Los costarricenses tenemos preguntas incómodas pero necesarias sobre la CCSS. Algunas son, entre otras: ¿por qué se afirma que está quebrada sin documentarlo y contra el criterio de especialistas?, ¿por qué el Estado no ha abonado la millonaria deuda que le debe?, ¿por qué autorizar licencias de cuido sin contenido económico? Y la última pero no menos preocupante, a la que dedicaré esta columna: ¿por qué desfinanciar las pensiones del Régimen No Contributivo cuando sus beneficiarios conforman un segmento de la población cuya única vía de sustento es la pensión?
Sectores muy respetables consideran que desfinanciar pensiones y licencias de cuido tiene como propósito poner freno al endeudamiento público. No sé si esa será la razón, pero sí sé que resulta muy cruel lo hecho en los últimos tres años, que es recortar la inversión social en salud y educación para maquillar las cifras fiscales, de modo que se vean “sanas”.
A esta contabilidad creativa se suma la supuesta “baja” del desempleo, cuando la realidad es que ha salido gente de la fuerza laboral; en otras palabras, muchos se cansaron de buscar empleo y, al dejar de hacerlo, el porcentaje de desocupados baja. Igual sucede con la reducción de la pobreza, que luce como coyuntural y no estructural.
El Régimen No Contributivo fue una conquista social para personas sin pensión ni ingresos. Si bien el monto mensual de ¢82.000 es insuficiente para vivir, constituye un respiro para este grupo tan vulnerable y abandonado, al que además se le brindan los servicios de salud, algo fundamental considerando que se trata de adultos mayores.
Lo positivo es que el número de personas que reciben esta ayuda ha tenido un incremento, hecho valioso si se toma en cuenta el envejecimiento de la población. Lo negativo es que, para 2026, ante un déficit en el presupuesto, casi 150.000 personas podrían dejar de recibir esta pensión o el monto actual de la ayuda podría bajar a ¢70.343 para todos los que hoy la reciben. Ambas son medidas trágicas que condenan a la miseria a miles.
La excusa de la falta de recursos en las finanzas públicas como justificación para el no pago de esta pensión contrasta con el anuncio de la construcción de una nueva cárcel que costará $34 millones. Esto, pese a que es evidente que la mejor medicina contra la violencia es la inversión social.
nmarin@alvarezymarin.com
Nuria Marín Raventós es politóloga.
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