La mayoría de los observadores considera la crisis humanitaria que vive el pueblo sudanés como una de las peores de los últimos 50 años. Y no es que las crisis humanitarias hayan escaseado: la guerra de los Balcanes, Ruanda, Myanmar y Gaza, por citar las que más han acaparado nuestra atención. Pese a la gravedad de la situación para millones de personas, casi no se habla de lo que sucede en este rincón del continente africano.
La situación es compleja. Sudán ha estado en guerra prácticamente todo el siglo XXI. Voy a tratar de explicarlo de manera sucinta.
Después de una guerra civil que duró varios decenios entre los estados del norte, de cultura árabe y religión musulmana, y los del sur, poblados por etnias de ascendencia africana, cristianas y animistas, en 2005 los sudaneses del sur por fin lograron que Jartum reconociera su autonomía.
En 2011, después de un referéndum en el que el 90% de los votantes se pronunció por la independencia, fue declarada la República de Sudán del Sur y la ciudad de Yuba, la más grande del estado, como su capital.
Hoy, Sudán del Sur es miembro de las Naciones Unidas, de la Unión Africana y de un sinnúmero de otros foros intergubernamentales. Se le considera el Estado más joven de la comunidad internacional.
Pero la independencia no trajo la paz y la prosperidad que muchos anhelaban. Muy rápidamente, la situación política degeneró en un conflicto fratricida en el que se enfrentaron los dos principales grupos étnicos de la joven república: los pueblos de etnia dinka y los de etnia nuer o naath, como se autodenominan.
El conflicto, que duró cinco años, tuvo altísimos costos humanos y materiales. Se calcula que unas 400.000 personas perdieron la vida y que cuatro millones fueron desplazadas internamente o se convirtieron en refugiadas.
En 2018 se llegó a un acuerdo de paz, mediado por líderes de países vecinos, que puso fin a las hostilidades. Sin embargo, el acuerdo está siendo seriamente cuestionado. El peligro de que Sudán del Sur vuelva a caer en un conflicto étnico es cada vez mayor.
Mientras la violencia campeaba en el sur, el norte parecía tranquilo. Mas solo eran las apariencias.
En 2003 surgió el conflicto conocido como guerra de Darfur, un enfrentamiento militar entre las milicias yanyauid, de etnia abbala y origen beduino, y pueblos fur, de ascendencia sahariana.
No se tienen cifras exactas, pero se cree que en la guerra de Darfur fallecieron unas 400.000 personas. Las hostilidades cesaron gracias a la intervención de las Naciones Unidas y al envío de una fuerza de paz compuesta por 26.000 efectivos.
En 2023 estalló en Sudán del Norte otro conflicto civil que ha enfrentado a dos facciones del gobierno de Jartum: las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido, un poderoso grupo paramilitar –los yanyauid– afincado mayoritariamente en la región de Darfur, fronteriza con Sudán del Sur.
La guerra ha producido una crisis humanitaria sin precedentes: 14 millones de desplazados internos y 4,5 millones de refugiados en los países vecinos, en una población de 50 millones. Esto equivale a casi un tercio de la población. Se contabilizan 60.000 víctimas mortales solo en el estado de Jartum.
Lo que agrava el conflicto es la intervención extranjera en apoyo de las facciones en guerra. Arabia Saudita, por ejemplo, apoya a las Fuerzas Armadas, mientras que los Emiratos Árabes Unidos proveen armas a las Fuerzas de Apoyo Rápido.
Rusia mantiene buenas relaciones con ambas facciones, aunque políticamente se alinea con la República de Sudán. Irán, Egipto, Turquía y Catar apoyan al régimen de Jartum; Chad, Libia y Etiopía sirven de bases logísticas para el suministro de armas para todos.
El conflicto ha degenerado de una lucha de poder entre dos generales a un conflicto regional por el control del mar Rojo y la seguridad del canal de Suez. Pero es la población civil sudanesa, sobre todo las mujeres y los niños, la que pasa hambre, sufre violaciones y toda clase de atropellos y, desgraciadamente, al final es la que pone los muertos.
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Cristina Eguizábal Mendoza es politóloga.
