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Decir “la Caja” en Costa Rica no requiere explicación. Más que la Caja Costarricense de Seguro Social, es una forma concreta de entender la solidaridad organizada: la forma suprema de concretización del pacto social costarricense. La Caja es sinónimo de paz social.
Durante décadas, ese pacto funcionó razonablemente bien y permitió que el país presentara indicadores sanitarios comparables a los de naciones mucho más ricas. Sin embargo, ese acuerdo hoy está sometido a una tensión creciente.
Los padecimientos actuales exigen una mayor capacidad resolutiva. Mientras tanto, la deuda del Estado con la Caja pasó de ¢2,7 billones en 2022 a ¢4,4 billones en 2026: un aumento del 63%. Si la cifra asusta, más lo hace su efecto: limita contrataciones, posterga inversiones, presiona presupuestos y dificulta la reducción de listas de espera que ya eran preocupantes. Cuando un paciente espera meses por un procedimiento diagnóstico o quirúrgico, no lo hace en un vacío clínico; lo hace mientras su enfermedad avanza.
En las condiciones actuales de la Caja, y ante una situación epidemiológica cada vez más compleja, las listas de espera son un determinante de altísimo peso en el pronóstico.
Los datos epidemiológicos no dejan margen para la complacencia. Las personas en Costa Rica siguen muriendo principalmente por enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedad renal crónica. Asimismo, la carga de enfermedad las sitúa junto a trastornos músculo-esqueléticos y mentales como los más importantes.
No es un perfil que permita improvisaciones institucionales. Es el de una sociedad que envejece, que requiere alta complejidad, especialistas bien formados, tecnología diagnóstica disponible y oportunidad terapéutica. En ese contexto, el tiempo no es solo una incómoda condición administrativa: es un problema de salud que avanza mientras mata de a poco y, en ese tiempo, roba paz y bienestar a los pacientes y sus familiares.
El problema se agrava con la escasez de especialistas: no se forman suficientes ni se retienen. Las razones son múltiples –condiciones laborales, desgaste, incertidumbre institucional–, pero el resultado es claro: menor capacidad de respuesta.
Como si fuera poco, una modernización tecnológica necesaria resultó un fiasco. La implementación del ERP-SAP buscaba ordenar la gestión financiera y logística; sin embargo, terminó en una serie de problemas con proveedores, inventarios, organización de citas, exámenes y cirugías, entre otros. En un contexto clínicamente exigente, la estabilidad administrativa, más que un lujo, es un requisito.
Hay, además, señales que no debemos ignorar. Costa Rica mantuvo durante décadas una mortalidad infantil de un solo dígito, alrededor de siete u ocho por mil nacidos vivos, gracias a una red de atención primaria robusta, controles prenatales oportunos y disponibilidad de especialistas. Hoy ese indicador volvió a superar los dos dígitos.
No es un simple dato estadístico. La mortalidad infantil es uno de los indicadores más sensibles del desempeño de un sistema de salud; cuando aumenta, suele haber fallas en la captación temprana del embarazo, en la atención prenatal, en la disponibilidad de especialistas o en la capacidad hospitalaria. No es el único síntoma, pero sí un termómetro confiable.
No obstante, en las últimas elecciones, un amplio sector del país –especialmente la población económicamente más vulnerable– respaldó el continuismo del proyecto del presidente Rodrigo Chaves, aun cuando crecieron las tensiones institucionales en la Caja, casi se duplicaron las listas de espera y la deuda estatal se amplió.
No se trata de descalificar al electorado, sino de reconocer una paradoja: quienes más dependen de la fortaleza de la institución terminaron apoyando un proyecto bajo cuya gestión la Caja se debilitó y se violentó su autonomía histórica. Esta autonomía no es un capricho; es una garantía necesaria de estabilidad técnica frente al ciclo político.
Aunque la muerte sea la consecuencia más dramática, no es el único problema. También está el bienestar que se erosiona mientras se espera. Son las historias de cientos de miles de costarricenses que esperan mientras la incertidumbre, la angustia y el dolor se prolongan. Ese deterioro no siempre se refleja en las estadísticas de mortalidad, pero es real y acumulativo.
Aparejado, el Ministerio de Salud debe asumir con mayor firmeza su rol en la coordinación intersectorial para la prevención de las enfermedades y en el trabajo desde los determinantes sociales: sin una atención primaria fuerte y bien coordinada, el hospital siempre llega tarde y más caro. Si se debilita la red primaria, las listas hospitalarias solo crecerán.
Cuando el perfil epidemiológico exige una alta complejidad y ya observamos señales en indicadores sensibles (como la mortalidad infantil), se reduce el margen para la improvisación. No es un debate anodino; es una decisión estructural sobre qué tipo de país queremos ser.
Podemos optar por fortalecer la Caja con financiamiento sólido, planificación de la formación y la retención de especialistas, aumento de su eficiencia, inversión sostenida en infraestructura y una modernización tecnológica responsable. O podemos seguir tensionándola hasta que las listas de espera continúen traduciéndose en muerte evitable y en calidad de vida perdida.
El dilema no debería llegar al extremo de plantearnos si rescatamos la Caja o si empezamos a buscar caja. Todos, de una u otra forma, pasaremos por la primera antes que por la segunda.
juan.romero.zuniga@una.ac.cr
Juan José Romero Zúñiga es médico veterinario, epidemiólogo y académico investigador en la UNA y la UCR. Ha publicado múltiples artículos científicos en revistas internacionales.
