es un presupuesto fundamental de la eficiencia pública.

Otros problemas. Otros presupuestos de eficiencia, como la homologación de puestos en el sector descentralizado y en la administración municipal, lineamientos comunes sobre gestión y calificación del empleado público, así como el establecimiento de mecanismos rigurosos de evaluación en función de resultados, son elementos indispensables con el objetivo de dar eficiencia.

El brutal atraso en la ejecución de obras públicas, sobre las cuales se pagan intereses por préstamos millonarios, no es sino un alarmante reflejo de nuestros actuales problemas de eficiencia pública.

Otro presupuesto de ahorro implica erradicar la duplicidad de funciones estatales. Costa Rica es un país con una población económicamente activa de apenas poco más de dos millones de personas. No somos Brasil. Nada justifica que aquí existan dos o más entidades públicas persiguiendo los mismos objetivos, o peor aún, efectuando las mismas funciones.

El último parámetro básico consiste en la necesidad de reactivar la economía. Para ello, la responsabilidad del gobierno será proponer las iniciativas que estimulen dos de las vías más eficientes para ello: por una parte, el inventario de ejecución de obra pública por medio de alianzas público-privadas y, por otra, las políticas públicas necesarias para en los próximos cuatro años atraer inversión de alta tecnología. El nuevo gobierno tiene la palabra.

fzamora@abogados.or.cr

El autor es abogado constitucionalista.