EscucharHace menos de dos años, expresiones como aplanar la curva, seguimiento de contactos, distanciamiento social y muchas otras relacionadas con la pandemia de covid-19 entraron al léxico y se convirtieron en parte de la comunicación cotidiana. La gente por doquier aprendió más sobre epidemiología, virología e inmunología de lo que nunca imaginó.
Sin embargo, a pesar de una mayor atención hacia la salud pública, son pocos los que pueden mencionar la principal causa de muertes en el mundo. No es casualidad.
Las enfermedades no transmisibles (ENT) —especialmente las cardiopatías, los derrames cerebrales, el cáncer y la diabetes— causan más de 40 millones de muertes al año, ejercen presión sobre los sistemas de salud e implican costos sociales y económicos significativos, pero no atraen ni remotamente la misma atención que las enfermedades infecciosas, como la covid-19, aun cuando son, en gran medida, evitables.
Sabemos desde hace mucho que el consumo de alcohol, tabaco y dietas elevadas en grasas, sodio y azúcares aumentan la incidencia de las ENT. Pero, a pesar de ciertos avances en los últimos años (especialmente para reducir el uso del tabaco), estos factores de riesgo no reciben la atención que merecen en las discusiones en todo el mundo.
Eso se debe en parte a que las empresas que fabrican, publicitan y venden estos productos tienen un gran impacto en la forma en que el público percibe las ENT.
Técnicas de distracción
Las tabacaleras, productoras de bebidas alcohólicas y de alimentos ultraprocesados vienen restando importancia desde hace mucho tiempo a los efectos de sus productos en la salud pública. Y desde que comenzó la pandemia usaron campañas de marketing relacionadas con la covid-19 e iniciativas de responsabilidad social corporativa para distraer aún más la atención pública.
Un estudio llevado a cabo en 18 países entre marzo y julio del 2020 compiló unos 280 ejemplos de las formas como Coca-Cola, McDonald’s, Nestlé y Pepsi aprovecharon la emergencia de salud pública para promocionar productos poco saludables en poblaciones vulnerables.
En Brasil, Nestlé y Danone donaron alimentos ultraprocesados a un programa gubernamental que ofrece comida a residentes de bajos ingresos. Coca-Cola aportó sus bebidas azucaradas en paquetes de alimentos en Sudáfrica. Y el fabricante de alimentos colombiano Alpina promocionó un yogur con elevado contenido de azúcar como algo fundamental para mejorar el sistema inmunitario.
De manera similar, según un informe reciente, las tabacaleras usaron actividades de responsabilidad social corporativa relacionadas con la pandemia para ampliar su llegada a los funcionarios de alto rango y reparar su imagen pública. En un audaz ejemplo, Philip Morris International donó respiradores a hospitales en Grecia y Ucrania.
La incoherencia de un sistema que trabaja codo a codo con algunos de los mayores causantes de ENT mientras trata de responder a la covid-19 debiera producir indignación generalizada, pero esas actividades han pasado en gran medida inadvertidas y no han generado comentarios.
Una forma de influir
Es cierto que en algunos casos las empresas desempeñan un papel al entregar bienes o servicios que los gobiernos no proveen, pero la incapacidad del Estado para cubrir esas falencias no debiera ser una excusa para que las empresas oculten los daños que causan.
Cuando las grandes tabacaleras o productoras de alimentos ultraprocesados influyen en los gobiernos con donaciones de alimentos o equipos médicos y otras iniciativas sociales con alto perfil, los esfuerzos de salud pública para combatir las ENT resultan inútiles.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) documentó recientemente la contribución de las corporaciones a los problemas de salud y el aumento de la desigualdad en el mundo.
Para abordar la pandemia de ENT hay que regular estrictamente su influencia en la creación de políticas. Los gobiernos deben cumplir su obligación de proteger a los ciudadanos de las actividades perjudiciales de terceros (incluidas las tabacaleras y empresas multinacionales productoras de bebidas y alimentos ultraprocesados). No controlar esas actividades corporativas implica violar el fundamental derecho humano a la salud de sus ciudadanos.
La experiencia con las grandes tabacaleras ofrece ejemplos de formas en que la comunidad internacional puede lidiar con la interferencia del sector privado en la salud pública. Después de la adopción del Convenio Marco para el Control del Tabaco, que entró en vigor en el 2005, los gobiernos en todo el mundo reconocieron que el sector privado había realizado actividades concertadas para socavar y debilitar los esfuerzos para controlar el consumo de tabaco, y algunos países adoptaron medidas para ocuparse del problema.
Disfraces
A la luz de las tácticas que aplicaron las corporaciones durante la pandemia de covid-19, debemos adoptar medidas legales para evitar la normalización de actividades que, disfrazadas de muestras de “responsabilidad social”, ofrecen beneficios a corto plazo a las comunidades a expensas de la salud pública.
Los gobiernos no solo deben garantizar que el público sea consciente de los daños que causan el tabaco, el alcohol y los alimentos poco saludables, deben establecer también medidas para limitar las interacciones de los responsables de las políticas con esas industrias.
Como dijo recientemente el director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, “si el tabaco fuera un virus, hace mucho lo habríamos calificado de pandemia y el mundo habría destinado todos sus recursos a ponerle freno. En lugar de eso, tenemos un negocio de varios miles de millones de dólares que lucra con la muerte y la enfermedad”. Su comentario aplica en igual medida a otros productos que contribuyen a las ENT.
Los gobiernos deben tomar acciones contundentes para contrarrestar el papel del sector privado en el debilitamiento de la salud pública. Aun cuando las corporaciones se ofrecen a ayudar a una comunidad, los funcionarios deben asegurarse de que esa asistencia no solucione los problemas creando otros nuevos.
Andrés Constantin, asociado de la Iniciativa Familias, es director adjunto interino de los programas de Maestría en Derecho Sanitario del Instituto O’Neill y profesor adjunto de Derecho en la Universidad de Georgetown.
© Project Syndicate 1995–2022
