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Que la prensa costarricense perdió credibilidad por “tomar partido” es una idea repetida hasta el cansancio.
Pero es una explicación incompleta. Y, precisamente por eso, peligrosa.
Tras el reciente proceso electoral –que dio como resultado la elección de Laura Fernández Delgado como presidenta número 50 de la República y una mayoría del Partido Pueblo Soberano en la Asamblea Legislativa–, la pregunta no es solo para la clase política. Es para el periodismo.
¿Estuvo la prensa costarricense a la altura del rol que una democracia espera de ella?
La respuesta no es simple. Hubo convicción, compromiso y, en muchos casos, valentía. Pero cuando esas virtudes no están acompañadas de una clara conciencia del rol periodístico, pueden empujar al periodismo fuera de su función democrática.
El problema fue de actitud editorial y de una confusión clave: cubrir el debate político no es lo mismo que protagonizarlo.
No se trata de incomodar al poder ni de ejercer una mirada crítica. Eso es parte esencial del oficio.
La mala práctica aparece cuando, en ciertos casos, el periodismo cruza deliberadamente una frontera: deja de explicar la realidad para empezar a disputarla; sustituye el análisis por la postura y permite que la opinión invada espacios destinados a hechos, contexto y verificación.
En ese punto, la autocrítica deja de ser opcional y se convierte en una responsabilidad profesional.
La experiencia internacional ofrece lecciones útiles.
The New York Times, referencia indiscutible del periodismo de calidad, ha reconocido públicamente errores en su cobertura de la primera administración de Donald Trump. Dean Baquet, entonces editor ejecutivo, admitió que el diario subestimó la magnitud del fenómeno político que enfrentaba y no supo interpretar a tiempo sus implicaciones sociales y democráticas.
Más tarde, A. G. Sulzberger, editor general del periódico, fue aún más explícito: el trabajo del periodismo no es entrar en el debate político, sino cubrirlo con rigor, independencia y conciencia de sus efectos.
Joe Kahn, actual editor ejecutivo del Times, ha insistido en esa misma línea: el periodismo no está para ser oposición ni para actuar como actor político, sino para ofrecer información verificable que permita a la ciudadanía formarse su propio criterio.
Esa distinción es clave para entender lo ocurrido en Costa Rica.
Durante la administración de Rodrigo Chaves, el país vivió una relación particularmente conflictiva entre el Poder Ejecutivo y la prensa. Ese clima se profundizó a partir de los enfrentamientos impulsados desde el propio Ejecutivo, particularmente por el presidente Chaves y por quien se convirtió en su principal vocera política, Pilar Cisneros, quienes trasladaron conflictos personales y rencillas con propietarios de medios al plano institucional, convirtiéndolos en asuntos de Estado.
La confrontación no se limitó a cuestionamientos puntuales sobre coberturas o enfoques editoriales –algo legítimo en cualquier democracia–, sino que adoptó una lógica personalizada, punitiva y vengativa, utilizando la investidura pública y el discurso oficial para deslegitimar a la prensa como actor social.
Pero sería un error atribuir toda la responsabilidad a ese enfrentamiento.
Algunos medios, escritos y digitales, respondieron también desde la reacción y desde lo personal; desde una lógica de trinchera que terminó por colocarlos –consciente o inconscientemente– en un rol de oposición política, más que en el de mediadores informativos.
El resultado fue una cobertura que, en ciertos momentos, privilegió el gesto sobre el dato, la interpretación sobre la comprobación y la indignación sobre el contexto.
Esa confusión de roles no es menor. Porque cuando el periodismo protagoniza el debate político, deja de explicarlo. Y cuando deja de explicarlo, deja de cumplir su función democrática.
A ese escenario se suma otro fenómeno ineludible: el avance de creadores de contenido y de nuevos medios que buscan suplantar al periodismo profesional. Algunos lo hacen desde la desinformación abierta; otros, desde afinidades evidentes con el poder político, motivadas más por intereses económicos que por convicciones ideológicas.
En varios casos, han logrado ganar terreno, audiencia e influencia. Pero esa realidad no se enfrenta con desprecio ni con clausuras simbólicas. Se confronta desde el periodismo mismo: con calidad, con honestidad, con método y con una ética editorial reconocible.
Hay espacio para todos. Pero no todo es sostenible. Muchos de esos proyectos serán flor de un día o colapsarán cuando el negocio deje de ser rentable. El periodismo serio, en cambio, se sostiene en el tiempo porque responde a una necesidad democrática estructural.
Los resultados electorales envían un mensaje a muchos sectores del país. Y el periodismo no debería ignorarlo.
Para la prensa, ese mensaje no debería traducirse en autocensura ni en complacencia. Tampoco en una reacción defensiva que descalifique al electorado o lo reduzca a una masa manipulada. Hacerlo sería confirmar la distancia que hoy existe entre parte de la prensa y amplios sectores de la ciudadanía.
La democracia no necesita una prensa militante ni una prensa temerosa. Necesita una prensa que distinga con claridad entre información y opinión, que verifique antes de afirmar y que entienda su rol como mediadora entre el poder y la ciudadanía, no como actor político.
Conviene recordar que el poder del periodismo no está en disputar el poder político, sino en hacerlo inteligible, fiscalizable y responsable ante la ciudadanía.
Porque cuando el periodismo deja de preguntarse por qué no logra interpelar a una parte significativa del país y opta por refugiarse en la certeza moral o en la burla ilustrada, no pierde solo audiencia. Pierde relevancia democrática.
antonio@sicnetcr.com
Antonio Jiménez es periodista experto en contenidos multiplataforma. Produce y conduce el programa “Sepamos Ser Libres”, que se transmite en Teletica Radio.
