Escuchar“Es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder se inclina a abusar de él; llega hasta donde encuentra límites”, escribió Montesquieu hace casi tres siglos. Por eso, las democracias modernas construyeron instituciones capaces de poner límites al poder y proteger los derechos de los ciudadanos.
Costa Rica ha sido históricamente un ejemplo de esa visión. La Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial, la Sala Constitucional, la Asamblea Legislativa, una oposición fuerte y otros órganos de control no surgieron por accidente.
Muchos costarricenses hemos crecido dando por sentada la existencia de instituciones que, en realidad, han requerido décadas de construcción democrática. La oposición, en particular, cumple una función esencial. Fiscaliza, cuestiona, propone alternativas y evita la concentración del poder. No es casual que el dos veces presidente don Óscar Arias Sánchez afirmara que un verdadero demócrata, si no tenía oposición, la formaba. El disenso no es una amenaza para la democracia, sino una de sus condiciones indispensables.
Por eso, debemos poner Bajo la lupa la creciente tendencia observada en los últimos años de desacreditar estas instituciones cuando sus decisiones resultan incómodas. Cuestionarlas es legítimo; se les debe exigir transparencia, eficiencia y rendición de cuentas como una obligación ciudadana. Lo preocupante es cuando la crítica se transforma en ataques personales, campañas de desprestigio o llamados a la renuncia de quienes ejercen funciones institucionales sin que exista una discusión seria sobre cómo mejorar aquello que se considera defectuoso.
Por supuesto, ninguna institución es perfecta. Algunas requieren reformas profundas y otras han cometido errores de consideración.
Si una institución no funciona adecuadamente, la democracia ofrece mecanismos para corregirla. Las leyes pueden modificarse. Los procedimientos pueden modernizarse. Los controles pueden fortalecerse. Lo que no fortalece la institucionalidad es sustituir el debate sobre las reformas por la confrontación permanente contra las personas o contra las propias instituciones.
Un ejemplo de la fortaleza de nuestro sistema es el recurso de amparo. Cualquier ciudadano puede acudir a la Sala Constitucional para reclamar la protección de sus derechos fundamentales. No es necesario contar con un abogado o con recursos económicos; se puede redactar a mano, en cualquier papel. Solo se requiere considerar que un derecho ha sido vulnerado. Con ello, se ha logrado acercar la justicia constitucional a la ciudadanía.
Cuando se debilitan los límites al poder, los ciudadanos terminamos perdiendo mucho más que una institución: perdemos una parte de nuestra democracia.
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María L. Ávila Agüero es pediatra infectóloga, jefa del Servicio de Infectología del Hospital Nacional de Niños y miembro de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina.
