Si el infierno de Dante tuviera un círculo para los excesos legislativos, el caso costarricense estaría en su centro gracias al laberinto de proyectos que castigan casi todo, menos el exceso de redactar leyes. La producción normativa es tan abundante que a veces parece que legislamos por deporte.
Desde hace varios años, en este mismo espacio, he venido denunciando los yerros del proceso legislativo, sobre todo en materia relacionada con el sistema de justicia penal.
Recientemente, me han pedido revisar varios proyectos de ley y la situación no solo sigue sin variar, sino que se agrava: diferentes iniciativas se superponen mientras se tramitan paralelamente en distintas comisiones; algunas repiten normas vigentes; otras contradicen artículos de la misma Constitución, y unas cuantas parecen competir por quién inventa un nuevo delito más creativo.
Son cientos los proyectos de ley que pretenden reformar normas ya vigentes, sin que eso se traduzca en cambios efectivos. Lo que se hace es tomar un elemento general que ya existe (por ejemplo “animal”) y desagregarlo en diferentes componentes (“perro”, “gato”, “caballo”).
Los delitos sexuales y la prisión preventiva parecen ganar el favor de las diputaciones en cuanto al interés por modificarlos, pues son muchas las iniciativas en tal sentido. Dos de ellas, en este último sentido (23.986 y 24.951) no solo no cambian absolutamente nada significativo de lo que ya existe, sino que son proyectos que se bloquean entre sí y nada de esto parece detectarse en las diferentes comisiones o en el plenario.
En tiempos en que los parlamentos parecen anclados en procedimientos decimonónicos, la Asamblea Legislativa de Costa Rica enfrenta un desafío ineludible: modernizar su manera de producir leyes. El rezago tecnológico en los procesos legislativos ya no es una anécdota, sino un problema estructural que erosiona la calidad normativa, multiplica los errores y resta credibilidad institucional.
La inteligencia artificial generativa (IAG), aquella capaz de analizar y producir textos con precisión contextual, ofrece una oportunidad inédita para sanear el ecosistema legislativo. No se trata de reemplazar a quien legisla –figura central en el proceso democrático– ni a las asesorías jurídicas o a los órganos de consulta, sino de dotar al Congreso de una herramienta técnica que les permita a aquellos ejercer mejor su función.
Un Congreso ahogado en papeles y contradicciones
El sistema parlamentario costarricense produce cada año cientos de proyectos de ley, muchos de ellos con errores de técnica legislativa, repeticiones innecesarias o yerros dogmáticos. Aunque existen plataformas digitales como el Sistema de Información Legislativa (SIL) y el Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ), estas son, esencialmente, repositorios documentales. No cuentan con capacidades analíticas avanzadas que permitan detectar, por ejemplo, que un nuevo proyecto sobre contratación pública entra en conflicto con una ley ya vigente y no mencionada en su texto, o con otro proyecto de ley en trámite en una comisión diversa.
Esa imposibilidad genera errores y cada yerro pasa factura: proyectos inútiles, acciones de inconstitucionalidad que prosperan, pérdida de tiempo y recursos públicos y, sobre todo, una erosión silenciosa de la seguridad jurídica.
La IA como asistente legislativo
La implementación de inteligencia artificial generativa podría transformar esta dinámica. Un modelo entrenado con lenguaje jurídico costarricense podría:
- Analizar automáticamente cada proyecto y detectar incoherencias, duplicaciones o vacíos.
- Comparar el texto con toda la legislación vigente en el país para alertar sobre contradicciones normativas u omisiones no visualizadas.
- Sugerir mejoras en la redacción técnica, con base en jurisprudencia y buenas prácticas de técnica legislativa.
- Identificar proyectos archivados o similares que ya abordaron el mismo tema.
- Simular el impacto de una reforma en otras normas conexas.
- Detectar diversos proyectos sobre una misma temática y agruparlos y tramitarlos en conjunto, con ahorro de recursos.
En otras palabras, un sistema que no legisle, pero que le ayude a quien lo haga a organizar las ideas y el trabajo, detectando lo que los plazos, la fatiga y la avalancha documental impiden.
Ética, transparencia y soberanía digital
No obstante, la modernización tecnológica del Congreso debe caminar de la mano con la ética institucional. Los algoritmos no pueden sustituir el juicio político ni jurídico; su función es asistir, no decidir. Además, la transparencia es indispensable: el funcionamiento del modelo debe ser auditable, y sus recomendaciones, verificables.
Costa Rica tiene la oportunidad de convertirse en pionera regional en derecho parlamentario digital, pero solo si construye su propia infraestructura de IA soberana, entrenada con corpus jurídicos nacionales y no dependiente de servidores o empresas extranjeras que puedan incidir en la orientación ideológica a partir de la manipulación de datos y algoritmos.
Un salto cualitativo para la democracia
La Asamblea Legislativa podría –con la asistencia de IA generativa– reducir costos administrativos, elevar la calidad del debate y fortalecer la coherencia del ordenamiento jurídico. Más aún: podría recuperar la confianza ciudadana mostrando que la tecnología puede estar al servicio del bien común y no del automatismo político.
En la era de la inteligencia artificial, el desafío no es tecnológico, sino político y ético: ¿será capaz el Congreso costarricense de legislar sobre y con inteligencia?
rosaura.chinchilla@gmail.com
Rosaura Chinchilla Calderón es abogada, docente en la Universidad de Costa Rica (UCR) y jueza en lo penal.