Entre 2021 y 2025, Costa Rica dejó de verse únicamente como un país golpeado por problemas económicos o fiscales y comenzó a enfrentarse a una realidad más dura: la muerte violenta y prematura de adolescentes y jóvenes.
Homicidios, suicidios y accidentes de tránsito se consolidaron como algunas de las principales causas de muerte entre personas de 10 a 19 años y de 20 a 30 años, lo que revela una crisis social profunda que no puede analizarse solo desde la seguridad pública.
Las estadísticas oficiales muestran una transformación alarmante. Durante años, los accidentes de tránsito fueron la principal causa de muerte externa entre adolescentes y adultos jóvenes. Sin embargo, los homicidios crecieron aceleradamente hasta convertirse en la principal amenaza para muchos jóvenes costarricenses.
La expansión del narcotráfico, las disputas territoriales entre bandas y el reclutamiento de personas menores de edad por estructuras criminales cambiaron el rostro de la violencia en el país.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha advertido de que los homicidios de adolescentes y jóvenes vienen aumentando sostenidamente. Solo entre 2020 y 2025, las muertes violentas en este sector de la población prácticamente se duplicaron. Detrás de esos números aparecen adolescentes convertidos en sicarios, víctimas de ajustes de cuentas o jóvenes atrapados en economías ilegales que ofrecen dinero rápido en territorios donde el Estado se ha ido retirando.
Reducir este fenómeno únicamente al crimen organizado sería simplificar demasiado el problema. La violencia juvenil también refleja el debilitamiento progresivo de los mecanismos de protección social que durante décadas diferenciaron a Costa Rica del resto de Centroamérica.
La pandemia agravó aún más esa fractura. El cierre prolongado de centros educativos profundizó desigualdades y aumentó problemas de salud mental, entre ellos ansiedad y depresión en adolescentes y adultos jóvenes. En paralelo, Costa Rica registró un incremento importante de intentos de suicidio en edades de 15 a 19 años, durante el periodo posterior al confinamiento.
Los accidentes de tránsito también siguen cobrando cientos de vidas jóvenes cada año. Aunque la discusión pública suele concentrarse en homicidios, las carreteras continúan siendo escenarios de muerte cotidiana, especialmente para motociclistas y hombres jóvenes. La combinación de imprudencia, infraestructura deficiente, débil fiscalización y normalización del riesgo mantiene a Costa Rica entre los países con graves problemas de seguridad vial.
Todo esto ocurre mientras la inversión social enfrenta limitaciones crecientes. Durante años, se consolidó un discurso centrado casi exclusivamente en la contención fiscal y la reducción del gasto público. Sin embargo, cuando disminuye la inversión en educación, salud, cultura, deporte y programas de prevención, el costo termina manifestándose en violencia, exclusión y muerte temprana.
Un adolescente sin acceso a educación de calidad, sin espacios seguros, sin apoyo psicológico y sin expectativas laborales queda más expuesto a un ambiente amenazante. Se incrementan los riesgos de consumo problemático de drogas, de conductas autodestructivas y de desempleo o empleos precarios. El narcotráfico comprende perfectamente esa fragilidad social y la utiliza para reclutar personas menores de edad y jóvenes como vendedores, vigilantes o sicarios.
Sin duda, el deterioro educativo destaca en esta crisis. Durante décadas, programas como Avancemos funcionaron como una barrera contra la exclusión escolar y el reclutamiento criminal. Sin embargo, entre 2023 y 2025, el Estado redujo casi 100.000 becas Avancemos, y se pasó de más de 387.000 beneficiarios a menos de 290.000 estudiantes atendidos. Detrás de esa cifra, hay miles de adolescentes en zonas vulnerables que perdieron apoyo económico para continuar estudiando.
En salud, uno de los ejemplos más preocupantes ha sido el debilitamiento del Programa de Atención Integral de Adolescentes de la Caja Costarricense de Seguro Social, históricamente orientado a salud mental, sexualidad, prevención de violencia y acompañamiento biopsicosocial para adolescentes, particularmente los más vulnerables. La reducción de recursos y cobertura ocurre precisamente cuando adolescentes y jóvenes están expuestos a mayores riesgos emocionales y sociales.
Nuestro país vive una crisis que combina violencia criminal, exclusión social y debilitamiento institucional. El narcotráfico no crece únicamente por capacidad armada; crece donde el Estado pierde presencia social. Cada colegio deteriorado, cada lista de espera en salud integral y cada beca eliminada crean espacios que terminan siendo ocupados por organizaciones criminales.
La situación exige respuestas urgentes y multidimensionales. La seguridad no puede depender solamente de más cárceles o más policías. El combate al narcotráfico requiere inteligencia policial y fortalecimiento judicial, pero también presencia integral del Estado en las comunidades más vulnerables.
Costa Rica afronta quizá uno de los desafíos generacionales más importantes de las últimas décadas. Cuando un país comienza a perder sistemáticamente a sus adolescentes y jóvenes por homicidios, suicidios y accidentes, no se trata solo de un problema de seguridad: es una señal de deterioro social profundo.
La violencia que impacta a adolescentes y jóvenes no nace de un día para otro. Se construye lentamente allí donde la protección social no tiene presencia, la educación pierde fuerza, la salud pública se debilita, desaparecen las oportunidades y el futuro deja de ofrecer esperanza.
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Alberto Morales Bejarano es pediatra, fundador de la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños y su director durante 30 años y miembro de la Academia Nacional de Medicina.