NUEVA YORK– Los gobiernos de Sudáfrica, la India y muchos otros países en desarrollo están pidiendo una liberación de derechos de propiedad intelectual —incluidas patentes de vacunas— para acelerar la producción mundial de suministros contra la covid‑19.
Tienen toda la razón. Las propiedades intelectuales relacionadas con la lucha contra la enfermedad del coronavirus deben liberarse y, de hecho, compartirse activamente entre científicos, empresas y naciones.
La industria farmacéutica y los gobiernos de varios países productores de vacunas (entre estos Estados Unidos, el Reino Unido y la Comisión Europea) se han opuesto a la liberación de patentes, pero 150 dirigentes públicos y expertos enviaron una carta abierta al presidente estadounidense, Joe Biden, en apoyo de la iniciativa.
Ya no hay duda respecto de quién tiene la razón. En vista del aumento de contagios en varias regiones (el caso más reciente es la India), la aparición continua de nuevas variantes letales del virus y la incapacidad de los fabricantes actuales para satisfacer la demanda global de vacunas, suspender la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, o una medida equivalente, ya es una necesidad urgente desde el punto de vista práctico; y también es un imperativo moral.
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Como regla general, la propiedad intelectual no debería ser obstáculo contra aumentos de producción que ayuden a luchar contra la covid‑19 o cualquier otra emergencia de salud pública. Necesitamos que más países produzcan vacunas, kits de diagnóstico y otros materiales necesarios.
Toda demora relacionada con la propiedad intelectual implicaría millones de muertes adicionales y exponer a toda la población mundial a más mutaciones virales, con posibilidad de que se contagien personas que ya han sido vacunadas.
Pero aun así nos encontramos con que las necesidades urgentes del mundo se enfrentan a estrechos intereses corporativos de unas pocas empresas farmacéuticas en Estados Unidos y Europa, que incluso están tratando de convertir su oposición a la liberación de patentes en una cuestión geopolítica, con el argumento de que hay que evitar que China y Rusia adquieran los conocimientos necesarios para producir vacunas basadas en ARNm.
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Ese razonamiento es inmoral y, de hecho, puede ser homicida. Si esa oposición frena la producción de vacunas eficaces en China y Rusia, pondrá en riesgo directo a todas las personas en Estados Unidos, Europa y el resto del mundo.
Incluso en las mejores circunstancias, la propiedad intelectual implica un equilibrio entre costos y beneficios. Las patentes dan un incentivo a la innovación, pero al precio de conceder veinte años de poder monopólico a sus titulares. De modo que hay que sopesar los beneficios de la innovación contra el costo del poder monopólico que limita la oferta.
En una pandemia mortal, la elección está clara: hay que liberar las patentes para aumentar el suministro de productos vitales que permitan poner fin a la pandemia.
El derecho internacional pertinente, codificado en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, ya reconoce que a veces es necesario y legítimo que los gobiernos anulen la propiedad intelectual apelando a licencias obligatorias para encarar emergencias de salud pública.
Dichas licencias facilitan a empresas locales usar propiedades intelectuales patentadas. El derecho a la licencia obligatoria para proteger la salud pública se acordó en el 2001 como parte del AADPIC en el caso de la producción para uso local, y en el 2005 se amplió a la producción para exportación a países que carezcan de capacidad de producción propia.
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Brasil, China, la India, Rusia y Sudáfrica están en capacidad de aumentar el suministro global de vacunas contra la covid‑19, pero no quieren apelar a la licencia obligatoria por temor a represalias del gobierno de los Estados Unidos o de otros países en los que haya titulares de patentes.
La liberación general de patentes vencerá el temor de los países a invocar la licencia obligatoria por separado y resolverá otros grandes obstáculos burocráticos que afectan el uso de esas licencias. También ayuda para crear otras tecnologías además de las vacunas (solventes y reactivos, frascos, kits de diagnóstico, etcétera).
La liberación de patentes se puede diseñar en forma cuidadosa y selectiva. Los titulares deben recibir una compensación razonable por el uso exitoso de estas, y la aplicación debería limitarse a la lucha contra la covid‑19, sin extensión automática a otros usos. Asimismo, la suspensión de patentes debe ser temporal, digamos, durante cinco años.
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La industria farmacéutica sostiene que la suspensión la despojará de ganancias legítimas y de incentivos financieros para el desarrollo futuro de medicamentos. Esas afirmaciones son muy exageradas y obedecen más a la codicia que a la razón. Las patentes en posesión de Moderna, BioNTech‑Pfizer y otras empresas no son resultado, ante todo, de innovaciones propias, sino más bien de investigaciones académicas financiadas por el gobierno de Estados Unidos, en particular, a través de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés).
Las empresas privadas reclaman derecho exclusivo a patentes que son resultado, en gran medida, de la financiación pública y de la investigación académica.
Algunos de los avances científicos más relevantes en relación con las vacunas de ARNm son fruto de investigaciones llevadas a cabo con subvenciones de los NIH en los 90 y principios del siglo XXI por una bioquímica y un inmunólogo de la Universidad de Pensilvania, y sus descubrimientos fueron posibles gracias a una red de investigadores académicos también financiada por los NIH.
La Universidad de Pensilvania todavía es titular de patentes clave de las que dio licencia a BioNTech y Moderna. Desde la aparición de la covid‑19, el gobierno de Estados Unidos proveyó, como mínimo, $955 millones a Moderna para acelerar ensayos clínicos y otros procesos, y suscribió con BioNTech‑Pfizer un contrato de compra anticipada. En total, el gobierno estadounidense aportó más de $10.000 millones al desarrollo acelerado de vacunas contra la covid‑19.
Las empresas aportaron inversionistas privados para potenciar la capacidad de fabricación y sostener las últimas etapas de investigación y desarrollo y los ensayos clínicos requeridos para completar la creación de las vacunas. Es una participación de envergadura para la cual los inversionistas privados arriesgaron sumas sustanciales, pero tuvieron, al hacerlo, la colaboración indispensable del gobierno de Estados Unidos.
Los inversionistas privados van a tener grandes ganancias, así que deberían contener la codicia (o alguien debería contenerla por ellos) y reconocer que en esta etapa es necesario compartir las patentes con todo el mundo. La capitalización actual de Moderna ronda los $73.400 millones, cifra enorme en comparación con los $1.100 millones que recaudó la salida a bolsa de la empresa en el 2018.
Los beneficios de las vacunas de ARNm y otras propiedades intelectuales deben ponerse ya mismo a disposición de todo el mundo, y los conocimientos prácticos relacionados deben compartirse tan rápido y tan ampliamente como sea posible.
Podemos acelerar la inoculación en todo el mundo para salvar vidas, prevenir la aparición de nuevas variantes y poner fin a la pandemia. La propiedad intelectual debe estar al servicio del bien mundial, no la humanidad al servicio de los intereses de unas pocas empresas privadas.
Jeffrey Sachs es profesor distinguido de la Universidad de Columbia y director de su Centro de Desarrollo Sostenible. También es presidente de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
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