La experiencia humana es eminentemente subjetiva y demuestra que un ciudadano puede, en realidad, emitir su voto en contra de una “élite” sin que nadie lo haya nombrado para ejercer tal rechazo y otorgar un permiso a quienes buscan tomar el poder.
Cuando la frustración popular o individual copa el nivel de paciencia y tolerancia ante fenómenos complejos, como el costo de la vida o la inseguridad, quien sea que les diga lo que quieren escuchar, de la manera en que quieren oírlo, tiene una alta probabilidad de lograr los votos necesarios para llegar a ser líder del Poder Ejecutivo.
Simbióticamente, si las formas son groseras, descorteses y malcriadas, un altísimo número de electores se identificará con ese grupo porque cree, con sinceridad, que son como ellos. Pero esto no podría estar más alejado de la realidad: en su fuero privado, los supuestos populistas son refinados, educados y clasistas. Muchos de ellos provienen de otros partidos políticos y se han reconvertido al ritmo de la actualidad. Es solo un juego veneciano de máscaras con sesgos tropicales.
Existe un truco político que no es novedoso: cuando la reelección presidencial no puede ser continua, un afín toma su lugar temporalmente hasta su retorno. El sustituto se convierte en el nuevo presidente, pero el viejo jefe conserva todos los contactos, el aparato político y la paciencia. Uno gobierna y el otro espera al acecho la oportunidad.
Si el primero falla, el segundo se presentará como la solución. Si tiene éxito, el maestro de muñecos reclamará una parte de la gloria. En ambos casos, la transición ya no es el objetivo, sino el instrumento.
El “interino” nunca irá demasiado lejos del sendero delimitado por su patrono secreto: los hilos del titiritero son finos, pero no invisibles. La lección aquí no es que cada sucesión sea la señal de una conspiración. Es incluso más aterradora: una elección completamente legal puede convertirse en el elemento de la estrategia de un retorno.
Chile ofrece el ejemplo opuesto: una transición que, a pesar de sus deficiencias, se hizo posible y permitió la alternancia. En 1988, Augusto Pinochet organizó un referéndum sobre su permanencia en el poder. La opción del “no” recibió alrededor del 55% de los votos. La derrota lo obligó a organizar elecciones presidenciales y parlamentarias.
En diciembre de 1989, Patricio Aylwin ganó con el 55,2%, y el 11 de marzo de 1990 asumió la presidencia, dando inicio así al proceso de transición democrática que perdura hasta hoy.
La diferencia crucial con la lógica del maestro de muñecos es evidente aquí. Mientras una transición manipulada intenta preservar el mismo poder bajo una nueva cara, una transición democrática tiene que hacer exactamente lo contrario: crear las circunstancias para que incluso aquellos que controlan la escena política sean derrocados.
Esto nos lleva de vuelta a la era actual y a una confusión cada vez mayor: interpretar el voto de venganza como la autorización general para que un gobierno haga lo que le plazca no es una situación equivalente.
Cuando un ciudadano vota contra los partidos tradicionales, puede simplemente decir que han perdido su confianza. Puede castigar décadas de lo que percibe como privilegio, corrupción, incompetencia o arrogancia. Puede querer destruir el orden político existente sin haber decidido aún qué debería reemplazarlo, y esta sutileza es muy importante. Porque votar contra alguien no es lo mismo que apoyar todo lo que hace su oponente.
Un voto de revancha es un voto negativo en esencia. Tiene un potencial tremendo para demoler el orden establecido, pero no necesariamente incluye el programa positivo de reemplazo de las estructuras. Y precisamente por eso puede ser explotado por quien sepa cómo transformar el resentimiento en obediencia.
Este mecanismo sigue una secuencia habitual, plagada de falacias, pero diseñada por su sencillez para ser digerida con facilidad.
Primero, se proporciona un mensaje simple: el sistema ha fracasado. Luego, sigue una conclusión peligrosa: por lo tanto, necesitamos menos controles. El tercer paso incluye la afirmación: los que cuestionan el nuevo poder son los mismos que apoyaron el orden anterior. Finalmente, llega el cuarto movimiento: dado que el pueblo votó por el cambio, el nuevo gobernante tiene el derecho de hacer todo lo necesario para llevar a cabo la transformación.
Es aquí donde ocurre el salto conceptual, porque el mandato electoral se convierte en una especie de licencia para hacer lo que sea necesario. Pero la democracia no funciona de esa manera. El ganador tiene el derecho de gobernar, no el derecho de decidir cuándo los ciudadanos pueden reemplazarlo. Aquí nacen los trucos para perpetuarse en el poder; esta es la frontera crucial.
El desgaste del presidente transitorio puede incluso convertirse en el instrumento de la estrategia de retorno. Cuanta mayor decepción cause el sustituto, más atractivo se podría volver el viejo jefe. Y cuanto menor sea la confianza en las instituciones, más fácil será hacer que la gente crea que solo una personalidad fuerte puede “traer el orden”.
La paradoja es ruda: el fracaso de la transición puede convertirse en la prueba de que la democracia no funciona, mientras que lo que fracasó pudo haber sido la transición, porque no tuvo ninguna autonomía ni existencia real en absoluto. Eso atrapa al ciudadano entre dos nostalgias: la añoranza por el orden anterior y el anhelo por la promesa de cambio que nunca se cumplió.
Creo que alguna vez lo dije, pero lo repito: algo tiene el poder de adictivo que hace que quienes lo tuvieron lo quieran volver a tener y, peor aún, que quienes lo poseen solo finjan perderlo.
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Jaime Robleto es doctor en Derecho y máster en Derecho Penal.