Por años, el Estado ha cometido el grave error de no asignar los recursos necesarios para apoyar a la población juvenil, comprendida entre los 15 y los 24 años. Una inversión adecuada permitiría que el 100% concluya la enseñanza media, lo que cerraría la brecha educativa, incluida la digital; reduciría la pobreza y aumentaría el número de contribuyentes a la seguridad social.
Pasan los años y las oportunidades disminuyen. En un contexto de creciente criminalidad, esto expone a una mayoría de hombres a situaciones cada vez más violentas y, en el caso de las mujeres, ante la falta de redes de cuido, las condena a una vida sin autonomía económica.
Según los últimos datos del INEC, de 701.603 jóvenes, tan solo 209.649 están ocupados, mientras 39.566 se encuentran desempleados. Estos, además, perciben un 24% menos de remuneración salarial y el 27% se encuentra en situación de pobreza. Una clara llamada de atención al Ministerio de Trabajo y al IMAS.
Pese a las advertencias sobre el apagón educativo, el MEP no mejora los programas destinados a evitar la deserción. Según la OCDE, el 68,7% de los jóvenes de 24 años no cuenta con secundaria completa, requisito mínimo para trabajar en la formalidad.
El desempleo juvenil asciende al 25,3% y nos coloca en la última posición entre los países de la OCDE, muy lejos del primer lugar, ocupado por Alemania, con un 6,3%. Esto nos obliga a preguntarnos qué pasó con el programa de educación dual, cuya ley tanto esfuerzo costó aprobar.
El eslabón más débil son los “ninis”, jóvenes que ni estudian ni trabajan. En el caso de los hombres, esa condición de ocio es un caldo de cultivo para el narcotráfico y el crimen organizado, pues las “ganancias fáciles” son una tentación. No es casualidad que, según el Observatorio de la Violencia del Poder Judicial, el 25% de las víctimas de homicidios dolosos corresponda, en su gran mayoría, a hombres de este rango etario.
¿Y las mujeres “ninis”? No es que no trabajen: realizan labores domésticas y de cuido invisibilizadas y sin remuneración, lo que las condena, además, a llegar a la vejez sin acceso a los programas de protección social.
Urgen un cambio de rumbo educativo y una red de cuidados. Esa es la única ruta para garantizar mejores oportunidades a los jóvenes, fortalecer la sostenibilidad de la CCSS y construir un país con mayor justicia social.
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Nuria Marín Raventós es politóloga.