Han transcurrido casi 12 años desde ese terrible episodio que dejó al descubierto la tragedia de los desaparecidos en México, donde, según el Informe Nacional de Personas Desaparecidas de 2026, en mayo de este año se contabilizaban hasta 134.257 personas desaparecidas solo en Ciudad de México.
Este organismo señala que los cinco estados que tienen un mayor número de personas desaparecidas son el estado de México, Tamaulipas, Michoacán y Nuevo León.
En el caso de los 43 estudiantes cuyo paradero se convirtió en misterio un 26 de setiembre, su suerte cambió en un trayecto en autobús con el propósito de acudir a unas protestas en la capital mexicana.
Los chicos y chicas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, eran alumnos con ideales y proyectos que se truncaron en una madrugada de violencia que apunta a la complicidad entre políticos locales y los carteles de la droga que controlaban el tráfico de heroína hacia Estados Unidos por medio del uso de esos autobuses.
Por mucho que a lo largo de los años se ha exigido que se haga justicia con familias enteras dedicadas a que no caigan en el olvido sus seres queridos, los 43 muchachos de Ayotzinapa han continuado atrapados en el hueco negro de la opacidad.
Sin embargo, en los últimos días se ha avanzado en la lenta investigación tras el arresto del entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por su presunta implicación en la desaparición del grupo y ocultamiento de evidencias. Así lo ha determinado un juez federal, al considerar que existen suficientes pruebas que incriminan al exgobernador, actualmente en prisión preventiva.
Aguirre gobernó en Guerrero desde 2011 hasta su renuncia, en octubre de 2014, un mes después de que los estudiantes normalistas desaparecieran sin dejar rastro.
La tragedia de estos jóvenes es una más de las muchas historias de desaparecidos que durante décadas han lastrado los sucesivos gobiernos, incapaces de solucionar un problema nacional, en el que entre los responsables se mezclan el crimen organizado y autoridades dispuestas a mancharse de sangre por la corrupción rampante.
Bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se avanzó poco en materia de derechos humanos, a pesar de que fue una de sus proclamas en campaña electoral. Durante su sexenio desaparecieron más de 50.000 personas, con un promedio de una persona desaparecida cada hora en el país.
Ahora, con Claudia Sheinbaum en el poder, se asegura que se hace todo lo posible por mejorar tan nefasto récord. Contrariada por un informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), en abril la presidenta negó que la crisis de desaparecidos en México represente un “crimen de lesa humanidad”. Dio por sentado que la situación no se ajusta a esa definición de Naciones Unidas y que el Estado no es partícipe de estos crímenes, sino que, en sus palabras, hace todo lo posible por erradicarlos y encontrar a los desaparecidos cuyas familias no desisten de encontrarlos.
Es un mensaje que no consuela ni llena el vacío de quienes lloran a familiares que habitan en el limbo de no saber si están vivos o muertos. Hoy hay un atisbo de luz en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero sus almas extraviadas vagan en un valle de lágrimas donde México es Comala.
Red X: ginamontaner
Gina Montaner es periodista y escritora. Desde hace más de cuatro décadas publica una columna semanal en el ‘Nuevo Herald’ y en diversos periódicos en América Latina. Su libro más reciente es ‘Deséenme un buen viaje. Memorias de una despedida’ (Planeta 2024).
