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Hoy hablaremos de vacas y aretes. El superávit o el déficit quedarán para otro día.
El lunes, a primera hora, me llamó mi papá, un agricultor de 86 años que se dedica en Pérez Zeledón a engordar y vender alrededor de unas 20 vacas por año. Compra en la subasta o a vecinos, las engorda y las vuelve a vender. Un negocio sencillo, conocido, de toda la vida. O al menos lo era.
Ahora tenemos el areteo. Para quienes no están familiarizados con el tema, este es el proceso mediante el cual cada vaca recibe un arete oficial con un número de identificación único, registrado en el sistema nacional de trazabilidad que administra el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).
El procedimiento implica que el ganadero solicita el servicio al Ministerio de Agricultura (MAG) para que un funcionario o profesional autorizado visite la finca y coloque el arete en la oreja del animal (en realidad, una pieza por oreja), lo que queda registrado en la plataforma digital correspondiente.
Es importante indicar que el arete tiene un sistema RFID básico, el cual identifica, pero no localiza. No tiene geolocalización que permita ubicar al animal en cualquier lugar donde se encuentre; es una placa de hule, con un sensor interno que se activa cuando pasa por un punto de control. Nada más.
A partir del momento en que se le pone el arete, la vaca tiene identidad oficial. Eso es importante, porque sin arete no hay guía de movilización, y sin guía, no hay venta legal. Lo que parece un trámite menor es, en la práctica, el pasaporte del ganado en Costa Rica.
Hace varias semanas, a pedido de mi papá, estuve conversando con el MAG y Senasa de Pérez Zeledón porque él estaba gestionando precisamente ese papeleo: que le fueran a hacer el areteo y la tramitación de las guías para poder mover el ganado.
Ahí me topé con algo que no debería sorprenderme, pero que igual incomoda: me explicaron que la misma documentación había que presentarla en las dos oficinas por separado, ambas ubicadas en Pérez Zeledón y cercanas la una de la otra, porque, aunque ambas pertenecen al MAG, funcionan de manera independiente.
Nada de coordinación, nada de ventanilla única. Dos visitas y filas de mi papá, dos expedientes, el mismo trámite duplicado. Cumplido diligentemente, claro, pero no sin preguntarme qué pasaba con la Ley N.° 8220.
Eso tiene nombre y apellido: se llama violación a la Ley N.° 8220, la de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. Una ley que existe desde hace más de 20 años, que está escrita, publicada y vigente, y que prohíbe exactamente esto: obligar al ciudadano a presentar ante una institución lo que otra del mismo Estado ya tiene.
La pregunta no es si se incumplió. La pregunta es por qué nadie responde por ese incumplimiento. Hay leyes que viven en el papel y leyes que viven en la cabeza de quienes las aplican. Esta, claramente, todavía no ha terminado el viaje.
Volviendo a la llamada del lunes: mi papá me preguntó qué hacía, porque todavía no le habían ido a aretear el ganado, pero tenía un comprador listo para llevarse una vaca y quería cerrar el trato. Le expliqué que el areteo estaba suspendido. Resolvieron entre ellos y la vaca cambió de dueño.
Mientras conversábamos, me dijo: “¿cómo es posible que a los que trabajamos en el campo nos pongan tantas trabas?”. Quise darle la explicación oficial: trazabilidad, sanidad animal, acceso a mercados internacionales, eficiencia del sistema, modernización del sector. También le mencioné que, detrás de todo esto, hay razones concretas: una parte del ganado en el país se mueve como instrumento de lavado de dinero, y el areteo ayuda a cortar esa ruta.
Le indiqué que el robo de ganado también es un problema real que a él mismo le ha tocado sufrir en carne propia, y que en adelante la identificación individual va a dificultar la reventa de animales robados. Todo eso es verdad.
Pero mi papá no necesitó ninguna de esas explicaciones para llegar al fondo del asunto. Me dijo: “Las autoridades saben quiénes son los cuatro ladrones y sinvergüenzas. ¿Por qué no los cogen, los meten a la cárcel, y a los demás nos dejan trabajar en paz?”.
Ahí está. La lógica aplastante de un campesino costarricense de 86 años que lleva toda su vida trabajando honradamente y que no entiende –con razón– por qué el Estado diseña sus sistemas como si todos fueran sospechosos.
El problema no es la trazabilidad. El problema es que cuando el Estado no puede o no quiere ir por los que hacen daño, termina yendo por todos. Y los que pagan el precio, como siempre, son los que sí trabajan.
Muchas gracias, Papá.
Elian Villegas Valverde es exministro de Hacienda y abogado con 30 años de experiencia en mercados financieros.
