La devastación ambiental causada por la minería ilegal en Crucitas es una tragedia que, lamentablemente, pudimos evitar. Estudios sobre la contaminación de mercurio y drenaje ácido en la zona confirman que el daño ambiental es, probablemente, el peor del que tengamos registro en la historia de nuestro país.
Esto nos genera profunda frustración y tristeza. No solo representa un terrible riesgo de salud pública y una grave amenaza para nuestra biodiversidad, sino que es símbolo de una oportunidad perdida para una de las zonas más necesitadas de Costa Rica: el cantón de San Carlos.
La minería moderna es una actividad generadora de riqueza y de empleo, una actividad que debe gestionarse para asegurar que sea responsable, segura, sostenible y beneficiosa para la sociedad. Noruega, Australia y Canadá son ejemplos de países que han logrado traer bienestar a su población a partir de la minería, y todos se ubican entre los primeros lugares del Índice de Protección Ambiental.
Muchas personas piensan distinto y entiendo su posición, aunque me parece contradictorio que Costa Rica prohíba la minería a cielo abierto, pero consuma y produzca cada vez más productos fabricados con componentes que requieren de esa minería, desde los celulares hasta los equipos médicos.
El oro de Crucitas iba a ser extraído en condiciones reguladas y supervisadas, con tecnología de punta y empleando dosis de cianuro equivalentes a las que se encuentran de forma natural en varios de nuestros alimentos. Los coligalleros nicaragüenses, en cambio, han contaminado la zona con mercurio, un elemento altamente tóxico que afecta el aire y el agua y cuyos efectos perduran en el tiempo.
Crucitas fue un proyecto que se inició en la administración Calderón Fournier, cuando el ministro de Recursos Naturales, Energía y Minas, Orlando Morales, mediante una resolución de junio de 1993, otorgó un permiso de exploración minera. Dicho proyecto continuó su trámite en la administración Figueres Olsen y, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, la ministra de Ambiente y Energía, Elizabeth Odio Benito, mediante una resolución de diciembre de 2001, otorgó la Concesión de Explotación Minera a favor de la empresa.
Luego, en las administraciones Pacheco de la Espriella y Arias Sánchez, el proyecto continuó avanzando hasta satisfacer todos los requisitos de ley para poder iniciar actividades. La concesionaria terminó su tramitología en mi gobierno, pero no pudo iniciar operaciones debido a los procesos legales que se iniciaron en su contra. Tiempo después, en el gobierno de Laura Chinchilla, se aprobó la ley que prohibió la minería a cielo abierto.
En mi segundo gobierno, apoyamos la concesión porque le traía un enorme beneficio económico a la zona de San Carlos y a las comunidades vecinas al proyecto, ya que la empresa canadiense pagaría los impuestos de ley y se comprometía a implementar programas de capacitación y promoción de pymes; al mejoramiento de la infraestructura escolar, servicios públicos, caminos y puentes, así como a la promoción de prácticas que mejorarían la calidad de vida de los vecinos de las comunidades, para lo cual destinaría el 1% de las ventas que administraría un fideicomiso con Coocique.
Adicionalmente, la empresa adquirió, ante el gobierno de Costa Rica, compromisos ambientales para mitigar y compensar los impactos que la actividad minera produciría, así como para ejecutar un cierre técnico de sus operaciones. Como parte de sus compromisos, la empresa sembraría 1.600 árboles por hectárea, para un gran total de 612.000 árboles reforestados, la mayor parte, de especies nativas.
Si el proyecto Crucitas se hubiera desarrollado como estaba planificado, las labores de extracción habrían finalizado en el año 2020, y para hoy estaría concluido el cierre técnico. Hoy, los terrenos contarían con bosques de especies nativas en desarrollo, dos lagos y obras de infraestructura que las asociaciones de desarrollo estarían aprovechando en la ejecución de sus programas. Un escenario muy distante del que tenemos en la actualidad, donde todos los costarricenses tendremos que cubrir los costos asociados a la reparación del daño ambiental producido por la minería ilegal.
En el anterior gobierno de Rodrigo Chaves, se criticó esta concesión aduciendo, de manera falsa y con aparente mala fe, que únicamente pagarían el 2% de sus utilidades, ignorando que el Código de Minería de Costa Rica establece un canon o regalía sobre la explotación minera, al establecer que “los concesionarios de explotación deberán pagar al Estado una regalía equivalente al dos por ciento (2%) del valor bruto de la producción extraída…”.
Lo que nunca dijo el gobierno de Chaves es que, además de ese 2% establecido por ley, la empresa se comprometió a pagar el 1% antes mencionado, además del 30% de impuesto sobre la renta, IVA, impuestos municipales, cargas sociales y todos los otros impuestos aplicables y vigentes en Costa Rica.
Yo pienso igual que mi buen amigo herediano, el doctor Esteban Gazel, catedrático de Geología de la Universidad de Cornell, quien una vez me dijo que “de no legalizarse la minería, la experiencia en el mundo entero es que mineros ilegales extraerán el oro, no importa dónde se encuentre. Si el día de mañana aparece oro en La Sabana, tendremos coligalleros extrayendo el oro de La Sabana”.
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Óscar Arias Sánchez es expresidente de la República (1986-1990 y 2006-2010).