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Es difícil entender cómo los candidatos y candidatas presidenciales abordan los llamados “problemas del país” sin reconocer que detrás de ellos hay personas concretas. En el caso de adolescentes y jóvenes, esta omisión se ha vuelto un lugar común. Se trata de una población sistemáticamente invisibilizada, pese a que enfrenta un conjunto creciente de amenazas que impactan de manera directa y negativa su presente y su futuro.
Son al menos seis las grandes deudas que, como sociedad, mantenemos con este grupo poblacional estratégico para el desarrollo del país.
La primera deuda es garantizar la graduación en secundaria de la totalidad de los adolescentes y asegurar, además, que la educación recibida sea de calidad. Esta es una meta de la que aún estamos muy lejos: el 52% de las personas de entre 18 y 24 años no ha concluido la secundaria. A ello se suma el rezago en los aprendizajes, la disminución sostenida de la inversión en educación y una profunda crisis de gestión. El llamado “apagón educativo” provocado por la pandemia dejó al descubierto graves deficiencias en conectividad, infraestructura educativa y profundas desigualdades sociales.
La segunda deuda es brindar una educación integral en sexualidad de calidad en la secundaria. Esta necesidad había comenzado a atenderse con el Programa de Educación para la Afectividad y la Sexualidad del MEP, que fue eliminado de manera inexplicable y sin evaluación alguna, y sin ofrecer una alternativa realista a una demanda urgente de la población adolescente. El descenso del embarazo adolescente –un hito histórico para el país– hoy está en riesgo. No es casual que en diciembre de 2025 la CCSS reportara un aumento de embarazos adolescentes y de infecciones de transmisión sexual en la región Pacífico central.
La tercera deuda consiste en garantizar que todo adolescente o joven de entre 15 y 24 años que esté fuera del sistema educativo adquiera competencias y habilidades técnicas o vocacionales que le permitan insertarse en el mercado laboral o desarrollar un emprendimiento propio. En este esfuerzo, instituciones como INA, CCSS, PANI y el Ministerio de Trabajo deben asumir un rol protagónico y coordinado.
La cuarta deuda es el desarrollo de políticas y planes de salud adolescente y juvenil –al menos hasta los 25 años– que incorporen servicios diferenciados, integrales y de calidad, orientados a construir una adolescencia y juventud sanas y una adultez con calidad de vida.
Sin embargo, Costa Rica ha desatendido gravemente las acciones de promoción, prevención y atención en salud integral dirigidas a esta población. Las consecuencias de este abandono son claras y preocupantes. La atención en salud mental ha sido casi inexistente, situación agravada por la pandemia de covid-19.
A ello se suma la epidemia de obesidad –con proyecciones que indican que para el año 2060, el 94% de la población tendrá sobrepeso u obesidad–, el aumento de infartos cerebrales y al miocardio en personas jóvenes, así como el crecimiento del consumo y las adicciones a drogas.
La quinta deuda es el combate efectivo a todas las formas de violencia. El panorama nacional es desolador: una proporción significativa de las víctimas de accidentes de tránsito, suicidios y homicidios –tanto víctimas como victimarios– son personas menores de 30 años.
Una investigación realizada en 2019, junto con la Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional de Niños, reveló que, de 9.223 estudiantes de secundaria encuestados, el 13% manifestó haber planeado suicidarse; el 18%, haber tenido ideación suicida; el 9%, portar armas en la calle, y el 5%, llevarlas al centro educativo.
La sexta deuda es incorporar de manera real y efectiva a adolescentes y jóvenes en la discusión, diseño y ejecución de las políticas y programas que los afectan. Persiste una visión adultocéntrica que limita su participación en la toma de decisiones y reduce su rol a una presencia simbólica.
Paradójicamente, los jóvenes tienen un peso decisivo en los procesos electorales. Las personas de 18 a 35 años representan cerca del 37% del padrón electoral. Corresponde a los partidos políticos presentar propuestas que los representen, los interpelen y los motiven a votar.
Ante este panorama, resulta imprescindible conocer la posición de los candidatos y candidatas frente a los temas que impactan de forma directa y negativa a adolescentes y jóvenes. Escuchar sus respuestas a preguntas concretas debería ser una exigencia democrática básica. Entre ellas:
- ¿Cuál es su posición respecto a la legislación que afecta directamente a esta población, en particular los proyectos de ley relacionados con la marihuana recreativa, el financiamiento del deporte mediante la propaganda de licor, el etiquetado frontal de productos con alto contenido de grasas trans, sodio o azúcar, y el etiquetado neutro de las cajetillas de cigarrillos?
- Un joven limonense afirmó en un foro de un medio de comunicación que, en su provincia, las opciones parecen reducirse a destacar en atletismo o terminar vinculado al narcotráfico. ¿Comparte esta apreciación?
- ¿Qué opina del hecho de que cerca del 50% de los adolescentes tenga un consumo de riesgo de comida ultraprocesada, especialmente de franquicias internacionales, y que este patrón alimentario sea uno de los principales detonantes de la epidemia de obesidad, con altos costos para la CCSS?
- Cerca del 30 % de los adolescentes ha pensado o planeado morir. La depresión, la ansiedad, los intentos de suicidio y los trastornos de la conducta alimentaria han aumentado de manera significativa. ¿Cuál sería su abordaje frente a esta crisis de salud mental?
- ¿Qué estrategias implementaría para fomentar la permanencia en el sistema educativo y reincorporar a quienes han sido expulsados de él?
- ¿Reactivaría el Programa de Educación para la Afectividad y la Sexualidad del MEP?
- ¿Qué propuestas plantea para que los jóvenes se beneficien del desarrollo de la inteligencia artificial y, al mismo tiempo, se minimicen sus efectos negativos?
- ¿Está de acuerdo con prohibir o regular de manera drástica el uso de redes sociales en personas menores de 16 años?
- ¿Apoyaría un programa diferenciado de salud integral de la CCSS para adolescentes y jóvenes, al menos hasta los 25 años?
- ¿Qué estrategia propone para enfrentar el desempleo juvenil, que ronda el 25% y es tres veces y medio superior al desempleo general?
- ¿Qué opciones ofrece para facilitar el acceso a vivienda para jóvenes?
- Dado que adolescentes y jóvenes concentran la mayoría de las víctimas y victimarios de homicidios, así como de suicidios y accidentes de tránsito, ¿qué alternativas concretas plantea para enfrentar esta realidad?
- En un eventual gobierno suyo, ¿cómo visualiza el papel del Ministerio de Cultura y Juventud, el Ministerio del Deporte, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia y el Consejo de la Persona Joven?
Estas preguntas apenas rozan la magnitud de las deudas acumuladas con la juventud. La interrogante de fondo sigue siendo la misma: ¿habrá algún candidato o candidata dispuesto a tomarlas en serio, o seguiremos, una vez más, abandonando a esta población clave para el futuro del país?
morabecr@gmail.com
Alberto Morales Bejarano es pediatra; fue fundador de la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños y su director durante 30 años.
