Evelyn Villarreal Fernández. 15 junio

Solo en el 2018 ingresaron unos 713.000 casos al Poder Judicial. En promedio, 555 nuevos para cada juez de primera instancia.

En la actual crisis económica y social, y dadas las drásticas medidas que el gobierno deberá adoptar para mitigar los efectos de la pandemia, es muy probable un aumento de la demanda de intervención judicial.

Piense únicamente en los inmediatos asuntos laborales, cobros judiciales, quiebras, pensiones alimentarias, recursos de amparo o de constitucionalidad, entre otros.

El Poder Judicial enfrenta una restricción de sus recursos al mismo tiempo que la sociedad lo necesita más.

Del 2000 al 2018, el gasto judicial por persona se quintuplicó, de $32 a $168, pero luego se estancó. La crisis acentuará esta tendencia, puesto que el presupuesto nacional, del cual depende, resultará fuertemente disminuido por la emergencia sanitaria.

La crisis se presenta en un escenario multirriesgo, delicado para el Poder Judicial, cuyos detalles se encuentran en el recién publicado Tercer informe estado de la justicia.

En primer lugar, enfrenta una crisis política de su gobierno interno, cuyos hitos son tres:

1. Un escándalo de corrupción en el cual estuvieron involucrados altos funcionarios de la institución, y aún está inconcluso. Este hecho generó un imprevisto y significativo reacomodo en la composición de la Corte Suprema de Justicia.

2. La aprobación de leyes de austeridad fiscal propiciaron la primera huelga de trabajadores judiciales registrada en el país, fuertes tensiones dentro del Poder Judicial, que cuenta con una multiplicidad de gremios, y entre este y el Poder Legislativo, sin resolución tampoco.

3. El recrudecimiento de las divisiones internas en la Corte Suprema de Justicia en relación con la gestión del gobierno del Poder Judicial. Este proceso dificulta la atención rápida y oportuna al compromiso público de las autoridades institucionales de impulsar reformas en la organización y funcionamiento, formulado al calor del escándalo público ya mencionado.

Gobierno centralizado. La simultaneidad de los tres acontecimientos creó una situación compleja para el Judicial, no solo debido a la suma de los problemas, sino también por las interacciones entre ellos, en un contexto nacional adverso de desaceleración económica, desequilibrio de las finanzas públicas y deterioro de las condiciones de vida.

La respuesta a este escenario se dificulta debido a un estilo de gobierno judicial centralizador, heredado de principios del siglo pasado, que aúna competencias políticas, administrativas y jurisdiccionales en la Corte Suprema de Justicia.

Es una de las pocas instituciones en donde un mismo órgano colegiado —un foro de 22 abogados— lleva a cabo las labores de junta directiva y gerencia a la vez.

Lo anterior crea un cuello de botella y dificulta respuestas oportunas a los acuciantes problemas de gestión, cuyos efectos se magnifican en tiempos de crisis.

El funcionamiento de alrededor de 90 comisiones para la atención de los magistrados da cuenta de esta concentración de tareas administrativas, que, además, los distraen de atender las labores de jueces en sus respectivas salas.

Dilución de la línea divisoria. El impacto más serio de este tipo de arquitecturas institucionales es la dilución de la línea divisoria entre los órganos que presiden, ejecutan, evalúan, nombran y sancionan.

Mantener funcionando estos controles y contrapesos es la garantía para la independencia interna y externa del Poder Judicial.

Así, por ejemplo, en cuanto a la independencia externa de otros poderes y grupos extrajudiciales, a un líder autoritario se le haría más fácil controlar el Poder Judicial, pues con solo el apoyo de una mayoría de la cúpula tendría el manejo de todo el conglomerado, incluidos los nombramientos del fiscal general, el director del OIJ y la defensa pública, entre otros altos cargos.

Cuando se acumulan en la Corte, directa o indirectamente, las labores de nombramiento, las disciplinarias y los recursos sobre los operadores judiciales, se abre una puerta para que la autoridad ejercida por jueces superiores sobre el personal debilite la independencia interna, entendida como el derecho ciudadano de que los operadores judiciales actúen sin presiones o influencias indebidas más allá de la aplicación de la ley.

El Poder Judicial tiene fortalezas históricas para enfrentar este escenario multirriesgo: en las últimas décadas, la cúpula se ha caracterizado por un dinamismo reformista y cuenta con capacidades institucionales humanas, financieras y logísticas desplegadas en todo el territorio.

Es momento de aprovechar iniciativas desde la ciudadanía organizada para avanzar en la modernización judicial, apoyados por un conjunto de medios de comunicación colectiva que se hacen eco de las demandas.

La principal innovación exigida en este contexto es una profunda reforma en la gobernanza y los modos de operación del Poder Judicial.

Ambos desafíos, subrayados en el tercer informe, son ineludibles. De la manera como se atiendan, dependerá la garantía del derecho humano al acceso a la justicia en los años venideros.

La autora es coordinadora del Informe estado de la justicia del Programa Estado de la Nación.