La ley otorga a los expresidentes de la República el derecho automático a una pensión una vez finalizado el periodo presidencial, sin que para ello hayan tenido que cumplir con ninguno de los requisitos mínimos típicos de un régimen jubilatorio.
Se trata de una pensión de alrededor de ¢4 millones por mes, otorgada sin más condiciones que la de haber sido presidente. En la no exigibilidad de los requisitos normales se parece al Régimen No Contributivo de Pensiones. Pero hasta ahí llegan las similitudes: su monto es 49 veces mayor que el de las pensiones otorgadas bajo ese régimen.
Las pensiones que normalmente consideramos “de lujo” (y que muchos hemos trabajado para eliminar) se confieren habiéndose cumplido con las métricas mínimas en cuanto a edad, años trabajados y número de cuotas. Por ello, si estas son de lujo, las de los expresidentes son “de superlujo”.
Se trata de un privilegiado club, del cual no queda claro si el expresidente Rodrigo Chaves y la presidenta Laura Fernández se excluirán.
Contrario a sus constantes proclamas de valentía y firmeza, doña Laura ha zigzagueado, cual pluma guiada por el viento, alrededor del tema. Lo último, pocos días después de haberlo defendido, es el anuncio de que presentará un proyecto de ley para eliminar ese privilegio. Pero no ha precisado si ella y el expresidente Chaves lo rechazarían, aunque no se apruebe la ley.
Si no lo hacen, terminarían acurrucados y tapándose con la misma cobija que los otros expresidentes de Costa Rica con la notable excepción de Carlos Alvarado, quien, sin esperar a que una ley eliminara el abuso, renunció a dicha pensión.
La presidenta tiene una oportunidad de oro para construir posibilidades políticas a medidas presupuestarias y tributarias inevitablemente impopulares en vista de la difícil situación fiscal que le heredó don Rodrigo Chaves. La renuncia sin rodeos a la pensión de superlujo le otorgaría autoridad moral para promover esas medidas.
Pero ha preferido buscar excusas para evitar ser clara sobre si disfrutará de su futura pensión de superlujo, afirmando que para un expresidente es difícil encontrar trabajo. Eso es falso: veo a varios expresidentes con actividades muy bien remuneradas, y es evidente que, en algunos casos, ello obedece exclusivamente al hecho de haber sido presidentes.
Contrario a esa oportunista excusa, más bien la posición de expresidente abre enormes oportunidades (excepto, claro, a quienes carecen de una buena formación, una buena reputación o suficiente inteligencia).
Por otra parte, si los expresidentes hubiesen sido obligados a aspirar a la presidencia, sin duda la población estaría obligada a pagarles una pensión (¡aunque no de superlujo!). Pero esa aspiración es un acto totalmente voluntario.
¿Por qué triunfar en lo que libremente se buscó con avidez genera cargas para el pueblo? ¿A quién, con un revólver en la cabeza, se le ha obligado a aspirar a la presidencia? Es como que una persona ruegue a sus padres que lo escojan como heredero de la vaca y, una vez que la tiene, los obligue a que se la ordeñen, le lleven la leche a la casa y le hagan la natilla y el queso.
Cuando se atacan privilegios y excesos, lo primero que debe hacerse en cuanto se tenga una pizca de poder (como ministro, como diputado, como dirigente político influyente, como presidente) es renunciar a ellos. En mi caso, en todos los cargos públicos que desempeñé, devolví dinero al Estado o pagué con mis recursos por beneficios, cuando concluí que se trataba de prácticas carentes de ética, aunque todo se amparara en el marco legal. Ello, sin esperar a que una ley los prohibiera.
Siempre consideré que alegar que “la ley lo permite” para beneficiarse de privilegios es corrupción; igual que lo es esperarse a que una ley los elimine para dejar de disfrutarlos. El abuso será legal, pero no ético.
Es vergonzosamente contradictorio atacar los abusos carentes de ética practicados por una parte de la política tradicional, pero disfrutarlos alegando que normas existentes –las heredadas precisamente de esa política– lo permiten.
Sería un contrasentido, si se aspira a superar los problemas éticos de la política, limitarse a los mínimos exigidos si la norma establece obligaciones, o aprovecharse de los máximos permitidos si se trata de prohibiciones, cuando esos mínimos y esos máximos han sido establecidos por la política que se combate y se anhela cambiar.
El chavismo comenzó su gobierno hace cuatro años incrementando el salario base de sus ministros en casi un 100% y ha rehusado –sin rodeos– renunciar a la pensión abusiva e injustificada de los expresidentes. De ese modo, se ha solidarizado, no con “el pueblo”, como lo proclama constantemente, sino con sus amigos políticos y con los expresidentes cuya ética permanentemente cuestionan.
Sí, el diputado Edgardo Araya cometió un error con la frase escogida (doña Laura “se hace la tontita”) para señalar la gigantesca contradicción de la presidenta. Quizá, para que le entendieran en Zapote, el diputado Araya cometió el error de plagiar la iracunda retórica patentada por sus actuales inquilinos.
Pero sobre el tema de fondo, tiene toda la razón con su enojo. Ello, dirigiéndose a cualquier persona que haya sido presidente y disfrute de su pensión de superlujo, pero sobre todo cuando se trata de don Rodrigo Chaves y doña Laura Fernández, dado que ambos han construido buena parte de su popularidad atacando las pensiones de lujo.
Lo cierto es que el chavismo lleva varios años denunciando “70 años de la política tradicional” por su corrupción, pero cuando se trata de privilegios que tienen que ver con sus bolsillos –tales como los salarios de los ministros, las pensiones de superlujo de los expresidentes o la remuneración de su director ante el BCIE, solo para mencionar tres ejemplos–, los engordan, los callan, los defienden y siempre los disfrutan.
En relación con las pensiones de lujo, durante el gobierno de don Luis Guillermo Solís sí trabajamos con seriedad junto a otros diputados (sobresalió aquí la excompañera Sandra Piszk) y fuimos exitosos al lograr eliminar una serie de excesos en materia de pensiones, por medio, por ejemplo, de las leyes N.° 9381 y N.° 9383.
Además, se emitió una directriz por parte del ministro de Trabajo, don Víctor Morales Mora, para que se aplicara una ley que fijaba límites a esas pensiones.
El gobierno de Carlos Alvarado mantuvo el dedo en la llaga, no solo renunciando –sin enredos ni cuentos– a su pensión de expresidente, sino logrando la aprobación de la Ley N.° 9796. Con esta, se obligó a las pensiones más altas a hacer una contribución solidaria, lo que ha generado un ahorro multimillonario para el Estado.
El chavismo aún tiene tiempo de reflexionar y darle aunque sea un significado mínimo a la palabra coherencia. ¡Qué mejor forma de iniciar esa tarea que anunciando, sin ambigüedades (virtud que se autoatribuyen constantemente), su renuncia voluntaria a la pensión de superlujo de los expresidentes.
Por cierto, si el verdadero interés fuese el fondo del asunto, el ondeo de papeles ante la prensa, como si se hubiese descubierto el agua tibia, sería innecesario. Si al gobierno le disgusta la propuesta promovida en la actualidad por el Frente Amplio, simplemente podría haber copiado el proyecto de ley que presenté cuando fui diputado en el periodo 2014-2018 (expediente N.o 20484), para eliminar ese abuso (y transparentar la remuneración de los presidentes).
Señor expresidente, señora presidenta: construyan gobernabilidad no instigando con una retórica irritada, sino con hechos ejemplarizantes. Normalmente, ello conlleva sacrificios personales, pero es lo que genera más confianza en la ciudadanía informada.
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Ottón Solís es economista. Ha sido diputado, ministro y candidato presidencial.