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A mediados del siglo XX, el sur de Asia, comparado con Latinoamérica, tenía una débil economía mercantil y muy bajo ingreso per cápita. Sesenta años después, las cosas han cambiado; los países asiáticos tomaron la delantera y Latinoamérica se quedó rezagada, y por mucho.
¿Qué precipitó este cambio? Las reformas agrarias en esos países, propiciadas incluso por Estados Unidos en Japón, Corea del Sur y Taiwán, estimularon el desarrollo del mercado interno, a lo que se sumaron las inversiones en educación de toda la población, inspiradas en la filosofía de Confucio.
Aunque muchos factores de diversos tipos han influido en este resultado, es evidente que la activación de los mercados internos estimulados por las reformas agrarias empoderó amplios sectores de población y facilitó la educación, la formación técnica y la capacidad organizativa.
La mezcla de factores creó, con el tiempo, un terreno favorable para el ajuste de las estructuras de poder tradicionales y la puesta en marcha de políticas de desarrollo incluyentes.
En Latinoamérica, si bien tenemos repúblicas que formalmente deben operar con pesos y contrapesos para garantizar un buen gobierno, no es así porque, fuera de muy limitadas excepciones, la cantidad de excluidos lo impide. El modelo de Estado republicano no debe imponerse mecánicamente sin analizar los equilibrios económicos y las relaciones de poder internos. Debe gozar de una base social consolidada económica y organizacionalmente para que lo construya.
La república estadounidense, que sirvió de modelo, partió de una sociedad muy diferente a la latinoamericana. En primer lugar, ya desde la colonia era una sociedad mercantil con experiencia en organización empresarial, que arrastraba tradiciones de autogobierno.
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Si bien existían diferencias de ingreso y oportunidades, no eran abismales, y se producían alianzas de grupos de interés, entre los cuales a los más débiles les era posible contrapesar la influencia de los más poderosos.
En América Latina, los criollos asumieron el poder después de la independencia, pero indígenas, mulatos, mestizos y esclavos africanos quedaron fuera del poder económico y, por ende, político. Además, heredamos el centralismo administrativo colonial, basado en monopolios, que exigía permisos gubernamentales para la actividad económica y la restringía a los grupos de poder.
En este contexto de exclusión económica y social, las nuevas repúblicas lo han sido solo de nombre. Las grandes mayorías en el grueso de los países se han convertido en ciudadanos nominales y el «equilibrio» de poderes no opera por carecer de políticas de inclusión.
A raíz de la Revolución cubana, Estados Unidos consideró una amenaza para la estabilidad política la desigualdad en la distribución de la tierra en América Latina, que es la mayor en el mundo. Para mitigar la amenaza de las guerrillas y promover el mercado interno propuso un programa de reforma agraria, dentro del fondo de la Alianza para el Progreso.
El fondo se estableció con un presupuesto de $20.000 millones de la época, una suma astronómica traducida a dólares contemporáneos, como respuesta a la Revolución cubana. Solo que esa reforma estaba a cargo de los gobiernos que mantenían el sistema excluyente de los pueblos originarios y campesinos. Fuera de algunos casos, como en Honduras, donde la organización campesina logró formar unas 1.000 empresas asociativas, que evitaron una guerra agraria en los 80, hoy, por otras razones, se ha convertido en un estado fallido.
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En otros países, los fondos se utilizaron para comprar tierras alejadas y sin servicios, donde refundieron en rincones alejados a los campesinos sin tierra. Terrenos que eran comprados a políticos locales, a menudo a precios muy elevados, para revenderlos a los campesinos, quienes, por la falta de caminos y servicios, no podían pagarlos.
Dejar estos fondos en manos de los políticos era «poner al diablo a repartir escapularios», y duraron menos que una cajeta en la puerta de una escuela. Experiencia de la cual aprendieron los estadounidenses, y hoy no confían en los gobiernos para detener la migración.
En otras palabras, la llamada reforma agraria, fuera de los países donde la organización campesina era fuerte y no fue reprimida como subversiva, no logró otorgar el poder económico buscado que estimulara fuertemente los mercados regionales. Por otra parte, la política educativa, con ciertas excepciones, siguió dejando fuera a los excluidos de toda la vida.
De tal manera, el atraso y la corrupción no son problemas de personas solamente, como se percibe a primera vista por sus efectos, sino de un sistema articulado que requiere transformaciones de fondo.
El primer paso es salir de la visión individualista, que sugiere que cambiando a las personas se acaba el problema, y analizar el sistema como tal y el modo como este reproduce la corrupción. Si por el contrario, comprendemos la exclusión social, la falta de oportunidades educativas y de organización, es posible promover soluciones que creen oportunidades educativas modernas y capacidad organizativa empresarial y cívica para incorporar activamente a los excluidos.
Esta es la base para una reforma institucional, que, descentralizando la gestión pública, establezca controles ágiles sobre resultados y permita responsabilizar a quienes no hacen bien su trabajo o meten la mano en la Hacienda pública.
Las soluciones sistémicas no son recetas mágicas; requieren romper los círculos viciosos y, al mismo tiempo, construir círculos virtuosos mediante soluciones que demuestren que es posible solventar los problemas con organización y controles.
Es un proceso inicialmente lento, pero acumulativo, y hay que empezar demostrando que es posible hacer las cosas de otra manera, para tener la autoridad y el respaldo de avanzar con velocidad.
¿Tendremos visión y voluntad para hacerlo o preferimos seguir sosteniendo el engaño de los «mesías salvadores» mientras el narcotráfico se afinca cada vez más en la región aproximándonos a una era de violencia?
El autor es sociólogo.
