En los albores de un nuevo año, la humanidad se debate entre miserias sin visos de soluciones. En el tercer año de pandemia, 37 después de la primera conferencia sobre cambio climático y 33 de la caída del muro de Berlín con comienzo de la globalización, cada progreso llegó con desafíos desatendidos. De una crisis pasamos a la siguiente sin haber resuelto la anterior, en busca de respuestas políticas. Pero no llegan.
Estamos en un momento crucial, cuando cada paso en falso nos acerca al abismo. En medio de redundancia de ruidos disonantes, seguimos sordos. Un día más nos parece suficiente. No lo es. Necesitamos futuro previsible, que no tenemos. Entre tanta incertidumbre, la crisis política generalizada resume la angustia civilizatoria.
El trance que vivimos no es el dilema de una corriente política, sino una crisis de sistema. Tanto en países desarrollados como emergentes, amenazas populistas contaminan todos los entornos y los sistemas políticos se baten a la defensiva. Esa recesión democrática es la piedra angular resquebrajada de los cimientos de nuestra civilización.
Pero la crisis política de mayor consecuencia está en los Estados Unidos. Los especialistas tienen años de advertir ahí un declive civilizatorio. Trump fue un nefasto catalizador de las negatividades de ese sistema.
El impacto de Trump se refleja en la autoestima nacional. A cuatro meses de la toma de posesión, el Pew Research Center mostró que el 58% estimaba que su democracia funcionaba “bien” o “muy bien”. Era la narrativa usual del país. Trump apenas comenzaba sus destrozos.
Legado de Trump
Una encuesta actual de NPR/Ipsos revela una percepción drásticamente diferente: el 64% piensa que su sistema de gobierno está en crisis. Y el 70% siente que el país está a punto de resquebrajarse.
Es el impacto de los cuatro años de Trump. Los demócratas temen un silencioso golpe de Estado y un retorno de Trump propiciado por restricciones al sufragio y nuevas facultades de anular votos.
En el imaginario republicano, la crisis es producto de un “fraude” electoral en el 2020. Quedó instalado que cuando se pierde los resultados electorales no valen. Es el legado de Trump.
Más importante que las opiniones es el llamado de alarma que ha hecho Biden. En el aniversario del asalto al Capitolio, dijo que Trump tenía un “cuchillo en la garganta de la democracia”.
El sentido de urgencia lo repitió en Georgia, donde denunció que 19 estados con legislaturas republicanas promulgaron 34 leyes contra el derecho al voto. Y añadió: “La cuestión no es ya quién puede votar, sino hacer más difícil el voto. Es quién cuenta el voto y si ese voto cuenta. No es una hipérbole; es un hecho”.
Biden se refiere a la ofensiva legislativa de los republicanos en los estados en que tienen mayoría parlamentaria. Ese movimiento antidemocrático se centra en los llamados estados bisagra, donde las elecciones son ajustadas, como Florida, Georgia, Arizona, Texas, Pensilvania, Wisconsin, Michigan.
A leyes restrictivas se agregan cambios en los organismos electorales. Los miembros demócratas de las juntas electorales fueron reemplazados por republicanos, en purgas sistemáticas.
Estas juntas gestionan el procedimiento electoral y certifican resultados, revisiones y recuentos decisivos. Ahí, está lo que desde ahora se llama golpe de Estado silencioso.
En ese escenario, llegan en noviembre las elecciones de medio período, en las que Biden probablemente perderá su margen legislativo. Aun sin las nuevas restricciones y tretas republicanas, es usual que a mitad de mandato los presidentes sufran pérdidas.
En el 2010, Obama perdió 63 escaños y Trump 35 en el 2018. Esta vez, los republicanos con solo 5 escaños tendrían mayoría en la Cámara de Representantes y posibilidad de vetar toda la legislación de Biden. Si Biden fuera más popular, podría enfrentar esa amenaza. Pero no es así.
Ante esa ofensiva republicana, e incluso previéndola, con Trump todavía presidente, los demócratas prepararon legislación federal de contrapeso. Con la victoria de Biden, la Cámara de Representantes aprobó esa legislación y la pasó al Senado, donde los republicanos aplican un filibusterismo que exige mayoría del 60% para aprobar leyes a las que se opongan. Con ese mecanismo se niegan a discutir siquiera propuestas demócratas.
Para eliminar el filibusterismo se necesita mayoría simple, pero dos senadores demócratas se niegan a apoyar a Biden en ese intento. Ese es el trasfondo de su discurso en Georgia.
Fue advertido desde el inicio de su mandato del obstáculo que el filibusterismo pondría para cumplir promesas de campaña. Pero se había resistido a superarlo.
Biden no había asimilado los profundos daños que Trump había infligido al diálogo político. Finalmente, lo entendió. “Hoy lo voy a dejar claro: para proteger nuestra democracia, apoyo que se cambien las reglas del Senado, de la manera que sea necesaria para evitar que una minoría de senadores bloquee la aprobación de leyes que protejan el derecho al voto”.
Buen discurso, pero no basta. Es muy poco y muy tarde. Así opinan muchos. ¿Convencerá a los senadores de su propio partido de suprimir el filibusterismo, por lo menos para las leyes de defensa del voto? ¿Evitará eso la catástrofe que le aguarda en noviembre? Probablemente no. Pero, además, el filibusterismo le está impidiendo llevar a cabo otras partes esenciales de su mandato: reformar la ley migratoria, reforzar el sindicalismo y combatir la brutalidad policial.
Más grave aún, tiene hasta noviembre para rescatar los puntos esenciales de su propuesta de inversión en tecnología, infraestructura, ambiente y educación, que son el corazón del rescate de la cohesión nacional.
Volviendo a la crisis civilizatoria que vivimos, la presidencia de Joe Biden no parece estar en capacidad de ser punto de inflexión. Pero su fracaso abriría el camino a un retorno fatídico de Trump. En ese caso, que no es remoto, la porfiada recesión democrática conocerá una peor hora.
