Costa Rica inició un nuevo ciclo político con un mandato de continuidad desde las urnas y con una ciudadanía atravesada por miedos reales: el crecimiento de la violencia, del narcotráfico y de la sensación de desprotección.
Ese miedo no es inventado ni menor. Sería irresponsable minimizarlo. Pero precisamente por eso conviene mirar con serenidad lo que se ha sugerido en nombre de la seguridad. No es solo la promesa de “mano dura”. Algo inquietante viene en el fondo: empieza a perfilarse una forma de entender el poder público en la que los controles democráticos, las garantías y los contrapesos aparecen cada vez menos como resguardos de la libertad y cada vez más como obstáculos para gobernar.
Ese rasgo no surge de una sospecha abstracta, sino de señales concretas. Laura Fernández llegó a la presidencia a partir de una plataforma que prometió continuidad política, reformas constitucionales y judiciales, endurecimiento penal y la posibilidad de activar medidas excepcionales para enfrentar el crimen.
A ello se suma su admiración por Nayib Bukele y la promesa de avanzar hacia una cárcel de alta seguridad inspirada en el Cecot salvadoreño. Nada de esto, por sí solo, implica etiquetas simplistas para el nuevo gobierno. Pero sí permite afirmar que el oficialismo no se limita a ofrecer eficacia contra el delito: también impulsa una concepción del orden político más dispuesta a expandir la excepción.
La continuidad adquirió un significado institucional todavía más claro con el inusual nombramiento del presidente saliente, Rodrigo Chaves, como ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda. Esto no es algo anecdótico. La presencia del exmandatario en dos carteras estratégicas mantiene en el centro del poder a la figura que articuló el proyecto político anterior y que sigue teniendo una enorme influencia sobre el rumbo del gobierno.
En democracia, la continuidad no es ilegítima por sí misma; los electorados también votan para continuar proyectos. Pero cuando esa continuidad se combina con reformas sobre el Poder Judicial, tensiones con la fiscalización legislativa y una retórica que suele presentar los controles como trabas, el asunto merece especial vigilancia.
El propio programa de gobierno confirma esa orientación. En él se propone tramitar ante la Asamblea, en casos “estrictamente necesarios”, la restricción, levantamiento o suspensión de garantías individuales para capturar sicarios o narcotraficantes en zonas de alta criminalidad.
También se plantea un régimen de rendición de cuentas y sanciones para magistrados, jueces y fiscales, así como modificar la forma de elección de magistrados y abrir la posibilidad de remoción cuando su desempeño no respalde su continuidad.
Presentadas en lenguaje técnico o gerencial, estas medidas pueden sonar razonables para una ciudadanía cansada de la impunidad. Pero, vistas con más detenimiento, revelan una lógica de gobierno en la que la ampliación de la capacidad coercitiva del Estado avanza junto con una presión creciente sobre los órganos llamados precisamente a limitarla.
Un ejemplo claro es la propuesta de la diputada oficialista Yara Jiménez de limitar el control político legislativo y restringir las comisiones investigadoras. Laura Fernández no se apartó de esa posición; por el contrario, llegó a descalificar esos espacios como una “sacadera de clavos”.
Es difícil exagerar la gravedad institucional de ese planteamiento. En una democracia constitucional, el control político no es un lujo, ni una pérdida de tiempo, ni una manía de la oposición: es una forma básica de vigilancia del poder.
Cuando desde el oficialismo se empieza a hablar de la fiscalización como una molestia que entorpece, lo que se anuncia no es eficiencia, sino una peligrosa impaciencia frente a los límites del poder.
Más delicada aún es la posición del diputado oficialista Nogui Acosta sobre los allanamientos sin orden judicial. Acosta defendió que, bajo una eventual suspensión de garantías, se elimine la autorización judicial previa para ingresar a viviendas. Incluso relativizó el daño de un allanamiento injustificado preguntando cuál sería el perjuicio si se entra a una casa y no se encuentra droga.
Esa pregunta condensa un modo de pensar particularmente problemático. Porque el daño no aparece solo cuando se encuentra o no se encuentra droga. El daño está en la irrupción del poder sin control suficiente en la casa, en la intimidad y en la dignidad de las personas. Por eso, el control judicial previo no es una formalidad caprichosa: es una barrera contra la arbitrariedad y los abusos de poder.
Tomadas en conjunto, estas posiciones dejan ver algo más que un programa severo contra el crimen. Lo que aparece es una sensibilidad política que tiende a mirar con sospecha tres cosas esenciales de toda democracia: la fiscalización parlamentaria, la mediación judicial y las garantías individuales. Las tres cumplen una función muy concreta: impedir que la urgencia del momento se convierta en un permiso permanente para concentrar poder (a propósito de la admiración a Bukele). Cuando esas mediaciones empiezan a ser presentadas como trabas, burocracia o estorbo, el terreno se desliza hacia una idea de gobierno en la que decidir rápido vale más que justificar bien.
En Costa Rica, la tradición republicana no descansa solo en elecciones periódicas, sino en una larga estabilidad democrática, en la fortaleza relativa del Estado de derecho y en una identidad política construida alrededor de la civilidad institucional.
Organismos internacionales siguen ubicando al país entre las democracias más sólidas de la región, con elecciones creíbles, libertades robustas y un desempeño democrático alto. Precisamente por eso, el debate actual merece tanta atención: porque lo que está en juego no es solo una política de seguridad, sino el tipo de país que Costa Rica quiere seguir siendo cuando enfrenta el miedo.
El error sería pensar que toda advertencia en este campo es alarmismo. No lo es. También sería un error negar la gravedad del crimen organizado o responder con ingenuidad a una ciudadanía que exige seguridad.
Costa Rica necesita un Estado eficaz, profesional y firme frente al narcotráfico. Pero entre la ingenuidad y la erosión democrática, hay un espacio amplio para la firmeza institucional. Ese espacio exige inteligencia policial, persecución patrimonial, controles portuarios, fiscalías fuertes y cooperación internacional, no la trivialización de las garantías constitucionales ni el debilitamiento de la supervisión judicial o parlamentaria.
Costa Rica necesita autoridades que enfrenten al crimen, sí, pero sin convertir la excepción en método ordinario de gobierno. Necesita seguridad, pero no una seguridad entendida como obediencia silenciosa. Porque una democracia no empieza a perderse solamente cuando se cierran las instituciones. A veces empieza a deteriorarse antes: cuando, desde el poder, se instala la idea de que estorban.
La moderación, en este contexto, no es debilidad. Es madurez republicana. El nuevo gobierno todavía puede demostrar que su política de seguridad será firme sin ser autoritaria, eficaz sin ser arbitraria y enérgica sin despreciar los contrapesos. También puede escoger la ruta contraria: insistir en una retórica que vuelve sospechosos a los controles y prescindibles a las garantías.
La diferencia entre una ruta y la otra no es menor. En un caso, Costa Rica se defiende del crimen sin renunciar a sí misma. En el otro, corre el riesgo de combatir una amenaza real debilitando justamente aquello que más la ha distinguido en la región: su vocación civil, su prudencia institucional y su respeto por la libertad.
JOSEDANIEL.RODRIGUEZ@ucr.ac.cr
José Daniel Rodríguez Arrieta es politólogo, M. Sc. en Estudios Avanzados en Derechos Humanos y profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR).