Pago electrónico: ¿a quién bajamos del bus?

Hay ideas que son muy buenas. Ideas que pueden generar avances importantes para gran parte de la población y que, de primera entrada, merecen todo nuestro apoyo. Pero, cuidado. Es el caso de la propuesta de introducir el pago electrónico en nuestro sistema de transporte público –especialmente en los buses– que es sin duda un avance con muchos beneficios y que hemos esperado por muchos años. Pero cuidado.

Hace unos días, se publicó la buena noticia que, de acuerdo con las estimaciones del Banco Central, unos 2.000 buses dispondrán de pago electrónico y más de 200.000 transacciones se habrán realizado mediante ese sistema al finalizar el año. La meta es que, en un plazo máximo de tres años, todos los buses a lo largo y ancho del país puedan utilizar el pago electrónico.

Contar finalmente con la posibilidad del pago en los buses es una excelente noticia pues, como se ha dicho, eso permitirá mejorar la eficiencia y reducir costos del transporte público, así como reforzar la seguridad, la higiene, la salud pública, la modernización, la transparencia, la inclusión financiera y la agilidad del servicio. Esto será particularmente importante para que la Aresep cuente con información más fidedigna sobre la verdadera cantidad de pasajeros que están utilizando los buses, un dato clave para la fijación de tarifas justas para las empresas y sus usuarios.

Pero siempre hay un pero. Y este es un pero muy importante, ya que la propuesta no solo pretende que los buses y sus usuarios “puedan” usar el pago electrónico, sino que “tengan” que usarlo obligatoriamente. Y eso, a pesar de las buenas intenciones, puede resultar excluyente para mucha gente, en especial para la gente que más necesita del transporte público.

Así lo ha advertido la Procuraduría General de la República (PGR) ante consulta legislativa sobre la propuesta para reformar la Ley Orgánica del Banco Central.

Actualmente, de acuerdo con esta ley, los billetes y monedas emitidos por el Banco Central son de recibo obligatorio. Esto quiere decir que nadie en Costa Rica puede negarse a aceptar colones en efectivo en cualquier tipo de venta que realice.

Cualquier compra que yo quiera hacer en Costa Rica la puedo pagar en colones físicos: en billetes y monedas. Con la reforma a la Ley del Banco Central, se introduciría una excepción a esto al establecer que, para el pago del transporte público, NO se podrán utilizar colones en forma de monedas o billetes, sino que tendrá que pagarse, obligatoriamente, con medios electrónicos. Literalmente, la propuesta de modificación del artículo 46 de la Ley Orgánica del Banco Central dice así:

“Artículo 46. Poder del efectivo.

Los billetes y las monedas emitidos por el Banco Central de Costa Rica tienen poder liberatorio ilimitado en el territorio de la República y sirven para liquidar toda clase de obligaciones pecuniarias. Se exceptúa de lo anterior el pago de la tarifa del servicio público de transporte remunerado de personas modalidad autobús de ruta regular, en el cual se deberá eliminar el uso de billetes y monedas con el propósito de adoptar únicamente medios de cobro y pago electrónicos, salvo en situaciones de emergencia nacional o cuando el sistema presente desperfectos o fallas que impidan temporalmente su funcionamiento, de tal forma que se amerite la recepción y el pago de dinero en efectivo".

En dos platos, solo se podrá usar el servicio de buses pagando electrónicamente. Si alguien no tiene medios de pago electrónicos... que camine (o que llame un taxi o un Uber, dirán los más desubicados).

Es justo en este punto que la procuradora Silvia Patiño responde la consulta legislativa señalando que eliminar el pago en efectivo en el transporte público y sustituirlo por el pago electrónico, aunque positivo en muchos sentidos, podría restringir el acceso al servicio para personas en condición de vulnerabilidad que no están incorporadas al sistema financiero de pago electrónico.

En palabras de la procuradora: “Aunque la propuesta se justifica en la modernización del sistema de pago, podría generar exclusión en sectores de la población que no tienen acceso a la banca formal o a medios tecnológicos, lo que plantea un posible conflicto con el derecho al acceso equitativo a los servicios públicos”. Y agrega que “podría plantearse un debate sobre el derecho de los ciudadanos al libre acceso a los servicios públicos si el único método de pago fuera electrónico, especialmente para poblaciones sin acceso a la banca formal o con dificultades para el uso de tecnologías”.

No es un punto menor. Es un punto que complementa el análisis centrado en la eficiencia que, con toda razón, nos señala las ventajas de introducir el uso del pago electrónico en el servicio de buses, con un análisis centrado en la equidad: si los habitantes más pobres y vulnerables son los más excluidos del sistema electrónico de pagos, ¿de verdad querríamos bajarlos del bus e impedirles el uso del transporte público? La procuradora tiene razón. Hoy abrimos la excepción para los buses; ¿qué excepción vendrá después?, ¿cuántas excepciones? No es un tema menor, máxime porque del transporte, este debate podría ampliarse a muchos otros servicios.

Esto no quiere decir que haya que oponerse o rechazar la introducción y la expansión del pago electrónico en el transporte público o en otros servicios. Por supuesto que permitirles a los usuarios de los buses pagar electrónicamente es un avance cuyas ventajas ya mencionadas son innegables. Lo que no debe ocurrir es que “la posibilidad” de usar el pago electrónico se convierta en “la obligación” de usar el pago electrónico o la imposibilidad de pagar en efectivo.

Por supuesto, alguien me dirá que si no es obligatorio, esto no nos permitiría conocer con exactitud el número de usuarios de cada ruta –una de las ventajas que mencioné–. Es cierto, pero también es cierto que, como ha ocurrido con el Sinpe, la mayoría de la gente recurrirá en forma creciente al pago electrónico y esto nos dará una buena aproximación del uso del servicio. Sería mucho más grave tener un conteo exacto... pero a costa de bajar del bus a los que aún no tienen pago electrónico.

Son dos las lecciones de este proceso. Una, es que, sin duda, la tecnología bien usada nos puede permitir modernizar y aumentar la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y hay que seguir avanzando en esa dirección. Pero la otra, es que los avances tecnológicos no pueden fragmentar al país y, mucho menos, en lo que respecta a los servicios públicos.

Introduzcamos las tecnologías más modernas –en este caso, introduzcamos el pago electrónico en los buses–. Pero al mismo tiempo, tomemos las medidas necesarias para que estos avances no dejen por fuera de estos servicios a quienes más los necesitan –en este caso, permitamos y estimulemos el pago electrónico, pero no bajemos del bus a quien todavía esté excluido de esas herramientas financieras–. La eficiencia no tiene por qué lograrse a costa de la equidad.

leonardogarnier@gmail.com

Leonardo Garnier es economista. Fue ministro de Educación de 2006 a 2014.