A finales de julio se produjo un anuncio que, solo con el paso de los días y las semanas, ha sido comprendido en los aspectos cruciales de su contenido y posibles consecuencias: Estados Unidos calificó al Cartel de los Soles como “organización terrorista extranjera”. Así, es absolutamente falsa la afirmación hecha por voceros del régimen de Maduro, repetida en los medios de comunicación bajo su control, que sostiene que la medida es un “invento” exclusivo para atacar a la revolución bolivariana, invento que, además, carecería de legalidad “fuera de Estados Unidos”.
Desde 1997, cuando 21 organizaciones fueron identificadas como OTE –entre ellas, ETA, de España; ELN, de Colombia; el Partido de los Trabajadores, de Kurdistán; Abbu Sayyaf, de Filipinas; Hezbolá, de Líbano; la Yihad Islámica Palestina; los Tigres para la Liberación de Eelam Tamil, de Sri Lanka; el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, de Chile, y el Ejército Rojo, de Japón–, casi 90 de estos grupos, distribuidos en los cinco continentes, han recibido la calificación. Cabe anotar aquí que al-Qaeda y Hamás fueron incorporados a la lista en 1999.
Para que una organización reciba tal calificación, por muy evidentes que hayan sido sus crímenes y actos terroristas, deben cumplirse rigurosos procedimientos de ley, que involucran a la Oficina de Coordinación para el Contraterrorismo, el Departamento de Estado, la Fiscalía de la Nación, el Departamento del Tesoro y el Congreso de Estados Unidos. Son estos fundamentos los que convierten a las organizaciones terroristas extranjeras en enemigas, no de un determinado cuerpo policial –como el FBI– o de una determinada agencia –como la DEA (Drug Enforcement Administration)–, sino del Estado, del gobierno estadounidense en ejercicio.
Este fundamento legal autoriza a las Agencias de Seguridad de Estados Unidos, a sus órganos policiales y a sus fuerzas militares, a actuar fuera del territorio, a emplear todos los recursos a su disposición para disuadir, capturar, atacar o dar de baja a sus enemigos. Asimismo, puede tomar el control de sus propiedades de cualquier índole, dineros y cuentas en entidades financieras, y destruir sus medios de transporte, guaridas, escondrijos, armamentos, equipos, almacenes de drogas y depósitos de bienes, dondequiera que se encuentren.
Lo que debe ser recordado a estas horas, cuando una flota militar estadounidense ha sido desplegada en aguas internacionales frente a las costas venezolanas, y tantos se preguntan qué pasará, es que esos militares no tienen como propósito visible ni oculto ocupar el territorio venezolano, tampoco afectar de algún modo a los ciudadanos ni a familias inocentes, sino que se proponen actuar en contra de los miembros del Cartel de los Soles, en contra de sus jefes y en contra de sus perversas operaciones.
Repito: el movimiento no es contra Venezuela, sino contra una poderosa y letal banda de delincuentes que, además de traficar con drogas, se ha hecho con el control del gobierno, de las instituciones del Estado, de sus cuerpos policiales y militares.
Y en eso consiste la peculiar complejidad del Cartel de los Soles: que es indisociable de la dictadura que asaltó el poder el 28 de julio de 2024. Nicolás Maduro es, al mismo tiempo, el dictador de Venezuela y jefe máximo del Cartel de los Soles. El dictador y el narcojefe se han fusionado y han alcanzado el estatuto de lo indistinguible, convirtiendo a los poderes públicos en socios y cómplices de su narcooperación.
Para las autoridades y fuerzas militares estadounidenses, actuar contra los narcotraficantes es actuar contra el poder que somete al país por la fuerza. Eso explica el núcleo de la declaración del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth: “Los trataremos como al-Qaeda”.
Sin embargo, esa posible actuación estadounidense no está restringida a las capacidades militares estacionadas en el mar Caribe. Hacia Nicolás Maduro, desde hace años, está dirigida una actividad de inteligencia que incluye seguimiento en el terreno, revisión y análisis de sus comunicaciones y telecomunicaciones, con particular énfasis en todos aquellos sistemas que la dictadura cree que permanecen encriptados.
Numerosas agencias estatales siguen sus viajes, la actividad de naves aéreas y marítimas, los movimientos financieros, el transporte hacia otros países de bienes domésticos, sobre todo en las últimas semanas.
El seguimiento sobre Maduro con las más recientes tecnologías satelitales es tan sofisticado, que parece provenir de la ficción: conocen cada pasillo y recoveco de sus cuatro búnkeres y de los lugares que han establecido como escondrijos provisionales. Conocen sus movimientos y sus condiciones actuales de salud. Conocen su dieta y su medicación. Saben dónde está a cada hora del día. Cuándo se queda dormido en el sofá que le instalaron en el refugio 3 de Fuerte Tiuna. Cuándo y con quién se reúne. Lo saben todo, hasta cuándo, en calzoncillos, camina en las noches, de una habitación a otra, repetitivo y desesperado, sin saber qué hacer.
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Miguel Henrique Otero es presidente editor del diario ‘El Nacional’, de Venezuela. Artículo reproducido por acuerdo con el Grupo de Diarios de América (GDA).
