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El Partido Acción Ciudadana (PAC) fue fundado, primero, para modernizar las políticas de desarrollo, superando los dogmas ideológicos neoliberales que habían progresivamente fagocitado el ejercicio del poder en el PLN y los diversos partidos de versión calderonista. Ese enamoramiento con fórmulas simplistas importadas les impidió seguir aportando al desarrollo nacional de la manera tan positiva como lo habían hecho desde 1940.
En el PAC nos separamos de lealtades a frases redactadas por el Consenso de Washington, para construir propuestas ancladas en el estudio cuidadoso de la historia costarricense, en el análisis de las políticas puestas en práctica por países exitosos y por países fracasados, y en el examen de la mejor literatura académica sobre el tema del desarrollo.
Pero, comprendiendo que nada se hace con un programa perfecto si la clase política carece de fuerza para impulsar cambios estructurales y si el aparato público es un ejecutor ineficiente, el otro componente de nuestra propuesta se dirigía a superar problemas en el proceso de toma y ejecución de decisiones.
Así, del enfoque cuantitativo e ideologizado, que inducía al neoliberalismo a definir como logro cualquier reducción en el tamaño y funciones del sector público, y a las izquierdas, a protegerlo a capa y espada con indiferencia a duplicidades, ineficiencias y abusos, nuestro enfoque se centró en determinar las causas de su inoperancia y en identificar las soluciones.
Con precisión, definimos las áreas que requerían de políticas públicas y de acción estatal para mejorar la productividad y la competitividad de la economía y para garantizar que toda persona esforzada y honesta terminara su vida en una condición material mejor que en la que nació. Además, identificamos las áreas en que el Estado debía actuar en materia de sostenibilidad y para proteger todos los derechos humanos. Nos importó un bledo que algunos nos llamaran "chavistas" (por Hugo Chávez, de Venezuela) por asignar un importante papel al sector público dentro del concepto de Estado necesario, y que otros nos etiquetaran de "neoliberales" por enfrentarnos a las ineficiencias dentro de la burocracia, a los abusos en las convenciones colectivas y a las duplicidades.
Identificamos que la causa última para las ineficiencias en la toma y ejecución de decisiones (o sea, para la inoperatividad del aparato público) eran las desconfianzas que catalizaban la relación entre políticos y ciudadanía, y que ello se derivaba de la corrupción. Esas desconfianzas habían creado un ambiente de duda e intenso escrutinio sobre intenciones, así como una batería de leyes y reglamentos con fines preventivos y contralores, todo lo cual se traducía en una cuasiparalización en el proceso de toma de decisiones y en su ejecución.
En nuestros diagnósticos, identificamos cuatro tipos de corrupción, los cuales estaban en la raíz de la desconfianza en la política: 1) Utilizar recursos públicos para beneficio personal o familiar. 2) Politizar decisiones de naturaleza técnica. 3) Mentirle a la población, y 4) Proteger con impunidad a quienes incurrieran en los comportamientos descritos en los tres puntos anteriores.
Elaboramos códigos de ética operativizables, con definiciones explícitas y, cada vez que se podía, cuantitativas, sobre lo que era corrupción de acuerdo con esas cuatro acepciones del término. El objetivo de ese tipo de códigos era facilitar a la oposición, la prensa y la sociedad civil, la exigencia de cuentas y la denuncia.
Nuestra aspiración última era relanzar la democracia como una herramienta efectiva para la búsqueda del desarrollo y evitar que se utilizaran sus virtudes para obstruir y debilitar su funcionamiento. Se trataba de quitar excusas a quienes –ayer igual que hoy–, ante la ineficiencia del Estado, buscaban rutas para violentar la independencia de poderes.
Los presidentes de la política tradicional controlaban la Asamblea Legislativa dándoles a los diputados el derecho a asignar partidas específicas, nombrar educadores, policías y directores regionales, seleccionar beneficiarios de las ayudas sociales, etcétera, todo a cambio de su docilidad. Y no se peleaban con la Corte Suprema de Justicia porque la controlaban con la repartición alternada que hacían de los nombramientos de sus jueces (si el último había sido propuesto por el PLN, el que seguía sería propuesto por el PUSC).
Hacer la democracia efectiva y eficiente, eliminando la corrupción y sus consecuencias, la desconfianza paralizadora, fue nuestro gran objetivo. Se trataba de eliminar los factores éticos, institucionales y organizacionales que impedían que los programas de desarrollo se ejecutaran con eficiencia y de crear condiciones para que los incentivos dentro del sector privado y dentro de la burocracia condujeran a la mejor utilización de los recursos. En fin, buscábamos superar los debates sobre dogmas ideológicos para concentrar el diálogo nacional en la selección de fórmulas para maximizar los resultados, profundizando –no debilitando– la democracia.
En ese marco, el nombre de Acción Ciudadana no fue una ocurrencia. Considerando que, en democracia, los ciudadanos(as) son los propietarios últimos del poder, hicimos un llamado para que, como tales, asumieran su responsabilidad. En cada documento y reunión, insistimos en que en un sistema democrático, las personas tienen derechos, pero también, como todo propietario, responsabilidades; y que, por lo tanto, debían involucrarse en política sin esperar nada a cambio, excepto el cumplimiento del programa ético y de desarrollo ofrecido al país. Apelamos a la mística, el voluntariado y la lealtad, no a personas, sino al pensamiento y propuestas del Partido.
Luchamos para eliminar una estructura mental prevaleciente en numerosos políticos, la cual les hace creer, por ejemplo, que en la función pública (incluyendo la función de dirigente partidario o candidato), lo éticamente correcto es lo políticamente rentable, que los límites de lo moral los establece lo legal; que “salirse con la suya” es ser buen político; que no vale la pena hacer lo éticamente correcto si no se traduce en popularidad; que mientras las normas no restrinjan abusos y privilegios, es una ingenuidad no aprovecharse de ellos; que mientras otros políticos practiquen lo incorrecto, la única alternativa para funcionar es también practicarlo; que mientras en el terreno ético no se haga una reforma integral, es contraproducente hacer reformas parciales; que cuanto más dinero se gaste en campaña, mejores son los resultados; que el pueblo no entiende las complejidades de gobierno, por lo que no vale la pena explicar razones; que la comunicación política es para darse a querer y no para compartir la verdad sobre intenciones; que el éxito en política lo define el triunfo, independientemente del costo moral, económico o del bajo aporte en conceptos, valores y ejemplo.
Imposible cubrir en este espacio el pensamiento completo que nos llevó a la creación del PAC. Sin embargo, con este recordatorio, solo espero resaltar que, lejos de perder relevancia, las circunstancias actuales indican que esa visión podría ser hoy aún más urgente. Pero más allá de lo correcto o incorrecto de nuestro pensamiento, lo que más aleja la conversación política dominante actual del enfoque del PAC es la ausencia de conceptualización, coherencia y de análisis lógicos con secuencias causa-efecto.
En el debate, las formas se han antepuesto a la sustancia y la violencia verbal al razonamiento; la comunicación se ha convertido en el concepto; dotar de popularidad lo expresado, en objetivo; apelar a resentimientos, en herramienta; activar los instintos más básicos, en estrategia, y segregar a la población en patriotas y no patriotas, en la materia prima de la aglutinación partidaria.
¿Podremos llegar a nuestro destino siguiendo ese camino? No lo creo. Con gritos para azuzar, fustas para instigar y cercas de alambre para dividir, lidiamos con el ganado en las fincas; con la gente, el periplo democrático requiere del respeto y la razón.
ottonsolis@ice.co.cr
Ottón Solís es economista. Ha sido diputado, ministro y candidato presidencial. Fue fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC).
