Columnistas

Página quince: Justicia para los periodistas

Los asesinatos de Jamal Khashoggi, Daphne Caruana Galizia, Pavel Sheremet y de los comunicadores salvadoreños no deben quedar impunes.

Members of the Sri Lankan web journalist association hold placards with the image of Saudi journalist Jamal Khashoggi during a demonstration outside the Saudi Embassy in Colombo on October 25, 2018, following Khashoggi's dissapearance on October 2 at the Saudi consulate in Istanbul. - Saudi Arabia's crown prince denounced the "repulsive" murder of journalist Jamal Khashoggi and vowed justice will prevail, in his first public comments on the case, without addressing US accusations of a monumental cover-up. (Photo by LAKRUWAN WANNIARACHCHI / AFP)
Members of the Sri Lankan web journalist association hold placards with the image of Saudi journalist Jamal Khashoggi during a demonstration outside the Saudi Embassy in Colombo on October 25, 2018, following Khashoggi's dissapearance on October 2 at the Saudi consulate in Istanbul. - Saudi Arabia's crown prince denounced the "repulsive" murder of journalist Jamal Khashoggi and vowed justice will prevail, in his first public comments on the case, without addressing US accusations of a monumental cover-up. (Photo by LAKRUWAN WANNIARACHCHI / AFP)

ÁMSTERDAM– Han pasado más de ocho meses desde que Jamal Khashoggi, un prominente periodista saudita, crítico del gobierno de su propio país, que había estado viviendo en autoexilio, fue torturado, asesinado y descuartizado dentro del consulado saudita en Estambul. Como los sauditas se esforzaron por oscurecer la verdad sobre el destino de Khashoggi, Turquía lanzó una investigación. Tal como se esperaba, no se ha averiguado mucho.

Turquía no es precisamente una defensora creíble de la libertad de prensa: en el 2018, más de 80 periodistas en el país recibieron largas sentencias de prisión o sanciones por su trabajo. Pero aun si la indignación del gobierno turco por el asesinato de Khashoggi fue exagerada por un rédito diplomático, el sistema judicial de Turquía ha cumplido sus obligaciones internacionales de investigar.

Arabia Saudita, en cambio, está desacatando por completo sus obligaciones en esta materia. Bajo presión internacional, el reino está llevando a cabo audiencias de 11 sospechosos. Pero, según Agnes Callamard, relatora especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, estas audiencias secretas a puertas cerradas tienen más que ver con guardar las apariencias que con garantizar justicia.

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