EscucharEl convenio suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) está en vilo. Hay un enorme riesgo de incumplir las condiciones ofrecidas y pactadas por el gobierno, lo cual podría conducir a la suspensión definitiva del acuerdo del año anterior.
Los inversionistas potenciales, los acreedores de la deuda externa, las agencias calificadoras, los organismos financieros y la comunidad internacional tienen los ojos puestos en el país. Una ruptura definitiva con el FMI, así sea para comenzar negociaciones y suscribir uno nuevo, tendría consecuencias insospechadas. Hacer borrón y cuenta nueva es sumamente riesgoso.
Los más viejos recordamos con horror las consecuencias de una situación semejante cuando, en 1982, el gobierno de entonces decidió seguir, por su cuenta, un supuesto ajuste sin el apoyo de ese organismo. De un solo golpe, el tipo de cambio se disparó en el mercado paralelo, entonces existente, de ¢17 a ¢86, de la noche a la mañana; el país se quedó sin reservas, las divisas fueron racionadas al mínimo, se incumplieron los pagos externos y fuimos declarados insolventes, al punto de no poder importar ni siquiera las materias primas básicas, medicamentos, combustibles y los bienes de consumo sin pago adelantado.
Son tristemente memorables las filas en los estancos del Consejo Nacional de Producción para tratar de comprar los alimentos básicos. La inversión externa se alejó, la pobreza se disparó y el desempleo subió. Las tasas de interés se fueron a las nubes y la inflación acumulada llegó casi al 100% en algunos meses.
La memoria popular debería evitar volver a cometer aquellos errores. La lección debería estar aprendida y evitar a toda costa lanzar gritos de guerra que nos coloquen al borde de una crisis similar.
Dejarlo amarrado
En estos momentos, romper con el FMI sería la peor opción, pues, aparte de carecer del respaldo de este organismo como garante de la seriedad y credibilidad del país hacia un ajuste durable, se nos cerrarían todas las válvulas posibles de financiamiento y obligaría a un ajuste violento.
El acuerdo está temporalmente suspendido por incumplimiento de algunas de las condiciones prometidas, dentro de ellas, el saldo de las reservas internacionales, por usarlas para sostener artificialmente el tipo de cambio.
Pero el principal incumplimiento ha estado en la no aprobación del proyecto de ley de empleo público. Cuando el anterior ministro de Hacienda lo remitió a la Asamblea Legislativa, calculó un ahorro al erario, a mediano plazo, de casi ¢380.000 millones.
En los ires y venires legislativos, la complacencia con sectores influyentes de la administración y las exclusiones de grupos de privilegio, han disminuido sensiblemente esas estimaciones. No obstante, a estas alturas, muy probablemente, se han compensado con la mejora en el rendimiento de la reforma tributaria del 2018.
Aun con imperfecciones, la aprobación del proyecto es indispensable para detener el crecimiento de los salarios públicos y normar las relaciones laborales en todas las instituciones estatales. Por eso, la Asamblea Legislativa actual debe aprobarlo de inmediato y el gobierno, ejecutarlo.
Sin este requisito, el acuerdo con el FMI termina. Claramente, a posteriori, existe margen de renegociación del acuerdo, incluida la sustitución de impuestos por medidas de ahorro fiscal, sin empeorar el desbalance.
Gastos e impuestos
En el futuro, toda ley es susceptible de cambios o mejoras, eso sí, con la participación del Congreso. No hay otra forma. En este proceso, lo fundamental es no perder de vista el objetivo del proyecto, más allá de si es un requisito para cumplir un acuerdo o no.
El desorden en la estructura del empleo en la Administración Pública es la principal causa de la disparidad, arbitrariedad e injusticia en los salarios y el principal promotor del exagerado crecimiento del gasto público.
Ciertamente, debería pensarse en ajustes mayores, pero ordenados, con más esfuerzo de las autoridades para reducir el desequilibrio actual a un plazo más corto y, sobre todo, en reducir la carga impositiva, una de las principales trabas para alcanzar una verdadera reactivación económica.
Esto se puede lograr con una disminución paulatina, pero sustancial, del gasto público, mediante una reestructuración a fondo del aparato estatal, aumentar su productividad y ahorrar en gastos exagerados y superfluos. Eliminar la duplicidad institucional y evaluar exhaustivamente el costo-beneficio de todas las entidades estatales es una urgente necesidad.
Siendo realistas, el proceso tomará más de una o dos administraciones; sin embargo, la próxima es clave para empezar el camino hacia una política de Estado de sostenibilidad fiscal continuada.
Andar con cautela
Toda promesa a los funcionarios debe respetar esos principios. La única posibilidad es definir claramente los aspectos del proyecto actual que deben ser modificados y preparar una propuesta para la aprobación de la próxima Asamblea Legislativa. De ahí en adelante, deberá convencerse con argumentos para lograr apoyo suficiente de los diputados entrantes, lo cual implica difíciles negociaciones con todos los partidos.
Los candidatos presidenciales deben ser cautelosos al tratar este asunto. Anuncios no bien meditados ante los ojos vigilantes del FMI y toda la comunidad económica internacional pueden tener consecuencias insospechadas, despertar suspicacias y crear dudas sobre el manejo eventual de la política económica en un nuevo gobierno. Un manejo poco cuidadoso podría causar daños graves al sistema financiero y acelerar la crisis económica.
Un simple anuncio imprudente introduce grados, aún no ponderables, de incertidumbre, con efectos sobre las tasas de interés, la inversión externa directa y, principalmente, en las posibilidades de financiamiento de la deuda.
Puede echar a perder también las expectativas de devaluación y exacerbar la demanda de divisas, lo que presionaría las maltrechas reservas internacionales, ya suficientemente comprometidas debido a la decisión del Banco Central de usarlas como financiamiento puente para el gobierno. De hecho, si esto último se concreta, habría sombras de duda con respecto a la capacidad del gobierno para restituir esas divisas.
Los candidatos presidenciales deben obrar con mucha cautela y evitar promesas irrealizables en materia económica. Debe darse plena seguridad a los mercados sobre el respeto a la institucionalidad y el cumplimiento cabal de los mandatos constitucionales.
El autor es economista.
