Periodismo y probidad: mi último cartucho

Me refiero a un macrofactor ausente en la “agenda relevante” de partidos, gobernantes, legisladores, Contraloría y Defensoría; también del mismo Tribunal Supremo de Elecciones respecto a la formación de los estadistas que el país exige.

Hablo de un “bien supremo” consagrado en el juramento del artículo 194: ejercer todos, en sus labores cotidianas, un obligado “deber de probidad”, como un médico con sus pacientes. El Estado, sobre todo, está obligado a asumirlo con respecto a la salud socioeconómica de la población. No hay otra forma de interpretar dicho juramento... (si somos serios…).

Sostengo que el clientelismo político, la corrupción en instituciones y en el ámbito privado, la inseguridad, el mal trato al usuario, la desviación de leyes y presupuestos, la negligencia y las deficientes políticas gubernativas en infraestructura vial, salud, educación, vivienda, ambiente, agricultura, etc., tienen su origen inequívocamente único en el ejercicio improvisado y mejenguero de un desbordado “poder administrativo” de quienes gobiernan en vez del tipo de “dirección política estratégica” claramente consagrada como eje esencial de nuestro Régimen social de derecho.

Sostengo también que para sacar al país del marasmo casi insondable e irreversible en que ha caído, no se requieren “38”, ni siquiera 57 legisladores. Sería suficiente con uno visionario y probo que, por cumplir rigurosamente con su propio juramento, lograra el “milagro” de forzar a sus 56 colegas, al presidente de turno, a la Contraloría, la Defensoría y al TSE, a cumplir todos con ese mismo “194”.

Veamos.

Vivienda. El editorial llega a una conclusión con la que no podía estar más de acuerdo: “El gran problema es una falta de dirección estratégica de la acción estatal, que se refleja también en otros campos. Mientras esto no cambie, será casi inevitable que el deterioro se acelere aún más”.

Como estudioso obsesivo del tema, asumo que se refiere al mismo concepto por el que hemos abogado durante cinco décadas incluso desde esta misma Página Quince, o sea aquel nacido en la Constitución de 1949 (artículo 140.3 y .8) pero operativizado en 1978 en la Ley General de la Administración Pública 6227 (arts. 26.b, 27.1, 98, 99 y 100). Hablo de la macrocompetencia más virtuosa y estratégica que, de ser aprendida y ejercitada, ha estado llamada a producir el tipo de “estadistas movilizadores” que harían funcionar como un reloj todo el aparato gubernativo. O sea: no había que esperar por consejos de la OCDE o de Elon Musk; o “hacer loco” refundiendo instituciones en ministerios.

La práctica de esa “dirección estratégica”, por desgracia y como reconoce escuetamente el editorialista, ha sido precaria o inexistente en todo ramo o sector. En vivienda, es a la ministra a quien se debía exigir explicaciones, inclusive de cómo ella también es presidenta ejecutiva del INVU a pesar de la prohibición explícita en el art. 143 de la Constitución y en el 4 de la Ley 5507 de presidencias. Pero esto nunca ha sido noticia.

Estamos ante una situación fáctica de “suma-cero”: como presidenta ejecutiva, la ministra es subordinada de la Junta Directiva, lo cual la pone en una posición disfuncional e ilegítima como “juez y parte”, ya que, como Poder Ejecutivo del sector, es quien debe ordenar, “vía directrices”, las actividades convergentes del INVU con Bahnvi, Senara, AyA, Setena y otros entes para que funcionen como un “todo integrado”; y rendir cuentas por ello. Pero servir a Dios y al diablo al mismo tiempo hace que todo buen propósito “estratégico” termine quemado en el “infierno tico”.

Esta misma desquiciante violación ocurre con los varios presidentes ejecutivos nombrados ministros sin cartera. Pero esto tampoco, a pesar de constituir un indiscutible ornitorrinco jurídico y orgánico, nunca ha sido noticia.

Tampoco la Asamblea se ha molestado nunca en exigir cuentas a ningún ministro “sectorial”. Hace dos años enviamos “alertas relevantes” a la Comisión de Reforma del Estado y al Frente Amplio y nada logramos aunque, con o sin alertas, es obligación de todo legislador hacerlo. Pero tampoco esto ha sido noticia.

Una desgracia mayor: nadie entiende que los “sectores” son grupos de actividades institucionales que convergen hacia una misma población objetivo (ejemplo, las 22 que manejan 44 programas de pobreza) y tienen que operar como macrounidades orgánicas bajo la dirección y coordinación del ministro del ramo con el presidente. ¿No es hora de entenderlo y empezar a exigirles “cuentas sectoriales”?

Japdeva y lo regional. Me tomo la libertad académica de ampliar aspectos del análisis editorial: la provincia de Limón –y todas– depende para su desarrollo del aporte integrado de todos los ministerios y entes que se proyectan en su territorio. Limón no solo depende de los ¢50.000 millones que ha aportado APM. Para muestra, un botón: en el 2001 documentamos que Japdeva aportaba ¢2.500 “pinches” millones, contra ¢70.000 de “casi” todas las demás instituciones. Piénsese en el crecimiento que esta suma “extra-Japdeva” ha tenido en 24 años (¿unos ¢300.000 millones hoy?).

Sin embargo, los gobiernos han incumplido no solo “una ley” sino toda la Constitución además de dos leyes estratégicas: una de 1974 (la 5525) y otra de 1978 (la 6227), rehusando flagrantemente dirigir ese esfuerzo estratégico que sí podía sacar a Limón y a toda provincia y, por ende, al país, del atolladero en que caímos. Además, ello tenía que hacerse con una protagónica participación de la sociedad civil vía “consejos regionales de desarrollo” creados por Mideplán desde 1976, pero activados erráticamente según el presidente de turno. ¿Lo peor? Nadie acata a pedir cuentas sobre Limón al Poder Ejecutivo responsable, o sea al presidente con los ministros tanto de Mideplán (por lo de desarrollo regional) y del MOPT (como ministro rector de Japdeva). Pero… tampoco esto ha sido noticia.

Conclusión. Para evitar otro desgobierno que consolide la irreversible caída libre del país, ¿no creen los directores y editorialistas de todo medio que es hora de aleccionar al pueblo sobre estos “temitas” cruciales invisibilizados por décadas hasta por el mismísimo TSE?

Las necesidades del pueblo no satisfechas aún no lo serán por la “mano invisible” del mercado o refundiendo instituciones, sino contando con los estadistas perfilados en nuestra Constitución. Es en esta, no en textos foráneos, donde encontramos la mejor y más sólida teoría sobre la “dirección estratégica” necesaria para resucitar nuestro alicaído Régimen social de derecho.

Lanzo este “último cartucho” para motivar a nuestros mejores periodistas a ejercitar con mayor ahínco ese “bien superior” de la probidad indagatoria e informativa a que me refiero, que es la que les permitirá exhibir al presidente y a sus ministros por los resultados descarnados en sus sectores como tales, en vez de quitarse todos estos el tiro, e incluso, comprometer a los legisladores para que ellos hagan lo mismo. Esto bajaría “la nueva barra” para que los que pretendan “llegar” en mayo del 2026, tengan que flexionarse como el demonio pasándola por debajo, en vez de brincársela impunemente hasta sin garrocha.

Hacerlo ahora, permitirá evitar mañana el marasmo babélico que se dará entre los múltiples candidatos presidenciales y los votantes (tal y como notoriamente se dio en la contienda interna del PLN), sobre todo en esta materia sustancial de dirección y planificación gubernativas (gobernanza, como dicen muchos diletantes) de los multimillonarios recursos disponibles para resolver los problemas del país.

¿Tienen los candidatos clara esta máxima constitucional? En este momento definitorio para Costa Rica, sostengo que no. El problema de fondo es que, si los electores tampoco la adquieren, la próxima elección será, con plena complicidad de todos, un… arrivederci, Tiquicia…

jmeonos@ice.co.cr

Johnny Meoño Segura es catedrático jubilado de la Universidad de Costa Rica (UCR).