En las últimas semanas, ha habido una serie de especulaciones, algunas falsas y otras verdaderas, sobre los cambios en el Reglamento del Sistema de Pagos (Pago por SMS, mejor conocido como Sinpe móvil). Esto ha despertado preocupación en parte de la población, entre la que me encuentro. Lo anterior, pues considero que el medio de pago ha significado más eficiencia y muchos beneficios al permitir a las personas no tener que portar efectivo. Y en momentos de alta inseguridad ciudadana, esto se convierte en una gran ventaja.
Resulta que una de las razones para volver al monto original de ¢100.000 diarios –que, por cierto, siempre defendí porque me pareció muy razonable– es que los incrementos sobre dicha cifra, que han autorizado algunos bancos, se han prestado para fraudes porque ciertos usuarios del sistema de compra de chips para servicio telefónico prepago olvidan desvincular su usuario del número y facilitan así que se cometan robos.
Hasta ahora lo escucho. No conozco que autoridades bancarias o de policía adviertan con vehemencia a los usuarios de que deben ser precavidos ante esta forma de fraude. Y deberían hacerlo, máxime porque las personas que utilizan el prepago telefónico entiendo que son, en su mayoría, las de más escasos recursos y ¢100.000 les resulta una suma considerable, por lo que es muy triste que sean las víctimas de estos robos. Es vital brindar más información a la población.
Otra razón argumentada es que este sistema de pago es menos seguro por no estar “autentificado”, lo que me lleva a concluir que la solución es hacerlo más seguro con ayuda de la tecnología.
Temo que hay una razón de mayor peso detrás de la medida. No solo es la seguridad. La verdadera razón es aumentar la recaudación y bajar la evasión fiscal, pero deberían ser transparentes.
Me preocupa que se repita lo sucedido con la “ley contra la usura”, que, sin ser su intención, dio origen a los préstamos gota a gota. De ahí que la medida, en vez de mejorar la recaudación, traiga de vuelta la práctica de “¿con o sin factura?”, y aumente así la informalidad y un mayor uso del efectivo.
Si urge reducir la criminalidad, lo inteligente es facilitar la formalidad con incentivos y menos trámites para ampliar la base contributiva y la cobertura social ante el envejecimiento de la población.
nmarin@alvarezymarin.com
Nuria Marín Raventós es politóloga.
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