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En el siglo XVIII, el emperador ruso Pedro el Grande mandaba torturar, exiliar a Siberia y ejecutar a sus detractores, a veces solo porque le dirigieron “palabras indecorosas”. A mediados de la década de 1930, Joseph Stalin utilizó acusaciones falsas de traición y confesiones forzadas para purgar a posibles rivales, entre ellos muchos antiguos bolcheviques destacados que fueron sometidos a juicios públicos. La actual lucha del presidente ruso, Vladimir Putin, contra sus enemigos percibidos –tanto dentro como fuera de Rusia– tiene ecos inquietantes de estos sombríos episodios.
Consideremos la acusación –y condena a 8,5 años de prisión– de Ilya Yashin, crítico del Kremlin, en octubre de 2022, por difundir información “falsa” sobre el ejército ruso. Los cargos contra Yashin iban acompañados de la acusación de que sentía “aversión por el sistema político (ruso)”. En aquel momento, los tintes estalinianos eran chocantes. Tres años más tarde, son habituales.
El número de casos relacionados con el terrorismo abiertos en Rusia se ha disparado desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte del país, y las condenas también han aumentado, pasando de unas 350 el año anterior a casi 500 en 2022 y más de 1.000 en 2024. Este año, los tribunales rusos han dictado al menos cinco sentencias de este tipo al día, con más de 600 condenas solo en los seis primeros meses. A finales de año, el total podría superar las 1.500.
De hecho, el Parlamento ruso acaba de facilitar aún más la presentación de cargos penales contra los críticos de Putin al exigir que las organizaciones sin ánimo de lucro que reciban “cualquier tipo de ayuda” del extranjero se registren como “agentes extranjeros” y se enfrenten a una mayor supervisión gubernamental. La etiqueta de “agente extranjero” siempre fue una herramienta para castigar a los opositores al Kremlin, pero ahora es casi el equivalente de la designación de la era soviética “enemigo del pueblo”: un precursor de una purga.
Eso quedó claro a principios de octubre, cuando casi dos docenas de supuestos agentes extranjeros –es decir, figuras de la oposición exiliadas que son miembros del Comité Ruso Antiguerra, que se formó tras la invasión de 2022– fueron acusados de delitos relacionados con el terrorismo. Entre los acusados figura el exjefe de Yukos, Mijaíl Jodorkovski, que se trasladó a Londres después de que su financiación de los opositores a Putin le valiera una condena de una década en prisión por cargos falsos de fraude y malversación de fondos.
Pero, al igual que en la época de Stalin, el régimen actual persigue no solo a los críticos más abiertos, sino a cualquiera que el Kremlin considere que puede desafiar su autoridad. Ejecutivos regionales, políticos influyentes y líderes militares que antes gozaban de su confianza son detenidos y acusados de delitos penales, a menudo relacionados con la corrupción. Últimamente, muchos más leales al Kremlin han sido calificados de agentes extranjeros, y solo cabe especular por qué.
¿Es posible que el propagandista pro-Putin Sergei Markov se haya hecho demasiado amigo de Azerbaiyán en un momento en que las relaciones de este país con Rusia se están deteriorando? ¿Fue demasiado lejos el bloguero militar y animador del Kremlin Roman Alekhin lamentar el lento progreso de Rusia en Ucrania? ¿Fue Alexei Shevtsov, ex alcalde de Plyos, demasiado ambicioso en sus aventuras empresariales?
Al igual que la Yukos de Jodorkovski, los activos de Shevtsov –incluido su próspero negocio de "izbing" (un campamento en cabañas tradicionales)– han sido confiscados por el gobierno. Desde los bolcheviques hasta Putin, los objetivos de estas confiscaciones son los mismos. En primer lugar, enriquecen al Estado: desde 2022, Rusia ha adquirido activos por valor de 3,9 billones de rublos ($49.000 millones) de propietarios de empresas privadas acusados de delitos que van desde la malversación de fondos hasta la traición. En segundo lugar, limitan la capacidad de los rivales potenciales para organizar una oposición eficaz.
A medida que el régimen de Putin reparte duros castigos, utilizando las leyes a su antojo, las élites rusas se muestran cada vez más inquietas. Pero no hace falta ser ruso para acabar en el punto de mira de Putin. Al igual que Stalin consideraba a prácticamente todo el mundo fuera de la Unión Soviética como un impedimento potencial para su cultivo del “socialismo en un solo país”, Putin está convencido de que Rusia es una “civilización distinta” que está siendo atacada por un Occidente empeñado en destruirla.
La retórica antioccidental del Kremlin se ha vuelto cada vez más desquiciada durante la guerra de Ucrania. Pero alcanzó nuevas cotas en octubre, cuando el Servicio Ruso de Inteligencia Exterior (SVR) acusó al Reino Unido de preparar una “vil provocación”: una operación de falsa bandera que implicaba a un grupo de rusos alineados con Ucrania, equipados con “material de fabricación china”, que iban a atacar un barco de la Armada ucraniana o un buque civil extranjero en un puerto europeo.
Tales invenciones reflejan tanto el resentimiento cultural como la inseguridad geopolítica. Si los rusos son los villanos en las películas de espías británicas, los británicos son los villanos en la propaganda de la inteligencia rusa.
Las razones de la creciente fijación del Kremlin con los supuestos enemigos de Rusia no son difíciles de discernir. La desilusión con la guerra de Ucrania es cada vez mayor, incluso entre aquellos que una vez se creyeron la propaganda nacionalista de Putin.
Con una inflación superior al 8%, muchos rusos tienen dificultades para cubrir necesidades básicas como la alimentación, el combustible, los servicios públicos y los medicamentos. El crecimiento económico se está ralentizando y el déficit presupuestario aumentó hasta los 4,88 billones de rublos en el primer semestre de este año, muy por encima del déficit de 3,8 billones de rublos previsto para todo 2025. ¿Y para qué? En casi cuatro años, Rusia ha conseguido ocupar menos del 12% del territorio de Ucrania.
A los rusos se les prometió una victoria rápida en Ucrania; en su lugar, han obtenido un conflicto prolongado y costoso que recuerda al cenagal afgano que contribuyó al colapso de la Unión Soviética. Nada de esto se le escapa a Putin, que ahora trata de prevenir cualquier amenaza a su posición mediante el castigo y el miedo. Mientras tanto, la guerra se prolonga y el número de muertos aumenta.
Nina L. Khrushcheva es profesora de Asuntos Internacionales en The New School, y coautora (con Jeffrey Tayler) de ‘In Putin’s Footsteps: Searching for the Soul of an Empire Across Russia’s Eleven Time Zones’ (St. Martin’s Press, 2019). Copyright: Project Syndicate, 2025.
