Las sociedades y las personas cambian. Los imperios nacen y desaparecen; así lo enseña la historia. Sin embargo, ciertas debilidades humanas persisten a lo largo de los siglos. Entre ellas destaca una particularmente peligrosa para la vida pública: la fascinación del gobernante por su propia grandeza, real o imaginaria. Es como ver a Narciso reflejado en un espejo de agua antes de ahogarse, embelesado consigo mismo.
Roma comprendió muy pronto el enorme poder de los símbolos. Después del asesinato de Julio César, en el año 44 a. C., el Senado romano aprobó su deificación póstuma. Desde entonces pasó a ser conocido como Divus Iulius, el “Julio divinizado”. No era exactamente un dios como Júpiter o Vulcano, sino un hombre cuya memoria había sido elevada a una categoría superior por una decisión política.
A partir de ese momento, nació una figura que tendría una enorme trascendencia en la historia del poder: el divus. Este término no significaba simplemente “dios”. Designaba a un mortal que, tras su muerte, era incorporado oficialmente al ámbito de lo sagrado mediante un proceso del Senado llamado apoteosis. Aquella distinción permitía mantener una diferencia con los dioses eternos (dei), pero cumplía una función política de primer orden.
Con el paso del tiempo, la apoteosis imperial se convirtió en una práctica relativamente habitual (Augusto, Claudio, Tito y Marco Aurelio, entre otros). Tras la muerte de determinados emperadores, el Senado decidía si merecían ser elevados a la condición de divi. No todos recibían ese honor. Algunos eran condenados mediante la damnatio memoriae (Nerón, por ejemplo), la “condena de la memoria”, que implicaba borrar sus nombres de las inscripciones, destruir sus estatuas y eliminar cualquier recuerdo oficial de su existencia.
Roma entendió que el prestigio político podía construirse, pero también destruirse. En el otro extremo estaban quienes se autoproclamaban dioses en vida, como los emperadores Calígula o Domiciano.
La política del siglo XXI ha sustituido la apoteosis por el culto permanente a la personalidad. Ya no hacen falta templos ni sacerdotes (aunque sí existen alianzas, porque se requiere de pastores para mantener a las ovejas dentro del redil). Existen líderes honestamente convencidos de que encarnan a la nación y de que, sin ellos, el Estado colapsaría. Por eso piensan que cualquier crítica constituye una agresión contra el interés general.
La diferencia entre el servicio público y el protagonismo personal comienza entonces a desdibujarse. No importa el signo ideológico. El culto al líder ha florecido en democracias liberales, en regímenes autoritarios y en sistemas híbridos. Cambian los discursos, pero la lógica permanece: concentrar el prestigio en una sola persona, minimizar el papel de las instituciones y alimentar la idea de que existe un individuo excepcional, prácticamente un divus, capaz de resolver por sí solo problemas extraordinariamente complejos. El problema es que la historia demuestra que esa percepción rara vez termina bien.
Diversos investigadores han descrito cómo el ejercicio prolongado del poder puede reducir la capacidad de escuchar opiniones discrepantes, incrementar la confianza excesiva en las propias decisiones y generar una sensación de excepcionalidad. Cuando nadie contradice al líder, este acaba creyendo que nunca se equivoca. Es el traje nuevo del emperador: se requiere de alguien con el coraje necesario para decirle que no es infalible y que su mente está desnuda de buenas ideas.
Las redes sociales han amplificado esa dinámica. Los algoritmos premian las afirmaciones contundentes, las frases grandilocuentes y las imágenes cuidadosamente diseñadas. La política se convierte en espectáculo y la forma socava la sustancia. Cada comparecencia parece una campaña permanente y cada fotografía busca consolidar una marca personal.
El ciudadano deja de ser un interlocutor para convertirse en un espectador adicto a la siguiente dosis de efectismo. Mientras tanto, las instituciones pasan a ser un objetivo que debe infiltrarse y debilitarse, y los demás poderes son socavados para rendir pleitesía al “soberano” emergente.
Ese es, quizá, el mayor peligro del inmenso ego político. No consiste únicamente en la vanidad individual, sino en el debilitamiento progresivo de los contrapesos democráticos. Cuando un dirigente comienza a identificarse con el Estado, cualquier límite institucional le parece un obstáculo. Los tribunales son acusados de interferir y de ser corruptos. La prensa crítica pasa a ser “enemiga” y “ruin”. Los órganos de control son vistos como adversarios. Y la oposición deja de ser legítima para convertirse en una amenaza de la peor calaña.
Roma también conoció ese riesgo. Por eso, coexistían dos tradiciones aparentemente contradictorias. Mientras algunos emperadores eran elevados a la categoría de divi, persistía la idea de que ningún hombre debía olvidar su condición mortal. Según la tradición, durante los triunfos militares, un esclavo permanecía detrás del general victorioso y le recordaba: Respice post te. Hominem te esse memento (“Mira detrás de ti. Recuerda que eres un hombre”). Toda democracia necesita ese recordatorio.
Los gobernantes son administradores temporales del poder que la ciudadanía les confía. No son salvadores. No son mesías. Mucho menos, figuras destinadas a una inmortalidad política. Quizá la palabra divus conserve hoy una enseñanza inesperada. Los romanos divinizaban a sus gobernantes cuando habían muerto. Algunos, o muchos, con demasiada frecuencia, parecen dispuestos a hacerlo mientras aún gobiernan. Es una diferencia pequeña en apariencia, pero inmensa en sus consecuencias.
La verdadera grandeza de un dirigente no consiste en ser venerado, sino en saber abandonar el poder dejando instituciones más fuertes que las que encontró.
Los líderes pasan. Las repúblicas, cuando están bien construidas, permanecen. Esa es la diferencia entre un proyecto político y un banal monumento al ego.
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Jaime Robleto es doctor en Derecho y máster en Derecho Penal.
